Demandan a Farill, Zeferino, Torres Madrid y Trani; Farill contrademanda

* Difamación, calumnia e injurias, la respuesta en el Ministerio Público del fuero común * El Colegio de Ingenieros Topógrafos los acusa de favorecer en la asignación de obras públicas a la empresa Taller de Arquitectos y Urbanistas

Ossiel Pacheco * Mientras el presidente del Colegio de Topógrafos, Carlos Bernal Cotino, demandó ante la PGR al secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del gobierno del estado, Juan Farill Herrera; a su similar municipal, Guillermo Torres Madrid; al presidente del Consejo Consultivo para el Desarrollo de Acapulco, Rafael Trani Cabrera, y al alcalde Zeferino Torreblanca Galindo, por supuestamente favorecer indebidamente en la asignación de obras a una empresa, el jefe del Departamento Jurídico de la primera de aquellas dependencias presentó una demanda por difamación, calumnia e injurias contra el dirigente, en la agencia central del Ministerio Público del fuero común.

Al mediodía de ayer, el presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos, Bernal Cotino, acompañado de sus asesores jurídicos Pascual Romero García y Oscar Javier Bustos Galeana, se presentó ante el agente del MP federal en la delegación de la PGR en Acapulco para acusar a Farill Herrera, Torres Madrid, Trani Cabrera y Torreblanca Galindo por uso indebido de atribuciones y facultades en el ejercicio de sus funciones.

En la querella presentada, argumenta que el Colegio solicitó en diversas ocasiones a los gobiernos estatal y municipal tomar en cuenta a los organismos civiles, tanto en las consultas como en la ejecución de las obras, “teniendo siempre una negativa en nuestras peticiones”.

Continúa: “Sí, en cambio, nos dimos cuenta de que los funcionarios que tienen a sus cargos las secretarías de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, tanto del gobierno del estado como del municipio de Acapulco, o sea los arquitectos Juan Farill Herrera, Guillermo Torres Madrid y Rafael Trani Cabrera, a pesar de ser funcionarios de primer nivel son socios de la empresa Taller de Arquitectos y Urbanistas, SC”.

Esa compañía “tiene como objeto social la realización de estudios, proyectos, diseño, construcción, remodelación, supervisión y dirección de todo tipo de obras arquitectónicas, y fue constituida mediante un contrato de Sociedad Civil formalizado por los señores Guillermo Torres Madrid, Maricela López Beltrán, Rossana Trani Cabrera, Juan Farill Herrera y Graciela Nozari Morlet, mismo que se consiguió mediante la escritura notarial 11520 ante la fe del notario público Miguel García Maldonado”.

Señala que los funcionarios públicos antes mencionados, “en el desempeño de sus cargos públicos indebidamente otorgan contratos a la empresa TAU, de la cual son socios, tanto ellos como sus familiares directos, como sus cónyuges, hermanos y cuñados, beneficiándose económicamente todos ellos, en perjuicio de la sociedad, violentando con ello lo señalado por los artículos 217 y 220 del Código Penal Federal vigente”.

Respecto a las diversas denuncias que han hecho el Colegio y otros organismos civiles al gobierno estatal y municipal, “siempre hemos recibido respuestas sordas de los mismos, encuadrándose así la solapación de los ilícitos y por ende también la responsabilidad penal, tanto del Ejecutivo estatal como del propio presidente municipal de Acapulco, por no poner atención a los señalamientos que en forma oportuna se les hizo”.

Da cuenta en la denuncia que la empresa TAU ha sido beneficiada con obras como el Rastro Municipal de Acapulco, ubicado en El Salto, así como el relleno sanitario en Paso Texca y la remodelación de la avenida Adolfo López Mateo, en La Quebrada, aunque también por versiones periodísticas se conoce que ejecuta el proyecto La vereda tropical, que abarca Sinfonía del Mar, la Angosta y La Quebrada.

Recuerdan que varios Colegios solicitaron su intervención al presidente municipal Torreblanca Galindo el 31 de marzo de 2000, para que las obras a realizar por la comuna fueran sometidas a concurso, pero “no tuvo eco alguno hasta la fecha”.

Indican que “nuestros gobernantes violan y omiten la normatividad que señala el Fondo para la Infraestructura Social, que tiene como fuente de financiamiento al Ramo 33, que son aportaciones federales para entidades federativas y municipales, que son normadas por la Secretaría de Desarrollo Social federal, al no licitarse a concurso público las obras de mayor cuantía, y sí se asigna en forma directa y sin contar con los requisitos legales a personas ajenas a la construcción”.

Termina solicitando orden de aprehensión contra Torreblanca Galindo, Farill Herrera, Torres Madrid Trani Cabrera y quien resulte responsable.

La contrademanda

Simultáneamente, el secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología del gobierno estatal, Juan Farill Herrera, presentó denuncia de hechos ante la primera Agencia del Ministerio Público del fuero común contra el presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos del Estado de Guerrero, Carlos Bernal Cotino.

La acusación quedó asentada en la averiguación previa Tab/I/378/2002. Farill Herrera acusa a Bernal Cotino porque presuntamente éste ha utilizado los medios de comunicación para difamarlo y calumniarlo.

Por lo anterior presentó querella de hechos que “a juicio del suscrito pudiesen constituir ilícitos penales cometidos en mi agravio”.

Como pruebas presentó copias de notas periodísticas y pidió a las autoridades de la Procuraduría de Justicia del Estado investigar el caso y castigar a quien resulte responsable.