Justifican Miranda y Barreto que los políticos usen judiciales como escoltas

De la corresponsalía, Chilpancingo * El secretario general de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve, y el subprocurador de Justicia del estado, Miguel Barreto Sedeño, justificaron que el gobernador René Juárez Cisneros, funcionarios y ex funcionarios tengan para su seguridad personal y de sus familias a efectivos de la Policía Judicial del Estado “porque por el trabajo que realizan algunas veces lo merecen y enfrentan riesgos”.

“Los datos que maneja el periódico Reforma son apócrifos, es un documento desfasado por lo cual esa información es falsa porque carece de toda veracidad”, señaló el secretario general de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve entrevistado cuando salía de su residencia que estaba custodiada por tres policías judiciales que están comisionados como guardaespaldas del funcionario.

Según Miranda Añorve, esa información (de los 257 agentes judiciales que cuidan al gobernador René Juárez, a su familia, a ex mandatarios y a funcionarios estatales) “es un refrito que se publicó el año pasado, pero además de que no está sustentada en la verdad”.

Pidió a los medios de comunicación, en este caso al periódico Reforma, que tengan cuidado de manejar este tipo de informaciones, “porque no pueden partir de algo que es falso”.

¿Usted no cuenta con agentes de seguridad?

–Si, mira, funcionarios federales, estatales y algunos municipales, por la naturaleza del trabajo y de la tarea que realizamos requerimos de tomar previsiones, de tomar medidas para que no se lamenten cosas, y por eso se toman estas medidas.

–¿A usted cuantos elementos lo acompañan?

–A mí me acompañan dos, es que a veces salgo a las 3 de la mañana o a veces viajo y por razones de seguridad debo de ir acompañado por estos dos elementos.

“El que escribió esa información carece de veracidad, y por lo tanto va en descrédito de quien la escribe porque ya no se le va a creer porque le está queriendo tomar el pelo a la sociedad, eso es peligroso por parte de los representantes de los medios de comunicación”, externó el secretario general de Gobierno.

Por su parte, el subprocurador Miguel Barreto Sedeño dijo que la Procuraduría de Justicia está facultada para brindar protección a funcionarios y a ex funcionarios como lo establece un decreto que firmó el gobernador René Juárez Cisneros en septiembre del año 2000.

El decreto dice que la Procuraduría de Justicia del Estado está autorizada para prestar apoyo y protección necesaria cuando sea solicitada por servidores públicos que por la naturaleza de sus funciones que desempeñen o hayan desempeñado necesiten contar con protección para su persona, familia o domicilio.

“La Procuraduría de Justicia está actuando conforme a derecho y apegado a una norma que en su esencia busca proteger la integridad de sus autoridades lo mismo que hace con denunciantes, testigos, peritos y demás personas ligadas a procesos penales o averiguaciones previas”, externó Barreto.