Pano se negó a arraigar a dos ex directores y 20 agentes de la PJE: Juan Alarcón

* El entonces procurador desacató la recomendación que envió la Codehum el 14 de marzo, acerca de la desaparición y tortura de nueve ciudadanos 

De la corresponsalía, Chilpancingo * El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), Juan Alarcón Hernández, declaró que días antes de que Rigoberto Pano Arciniega renunciara como procurador de Justicia del estado, se negó a acatar una recomendación donde este organismo le solicita el arraigo domiciliario de 20 efectivos de la Policía Judicial y de dos ex directores de esta corporación que son presuntos responsables en la tortura y desaparición de nueve ciudadanos.

En conferencia de prensa, el ombudsman guerrerense dijo que el desacato a la recomendación que envió el 14 de marzo a la Procuraduría de Justicia, “es un ejemplo de que en Guerrero sigue prevaleciendo la impunidad”.

En la recomendación 19/2002, la Codehum señala a los 20 agentes de esta corporación y a otros cuatro ex agentes y dos ex directores de esta corporación, de ser los responsables de la desaparición forzada de los ciudadanos José Rodríguez Román, Faustino Jiménez Alvarez, Máximo Mojica Delgado, Alvaro Acevedo Parra, Oscar Acevedo Mendoza, Darvelio Cruz Villasana, Carmelo Salazar Gallardo, Agripino Bello Meneses y Rogaciano Rojas Rojas.

Alarcón Hernández quien en el encuentro que tuvo con los reporteros se hizo acompañar del consejero técnico, Leoncio Domínguez Covarrubias; el visitador general de la Codehum, Hipólito Lugo Cortés y la jefa de prensa, Elizabeth Patrón Osorio, dijo que nada más leería el comunicado de prensa y no admitiría preguntas.

Pero admitió cinco preguntas de los reporteros y luego entró a sus oficinas.

Alarcón Hernández señaló que la Codehum enviará una réplica sobre los puntos que no fueron contestados por la Procuraduría de Justicia, y espera que el nuevo procurador que designe el Congreso del Estado “reconsidere los puntos no aceptados, tomando en consideración que la sociedad está pendiente de estos acontecimientos y reclama que no haya impunidad en los hechos violatorios a los derechos humanos”.

Indica que en la contestación que hace el ex procurador de Justicia, éste no acepta la designación de un agente del Ministerio Público que en especial se encargue de las investigaciones de los casos de los desaparecidos.

Y también se negó a tomar una acción “urgente” de arraigo de 20 elementos de la PJE, cuatro ex agentes y los ex directores de esta corporación, Edilberto Solís Ramírez y Jaime Figueroa Velázquez.

Señala que la Procuraduría de Justicia solamente contesta la aceptación parcial a efecto de que los casos de los agentes judiciales Fidel Morales Vargas y Federico Peredo Jiménez (este último ex guardaespaldas del secretario general de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve) sean turnados a la Contraloría Interna para que se inicie el procedimiento administrativo y se les aplique una sanción.

La Codehum pidió a la Procuraduría la destitución y encarcelamiento de los dos comandantes Fidel Morales y Federico Peredo quienes incluso están involucrados en otras recomendaciones donde se les señala de torturadores y de pertenecer a bandas de secuestradores y de roba vehículos.

En el caso del ex director de la PJE, Jaime Figueroa Velázquez, quien renunció en septiembre del año pasado y ahora es asesor del gobernador René Juárez Cisneros, se le acusa de participación en la desaparición de las nueve personas y de estar involucrado en bandas de secuestradores.

En el documento que leyó el ombudsman de Guerrero se señala que la Procuraduría de Justicia del Estado acepta anotar como antecedente negativo en los expedientes personales de los cuatro ex comandantes (Fidel Morales Vargas, Federico Peredo Jiménez, Fortunato Zamora de la Paz y Víctor Castro Valente) así como de los ex directores de esta corporación, Filiberto Solís Ramírez y Jaime Figueroa Velázquez. En el caso de Víctor Castro Valente, la Procuraduría de Justicia le aclara a la Codehum que dicho comandante policiaco ya no pertenece a la corporación.