Responsabiliza Afadem al Estado del asesinato de Horacio Zacarias

   * Exigen que el presidente ordene abrir archivos

 * Da a conocer Tita Radilla el documento que se leyó el pasado 9 frente a la Fiscalía Especial en el DF

 Francisco Magaña, corresponsal, Atoyac * El Estado mexicano es responsable del asesinato de Horacio Zacarías Barrientos y se niega a investigar las desapariciones forzadas, denunció la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de la Violación a los Derechos Humanos (Afadem), Tita Radilla, en un documento leído el 9 de diciembre frente a la Fiscalía Especial para Asuntos Políticos y Sociales del Pasado Reciente, en la ciudad de México, respaldado por organizaciones defensoras de los derechos humanos, organizaciones sociales, así como familiares de desaparecidos en el país, dirigido al presidente Vicente Fox, al procurador Rafael Macedo de la Concha, al fiscal especial, Ignacio Carrillo Prieto y a los legisladores.

Dijo que el Estado mexicano se niega a investigar a fondos las desapariciones forzadas, cuando los militares latinoamericanos comenzaron a utilizar la práctica de la desaparición forzada de personas como un método represivo, creyendo que habían descubierto el crimen perfecto, dentro de su inhumana lógica, no hay victimarios ni delito.

En el documento la Afadem sostiene que sin duda, los asesinos de Horacio Zacarías Barrientos actuaron bajo las órdenes, la complicidad, tolerancia o negligencia de la PGR, del Ejército y de las policías estatales.

Exponen que el asesinato de Horacio Zacarías Barrientos, asesinado con arma de grueso calibre en la localidad de El Rincón de Las Parotas, muestra claramente que la PGR no tomó medidas precautorias; por el contrario, las averiguaciones han sido públicas, no sólo por medio de la prensa nacional, sino que la mecánica utilizada por la Fiscalía permite que los indiciados estén prevenidos, alertan que ellos -los indiciados- conocen perfectamente los expedientes en los que están involucrados, conocen no sólo las pruebas, sino quiénes han atestiguado y sus direcciones, además de que la técnica utilizada permitió en todos los casos que contestaran las preguntas asesorados por sus abogados.

Preguntan ¿qué, sólo testigos de la delincuencia organizada tienen derecho a que se les brinden garantías contra el crimen organizado?

Comparan que los ciudadanos, las víctimas de la brutalidad del Estado, de la tortura, de las amenazas, de las ejecuciones extrajudiciales que denuncian y testifican, ¿no tienen derecho a ser protegidas contra el crimen organizado desde el Estado mexicano?

Apuntan que para los familiares, las organizaciones políticas y sociales, es evidente la negligencia y la ineptitud que la PGR ha mostrado en las averiguaciones previas abiertas sobre los desaparecidos.

Mientras tanto, Vicente Fox y los partidos representados en las Cámaras no han propuesto legislación alguna para que se imparta justicia a fondo en relación con la desaparición forzada de los años setenta y ochenta, mucho menos le piden cuentas al procurador general de la República, el general Macedo de la Concha.

Recuentan que en México la práctica de la detención–desaparición se inició a finales de los sesentas, y actualmente se siguen las mismas pautas latinoamericanas, dicen que fue una política de Estado llevada a cabo por el Ejército, cuerpos policíacos y sus instituciones, con el objetivo de eliminar a la oposición, por lo que los familiares siguen demandando se imparta justicia.

Mencionan que el presidente de la República, el procurador de la República y las Cámaras se niegan a condenar y a evitar de una vez por todas, la permanente violación a los derechos humanos.

Exigen el esclarecimiento del paradero de los detenidos–desaparecidos y castigo a los culpables de la represión a los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971 y de la llamada guerra sucia, ya que sólo responden con largas y negativas.

Apunta la dirigente que la PGR hace muchos discursos sobre la defensa de los derechos humanos, pero en los hechos no hace más que simular, y ponen de ejemplo que a dos años del acuerdo presidencial que creó la Fiscalía Especial ni esa instancia, ni la PGR, han podido integrar las averiguaciones que la Comisión de Derechos Humanos documentó en 532 casos de desaparición forzada.

En ese tiempo la PGR sólo ha podido consignar ante el juez dos averiguaciones previas, y se preguntan si es una política de desgaste de dar largas a todo, o seguirán presentando un caso por año, ¿será posible que planeen impartir justicia dentro de 500 años o más, o es un esquema de impunidad que está articulando la PGR.

Añade que no se conoce ningún caso en que la Fiscalía haya investigado a los altos mandos, a los titulares de las instituciones que encabezaron esa criminal doctrina de seguridad nacional, desde la presidencia de la República y el Ejército. Los expedientes no contienen diligencia, documental o testigo en ese sentido, sólo existen en la imaginación de la fiscalía.

Apuntan que recién creada la Fiscalía, solicitaron al fiscal que dada la naturaleza de los delitos investigados, se guardara la más estricta confidencialidad sobre todas las diligencias, y buscar y adoptar medidas previstas por la ley para proteger a todos los testigos.

Por último demandan al ejecutivo federal que como jefe de las fuerzas armadas de México, ordene la apertura de los archivos del Ejército y de la Presidencia de la República; informes, acuerdos y correspondencia entre la Presidencia de la República, Ejército, secretaría de Gobernación y policías que ordenaron, coordinaron y ejecutaron el trabajo sucio que cuáles fueron las políticas, la estrategia que utilizaron para enfrentar y aniquilar a la oposición de los años setenta y ochenta.

En qué quedó el trabajo de inteligencia y contrainsurgencia efectuado.

Exigen que se informe sobre las cárceles clandestinas de los campos militares.

Para la PGR se reclaman que cumpla con la ley, que guarde la más estricta confidencialidad en las averiguaciones, que no otorgue privilegios a genocidas y asesinos.

Exigen que se investigue a fondo, no sólo a los mandos operativos, sino también a quienes ordenaron esa política de contrainsurgencia, de desaparición forzada contra la disidencia política y que cesen el hostigamiento y desprestigio en contra de los denunciantes.