María Luisa Garfías Marín

Procuración de justicia

 Una de las principales funciones del Estado mexicano es la de proporcionar a los habitantes el servicio de seguridad, el cual significa la protección de sus bienes materiales y la vida. Lo anterior, lleva a la constitución de órganos encargados de la procuración y administración de la justicia. El primero bajo la responsabilidad de la Procuraduría General de Justicia y el segundo, por el Poder Judicial.

En lo que se refiere a la procuración de justicia, esta tiene como función acercar la justicia a las personas, facilitar que ellas alcancen la justicia, para ello se encarga de perseguir los delitos, y el Poder Judicial con los jueces y magistrados (incluyendo a los ministros) impondrán las penas merecedoras, basadas claro está en el derecho.

Bueno, lo anterior está establecido en las leyes,, tanto en la Constitución General de la República, como en la Constitución del Estado de Guerrero. Sin embargo, en nuestro estado ninguna de las dos funciones se lleva acabo con plenitud, honestidad, transparencia y responsabilidad, ejemplo de ello es la serie de irregularidades cometidas por integrantes de la Procuraduría de Justicia, desde el jefe de la institución hasta la Policía Judicial; o el señalamiento por parte de la población de jueces o magistrados que han puesto en venta la administración de la justicia. Sólo recordemos el escandaloso caso de los dos magistrados y la jueza inhabilitados por el Congreso estatal por complicidad para la liberación de un secuestrador, el famosos Calilla.

La Procuraduría General de Justicia no ha cumplido ha cabalidad, porque se ha convertido en los últimos años en la instancia generadora de protección y venta de sus servicios a los habitantes detentadores de poder. El mismo ex procurador, Pano Arciniega, lo señaló en un principio, siendo obligado posteriormente a retroceder en sus manifestaciones, y por lo tanto, a actuar como si no pasara nada, llegando al extremo de no acatar las recomendaciones de la misma Comisión Estatal de los Derechos Humanos, protegiendo de esta manera a integrantes de la Policía Judicial señalada como responsables de secuestros y tortura. Por otro lado, el desvío de recursos humanos y económicos para la protección de funcionarios de gobierno, sus esposas e hijos, y alguno que otro segundo frente.

Es la podredumbre en el quehacer de la Procuraduría de Justicia y la presencia de jefes sin control de ella, lo que ha hecho que los resultados hasta el momento sean nulos. Por lo que de nada servirá continuar la pasarela de procuradores, si estos no ejercen totalmente el poder que les han conferido la Constitución Política y quienes lo han nombrado, el Poder Legislativo.

De continuar los procuradores –quien sea–, actuando como simples empleados del Ejecutivo en turno, y no actuar como responsables de la seguridad de las y los integrantes de la sociedad, haciendo que las autoridades que están bajo su responsabilidad funcionen, volveremos a observar a nuevos procuradores.

Creo necesario que ante la ineficacia del procurador, irresponsabilidad o actos de corrupción, sea el mismo Congreso local, encargado de nombrarlo y tomarle la protesta, quien lo destituya –previo análisis– y no el gobernador en turno, ya que esto permite que el Ejecutivo lo sostenga en el puesto, a pesar de los señalamientos anteriores, máximo si este mantiene compromisos de algún tipo con el funcionario.

Hoy la Procuraduría estatal carece de un jefe, por la renuncia de Jesús Ramírez Guerrero, a la Dirección de Comunicación Social, el puesto de procurador será de él, ya está decidido, la exposición de la terna de aspirantes ante la legislatura local fue nuevamente la burla. Para qué digo yo, pretenden tapar el sol, si este alumbra muy clarito. Esperemos su actuación en la procuración de justicia.