Determina la PGJE no actuar contra los magistrados que liberaron a un plagiario

* Respuesta negativa a la demanda que presentaron los abogados del empresario asesinado, Javier Ibáñez, contra Maya Manrique, Martínez Garnelo y León Flores 

De la corresponsalía, Chilpancingo * La Procuraduría General de Justicia de Guerrero determinó el no ejercicio de la acción penal en contra de los ex magistrados Jesús Martínez Garnelo y Miguel Maya Manrique, así como la jueza María del Pilar León Flores quienes en agosto del año pasado fueron inhabilitados del cargo por el Congreso local al comprobarse que dictaron la revocación de una sentencia en forma irregular a favor de un secuestrador.

El subprocurador de Justicia, Miguel Barreto Sedeño, informó que para la Procuraduría de Justicia el caso de los tres funcionarios del Poder Judicial, “es un asunto concluido jurídicamente”.

En noviembre del 2000, los abogados del empresario asesinado, Javier Ibáñez Sandoval, José Ramírez Villalba y Pedro Ramírez Millán, presentaron una demanda penal ante la Procuraduría de Justicia, contra los magistrados y la juez por delitos contra la impartición de justicia.

Los abogados fueron los que llevaron al Congreso local la demanda de juicio político contra los dos magistrados y la jueza.

Entrevistado en sus oficinas, el subprocurador dijo que lo que hizo hace unas semanas el todavía procurador Rigoberto Pano Arciniega, es confirmar una resolución que dictó el director de Averiguaciones Previas, Héctor Calleja Paniagua, de no ejercitar ninguna acción penal contra los funcionaros del Poder Judicial, “porque no se encontraron elementos jurídicos para iniciar un proceso en su contra”.

Sin embargo, para el abogado José Ramírez Villalba, este asunto no concluye y que si Oscar Ibáñez Reyes, hijo del empresario fallecido Javier Ibáñez Sandoval, decide interponer una recurso de amparo contra esa determinación que dictó el ahora ex procurador Rigoberto Pano Arciniega, “podremos proceder en consecuencia”.

Y es que, dijo, Oscar Ibáñez Reyes quien fue secuestrado por la banda de Pedro Barragán González y en la que participó Carlos Alberto García Castro alias El Calilla, es la persona agravida que interpuso la demanda penal contra los dos magistrados y la jueza.

Manifestó que aún cuando oficialmente la Procuraduría de Justicia no le ha notificado esta resolución, “ya esperábamos una situación de ese tipo y una vez más se comprueba que en la Procuraduría de Justicia no se imparte con equidad la justicia”.

Según el abogado, en la acusación que presentaron a la Procuraduría de Justicia, aportaron pruebas de la culpabilidad de los magistrados y la jueza que actuaron con “dolo” al dictar la revocación de la sentencia de 22 años de cárcel que tenía El Calilla por el secuestro de Oscar Ibáñez Reyes, quien fue privado de su libertad en marzo de 1996 y liberado luego de su papá, Javier Ibáñez Sandoval, (recientemente asesinado a tiros por un sicario) pagó un millón 200 mil pesos.