Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

¿Hasta cuándo el Estado permitirá

la violencia contra las comunidades

indígenas de Guerrero?

El 21 de abril de 1999, Victoriana Vázquez Sánchez y Francisca Santos Pablo, indígenas mixtecas de la comunidad de Barrio Nuevo San José, municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero, salieron de sus casas en busca de Evaristo Albino Téllez y del menor Antonio Mendoza Olivero quienes el día anterior habían ido a trabajar a su milpa.

Al llegar a dicho lugar fueron interceptadas por miembros del Ejército mexicano y con base en amenazas y violencia física, fueron violadas. Posteriormente se supo que Evaristo Albino y Antonio Mendoza habían sido ejecutados por el mismo grupo de soldados que agredió sexualmente a las mujeres; no sólo eso, Pedro Ramírez Santos, habitante de una comunidad mixteca cercana, también fue ultimado por los soldados.

A tres años de estos sucesos, que en su momento fueron denunciados ante la Procuraduría General de la República (PGR) y motivo de una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la impunidad ha sido la característica principal en la investigación y esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables.

Como suele suceder en delitos cometidos por miembros del Ejército, las investigaciones finalmente fueron enviadas a la Procuraduría de Justicia Militar, quien a escasos días de haberle sido turnada la indagatoria por dichos delitos, decidió que no había elementos para determinar la responsabilidad de miembros del Ejército Mexicano y archivó la investigación.

Por su parte, la CNDH hasta la fecha no ha emitido recomendación en el presente asunto a pesar de que en mayo de 1999 dos visitadores adjuntos de dicha institución, junto con organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, se trasladaron a la comunidad en cuestión y además de entrevistarse con las víctimas y habitantes de las comunidades mixtecas de la región, pudieron constatar el grado de vulnerabilidad, pobreza y nulo acceso a la justicia que padecen dichos pueblos indígenas. No obstante, el silencio de la CNDH a lo largo de estos tres años ha contribuido a que el olvido y la injusticia sean los factores principales de este caso.

Ha sido justamente este olvido producto de la impunidad, el que con toda seguridad ha fomentado el que hechos como el sucedido el 21 de abril de 1999 se repitan cotidianamente en distintas comunidades indígenas del país, sin que hasta la fecha haya política institucional estatal o federal alguna que ponga freno a estos actos propios de regímenes cuyo respeto a la vida y dignidad son inexistentes.

Para muestra un botón. Sólo en lo que va del presente año y en el estado de Guerrero, se han denunciado dos casos similares de agresiones a mujeres pertenecientes a comunidades indígenas, producto del nulo control que el Estado mexicano tiene para con los cuerpos castrenses que continuamente acceden a las comunidades indígenas del estado.

El 16 de febrero del 2002, Valentina Rosendo Cantú, de 17 años, indígena tlapaneca de la comunidad Barranca de Bejuco, municipio de Acatepec, fue violada por dos miembros del 41 batallón del Ejército mexicano, después de que dijo no conocer los nombres de las personas señaladas en una lista de presuntos guerrilleros que llevaban consigo los militares. Un soldado la golpeó en el vientre con la culata de su arma, otro soldado la levantó del pelo y la amenazó con ir a matar a todos las personas cuyos nombres aparecían en la lista. Fue golpeada nuevamente y violada por los dos soldados.

El 22 de marzo del presente año, 11 soldados del 41 batallón de infantería llegaron a la casa de Inés Fernández Ortega en la comunidad de Barranca Tecuani, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero. Le preguntaron por la procedencia de la carne que estaba colgada para secarse a las afueras de su domicilio y después la encañonaron tres militares quienes la violaron, mientras el resto robaba la carne que estaba colgada.

Este tipo de hechos, que ya por sí mismo son un agravio deleznable para el ser humano y sobre todo para la dignidad de la mujer, también tocan otros temas de suma importancia que han quedado rezagados de las políticas estatales de protección y promoción a los derechos humanos. Muchos de los mismos han sido externados por el relator sobre la Independencia de Jueces y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su reciente informe emitido con motivo de su visita a nuestro país en mayo del año pasado y son los referentes a:

1. Articular programas para mejorar el acceso de la justicia para las mujeres, incluyendo el establecimiento de fiscalías especiales para atender delitos de violencia hacia la mujer y la sensibilización y capacitación de cuerpos policiacos y fiscales que atiendan delitos de violencia sexual.

2. Establecer mecanismos y criterios claros que permitan  el acceso a la justicia para las comunidades indígenas.

3. Investigar por cuenta de las autoridades civiles los delitos cometidos por militares, incluyendo, de ser necesario, la modificación de la legislación actual para clarificar las competencias por cuanto hace a la intervención de los órganos de justicia castrense. Esta medida debe contemplar la posibilidad de retirar a los militares de sus funciones de seguridad pública.

La investigación, juzgamiento, sanción y reparación del daño a las víctimas de estos abusos cometidos por miembros de las fuerzas armadas, son requisitos indispensables para el establecimiento de un Estado democrático.

Sin embargo, estas medidas deben de ser complementadas con otras de carácter general, tendientes a evitar que en lo futuro, sucesos como los narrados vuelvan a suscitarse. Para esto, la aplicación de las recomendaciones emitidas recientemente por el relator de Jueces de la ONU, así como las que ya con anterioridad otros relatores y organismos intergubernamentales de derechos humanos han señalado, pueden ser una base de la cual partir para ir estableciendo las medidas necesarias para tal fin.

Aunado a lo anterior, la participación de la CNDH como organismo garante y protector de los derechos fundamentales de los mexicanos, ha dejado mucho que desear. Se requiere una participación más activa y contundente de dicho organismos gubernamental de los derechos humanos, comenzando con la emisión de su recomendación por los sucesos cometidos en la comunidad de Barrio Nuevo San José y una expedita y eficaz investigación, en los otros casos de violaciones a los derechos humanos cometidos contra miembros de comunidades indígenas.