Insiste la Codehum en el cese y arraigo para 20 judiciales y dos ex directores

* La Procuraduría podría provocar que se sustraigan de la acción de la justicia los agentes y directores involucrados en la detención ilegal, tortura y desaparición de nueve ciudadanos, advierte el ombudsman Juan Alarcón 

De la corresponsalía, Chilpancingo * La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) envió una réplica a la Procuraduría de Justicia donde le reitera su llamado para que acepte una recomendación y de inmediato destituya, investigue y solicite el arraigo domiciliario a 20 comandantes y agentes de la Policía Judicial del Estado y dos directores que participaron en la detención, tortura y desaparición de nueve ciudadanos guerrerenses.

La respuesta que dio este martes el ombudsman guerrerense, Juan Alarcón Hernández, se basa en la contestación que dio hace hace unos días el entonces procurador de Justicia, Rigoberto Pano Arciniega, quien calificó “sin fundamentos jurídicos” la petición que le hizo la Codehum en la que también se exige el arraigo judicial domiciliario de los ex directores de la PJE, Jaime Figueroa Velázquez y Filiberto Solís Ramírez.

“En el afán de cumplir cabalmente con la aplicación con las máximas legales, la Procuraduría de Justicia debiera aceptarlas en aras de una buena respuesta a la sociedad, o de lo contrario se estará corriendo el riesgo fundado de que los agentes de la Policía Judicial señalados en los hechos, se sustraigan a la acción de la justicia”, señala en su réplica que envió este organismo al procurador interino, Miguel Barreto Sedeño.

Dice que la respuesta de la Procuraduría de Justicia de considerar innecesaria la solicitud de arraigo de los agentes judiciales, es una apreciación subjetiva puesto que el daño causado a los desaparecidos y a sus familiares es incalculable, pues “estos viven en la zozobra e incertidumbre respecto del paradero de sus seres queridos, cuyos nombres se precisan en la recomendación al igual que de los servidores públicos a quienes se les señala como responsables de estos hechos”.

La Codehum dice que “es indignante, exasperante y frustrante” para el ciudadano, que la indiferencia, la negligencia, el burocratismo y la dilación injustificada de quienes teniendo la obligación jurídica y ética a prestar un servicio público con oportunidad y eficacia, se apartan olímpicamente de la legalidad y se convierten en encubridores”.

Alarcón reitera que es procedente la recomendación de que se arraigue a los agentes judiciales para que no se sustraigan de la acción de la justicia como ha sucedido en otras ocasiones con los comandantes policiacos, Fortunato Zamora Paz, Fidel Morales Vargas y Manuel de Jesús Noriega Moctezuma quienes se encuentran prófugos.

En el mismo documento, la Comisión rechaza la aseveración de la Procuraduría de que resulta improcedente la creación de un agente del Ministerio Público que se encargue de investigar de manera especial los casos de los 9 desaparecidos.

Reconoce la Codehum que existe una agencia del Ministerio Público adscrita a este organismo, “pero que tiene enormes insuficiencias, no tiene recursos económicos, vehículo propio, ni personal suficiente y por lo tanto resulta inoperante debido a la falta de apoyo por parte de la Procuraduría de Justicia”.

Otro de los puntos de la recomendación que se negó a contestar la Procuraduría fue lo relativo a la reinstalación en sus funciones del agente judicial Francisco Cortés Pastenes quien denunció a comandantes y al ex director de la PJE, Jaime Figueroa Velázquez de estar involucrados en bandas de secuestradores y de roba coches.

La Codehum solicita a la Procuraduría de Justicia le presente evidencias de que es improcedente la reistalación de dicho agente judicial.