Piden ONG el cese de la tortura, de criminalizar a luchadores sociales y de enviarlos a otos estados

Organismos de derechos humanos y el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) exigieron que se detenga la criminalización de luchadores sociales, la tortura y el traslado de los detenidos a penales de mediana y máxima seguridad fuera del estado.
Las postura es a propósito de la detención del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, quien fue llevado a un penal federal en Tepic Nayarit y de nueve policías ciuadanos de la Unión de Pueblos del Estado de Guerrero (UPOEG), que denunciaron tortura de la Policía Ministerial para declararse culpables de secuestro agravado.
En un boletín de prensa, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, la Red Guerrerense de Derechos Humanos, la Normal Rural de Ayotzinapa, y organizaciones del MPG señalaron que, con estas acciones, sigue la persecución de la lucha social a pesar de la reforma al artículo primero Constitucional en materia de derechos humanos que se realizó hace tres años.
Denunciaron que el Estado agrede a quien defiende su territorio, su patrimonio y los derechos humanos que los gobiernos no han podido garantizar, mientras la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) mantiene la tortura como método de investigación.
Lamentaron que sigan “en ese camino erróneo de no garantizar la capacitación adecuada sobre la prohibición de la tortura para agentes de la ley, personal médico y otras personas involucradas en la detención de una persona, ya que éstos siguen convencidos de que torturar es una herramienta de trabajo autorizada por sus jefes y tolerada por la sociedad”.
Recordaron la tortura a cinco detenidos por el asesinato del luchador social Raymundo Velázquez Flores, similares a los que narraron los detenidos de la UPOEG.
Uno de ellos, Gabino García, señaló que fue torturado en el interior de la Procuraduría como en el penal para que se dijera culpable e inculpara a otros de sus compañeros.
Asimismo, mencionaron el caso de Suástegui Muñoz, detenido y traslado al penal de La Unión en muy malas condiciones que evidencian que fue sujeto a tortura.
Consideraron preocupante que el Procurador, Iñaky Blanco Cabrera pretenda encubrir la tortura al interior de la PGJE con simples certificados de lesiones expedidos por personal a su mando, o negándolo, “lo cual es inverosímil porque toda la sociedad sabe que las prácticas de sometimiento han evolucionado y en la actualidad no dejan huellas físicas, sino psicológicas”.
Recomendaron que se aplique el protocolo de Estambul a los integrantes del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana de la UPOEG porque los certificados médicos expedidos por personal de Salud al servicio del Estado o de la procuraduría no son avales confiables de su integridad.
También denunciaron que el Estado mexicano y el gobierno de Guerrero no han cumplido con sus compromisos incluidos en la reforma al artículo primero constitucional del 10 de junio del 2011, porque no han realizado acciones efectivas, legislativas, administrativas, judiciales y de otra índole para prevenir actos de tortura en todo el territorio bajo su jurisdicción.
Señalaron que otros luchadores sociales prisioneros por sus acciones e ideas fuera de Guerrero, para prolongar su encierro, son los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Nestora Salgado, Gonzalo Molina y Arturo Campos Herrera.(Lourdes Chávez / Chilpancingo).