Discrimina el MP de Ayutla a Inés Fernández porque es mujer y tlapaneca: Tlachinollan

El Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, A.C., hace pública su preocupación por las actitudes que han asumido los funcionarios del Ministerio Público del Distrito Judicial de Allende, con sede en Ayutla, en contra de la agraviada Inés Fernández Ortega, por el hecho de ser mujer y pertenecer al pueblo me’phaa (tlapaneco).

Desde el día en que Inés Fernández interpuso la denuncia de violación sexual contra miembros del Ejército mexicano, ha recibido maltratos y humillaciones por algunos representantes del órgano ministerial con sede en Ayutla y personal médico de esta misma ciudad.

El 5 de abril, personal médico del hospital de Ayutla les comentó de manera cínica que no tenían los resultados de los análisis ginecológicos realizados el 26 de marzo porque el hospital no cuenta con reactivos.

Por otra parte, el titular del MP en lugar de notificarle a Inés Fernández para que estuviera presente en la inspección ocular, la ignoró y prefirió hacerse acompañar por personal del Ejército vestidos de civil.

El mismo titular pidió que Inés que firmara el acta de la diligencia que había realizado en Barranca Tecuani sin su presencia. Ella se opuso y pidió conocer por lo menos el contenido del escrito. La respuesta de una secretaria fue que no había tiempo para leerla y que mejor se hiciera constar que Inés no tiene disposición para cooperar con el órgano investigador.

Con esto constatamos el grado de incompetencia profesional y ética del órgano investigador, pues en lugar de asumir su responsabilidad constitucional, vulnera sus derechos humanos y lo que es peor, se vuelve cómplice de quienes son señalados como presuntos responsables del delito de violación, con suma facilidad y ligereza se realizan investigaciones que dejan mucho que decir por la flaqueza profesional, la falta de imparcialidad y de rigor jurídico.

Estamos lejos de encontrarnos con un agente investigador sensible a la realidad indígena, conocedor de la reciente reforma constitucional relacionada con los pueblos indígenas, que en uno de sus párrafos dice que se deben respetar las garantías individuales, los derechos humanos y de manera relevante la dignidad e integridad de las mujeres indígenas.

Con estas actitudes discriminatorias se sigue consumando un etnocidio silencioso que desde los órganos de procuración de justicia se incuba con procedimientos orientados a denigrar la dignidad de las mujeres indígenas, a tratarlas como seres ingenuos y manipulables, receptivos y sumisos a los dictados de la autoridad.

Exigimos respeto a la dignidad de Inés Fernández Ortega y demandamos una investigación profesional que se traduzca en una justicia imparcial y expedita.