Se concentra el Congreso en los cambios a las leyes electorales, que deben ser aprobadas antes del día 30

*La Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos presentará un dictamen sobre la homologación con las normas federales

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

Por decisión de la Comisión de Gobierno, en la sesión de ayer se presentó al pleno del Congreso la iniciativa para homologar la reforma electoral federal en la Constitución local y fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su dictamen, con el fin de que sea aprobado a más tardar el día 30 de junio.
Por lo anterior, la misma Comisión de Gobierno, que preside el diputado Bernardo Ortega Jiménez, decidió que será en julio cuando se presente al pleno el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, Equidad de Genero y de Salud, que rechaza la despenalización del aborto, como lo propuso el gobernador en la iniciativa enviada al Congreso local a principio de mayo.
El argumento expuesto en la Comisión de Gobierno para aplazar a julio la discusión y votación del dictamen que se opone a la despenalización del aborto, es que no quieren que el tema se “contamine” con la discusión que piensan provocará el dictamen sobre la reforma electoral.
De acuerdo a la iniciativa que turnó al pleno la Comisión de Gobierno, el 10 de febrero del 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político electoral.
Derivado de las reformas constitucionales, con fecha 23 de mayo se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las leyes secundarias en la materia, consistentes en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley General de Delitos Electorales, y reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entre otras.
Se añade en la iniciativa que las reformas constitucionales y las secundarias en materia electoral obliga a los estados que tengan elecciones en el 2015 a que adecuen y armonicen sus legislaciones locales en materia electoral, a más tardar el 30 de junio del año en curso.
Además de que el nuevo diseño jurídico electoral obliga a las legislaturas locales a modificar los ordenamientos electorales para que se encuentren en vigor a más tardar el 1 de julio de 2014.
Se explica en la iniciativa de la Comisión de Gobierno que la reforma político electoral centra como objetivo fundamental homologar estándares con los que se llevan a cabo los procesos electorales locales y nacionales, estableciendo cambios sustantivos en la organización y calendario electoral.
Se establece que en procesos electorales concurrentes federales y locales es obligación del INE instalar una casilla única en coordinación con los organismos locales electorales.
Se concentra la facultad al INE de fiscalizar los ingresos y egresos de los partidos en los estados, fiscalizar precampañas y campañas federales y locales.
Se establece un nuevo régimen de nulidades cuando se exceda el 5 por ciento del monto total autorizado para campañas, por la compra o adquisición de cobertura informativa en radio y televisión, y por recibir o utilizar recursos de procedencia ilícita o públicos en campaña.
Y  se regulan las candidaturas independientes, entre otros temas.
Por ello, se indica en la iniciativa que se propone armonizar y adecuar la Constitución local a efecto de que se establezca el diseño de nombramiento de los magistrados electorales, conforme a lo establecido en el Artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con lo establecido por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, respecto del número de integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero.
La Comisión de Gobierno precisa en su iniciativa que por cuanto hace a la Constitución Política local, “el impacto de la reforma política electoral fue en lo más mínimo”, atendiendo a que recientemente fue reformada en la mayoría de sus artículos, contemplando las bases establecidas en la reforma político electoral.
No obstante indica que ante la falta de reglamentación, que fue posterior a la aprobación del decreto de reforma constitucional, se establecieron criterios distintos en cuanto al número de integrantes de los órganos jurisdiccionales electorales, de igual forma y toda vez que la designación y nombramiento de los órganos administrativos y jurisdiccionales en materia electoral se harán a través del INE y el Senado de la Republica, la toma de protesta se deberá realizar conforme a las bases y lineamientos que se establezca.
Y en razón de que la propuesta y nombramiento de los magistrados electorales se sujetará a las bases que establezca el Senado de la Republica, se establecen los principios electorales derivados de la Constitución Federal y el esquema de sustitución en caso de ausencia, armonizándose la Constitución a lo establecido en la reforma político electoral.
Finalmente, señalan los diputados de la Comisión de Gobierno que en las modificaciones que proponen se encuentra la de establecer la base de subrepresentación y sobrerrepresentación, establecida por cuanto hace a la integración de la legislatura por los partidos políticos, que no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos.

Dictámenes de hace cinco años

En esta que fue una sesión de trámite, luego de que en los tres años de la pasada legislatura y dos años de la actual no se había tocado el tema, al fin se le dio primera lectura a cuatro dictámenes de leyes sobre el sistema penal acusatorio, a un año de que se venza el plazo fijado en la Constitución federal a los estados para su  legislación.
Los dictámenes que quedaron en primera lectura son la Ley de Justicia para Adolescentes, la Ley de Atención, Apoyo y Protección a Víctimas u Ofendidos del Delito, la Ley de Sujetos Protegidos y la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Guerrero.
También se turnó  a la Comisión de Desarrollo Social, el exhorto al Ejecutivo Federal para que instruya a las secretarías de Desarrollo Social, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Hacienda y Turismo, que destinen recursos para crear un programa de prevención y apoyo permanente para la Barra de Coyuca y otros sitios turísticos que se encuentran en constante peligro por los fenómenos naturales, que propuso el diputado del PRI, Rodolfo Escobar Avila.