Salen los ocho detenidos de la UPOEG acusados de secuestro; la Procuraduría no acreditó el delito

Salen los 8 detenidos de la UPOEG acusados de secuestro; la Procuraduría no acreditó el delito

*Siete tuvieron auto de libertad y el juez Leoncio Molina reclasificó el delito de secuestro a privación ilegal de la libertad a Maximino Moreno y pagó una fianza de 25 mil pesos para obtener su libertad

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Juzgado primero de lo penal dictó auto de libertad a siete policías ciudadanos de la Unión de Pueblos del Estado de Guerrero (UPOEG) acusados de secuestro agravado, porque la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no aportó suficientes pruebas para acreditar el delito, sólo la versión de la agraviada.
Asimismo, el Juez Leoncio Molina Mercado reclasificó el delito de secuestro a privación ilegal de la libertad contra el último de los detenidos, Maximino Moreno Acuña, quien ordenó la detención de la agraviada, Romana Campos Vega -acusada de extorsión por el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano-, y ayer salió de prisión con el pago de una fianza de 25 mil pesos.
A seis días de que nueve integrantes de la UPOEG fueron aprehendidos por policías ministeriales especializados en secuestros, y que el procurador, Iñaky Blanco Cabrera anunció ante la prensa y divulgó sus rostros en un desplegado, todos están libres.
El primero fue puesto en libertad el lunes, luego de que el juez declinó competencia al Tribunal de Adolescentes porque era menor de edad. Ahí determinaron que no tenía responsabilidad en la  acusación.
El abogado de la UPOEG, Manuel Vázquez Quintero informó que a las 5 de la madrugada de ayer sus compañeros salieron de prisión con libertad absoluta, pero antes de concluir el plazo constitucional para definir su situación legal llevó nuevos testimonios de prueba para la defensa y el subprocurador, Jorge León Maldonado, en persona, se encargó de dirigir al MP que integró la denuncia contra los policías ciudadanos.
A las 4 de la tarde, después de seis horas del pago de la fianza, Moreno Acuña salió del penal y denunció que tenía otra impresión de las autoridades, “yo tenía otro panorama de lo que es el gobierno acá afuera, y es una tristeza que estén metidos con la delincuencia”.
A pesar de la tortura que sufrió durante su detención, afirmó que va a continuar en la Policía Ciudadana porque sus compañeros deben estar preparados y saber lo que les espera si son llevados a prisión. Dijo que esta “amarga experiencia” los tiene que fortalecer.
Aclaró que no opuso resistencia cuando lo detuvieron ni se lanzó fuera de la camioneta de los ministeriales (como explicó el procurador sus heridas), que sólo usa un celular y no cambió su nombre cuando le pidieron que se identificara, pues en la averiguación lo llamaban comandante Santos, quien supuestamente negoció el rescate del secuestro.
También responsabilizó de cualquier agresión a su integridad, la de su familia o la de quien se encuentre con él al fiscal especial del Ministerio Público encargado de secuestros, que dirigió la operación.

La tortura judicial

El joven de 31 años de edad, Maximino Moreno Acuña tenía moretones en el cuerpo y heridas en la nariz, muñecas y la cabeza, relató que el viernes pasado a las 7 de la noche, policías ministeriales llegaron en unas 15 o 20 camionetas a un retén de la Policía Ciudadana, en Mazatlán, para localizar a una joven desparecida que según familiares había sido vista en ese poblado.
Pero la joven desaparecida y su supuesta tía eran agentes infiltradas, y antes de la detención le comunicaron vía celular a la supuesta tía, que le pidió un número de cuenta para hacerle un depósito en agradecimiento por la búsqueda que estaban haciendo.
Ante la insistencia le dijo que no recibían dinero por hacer este trabajo, y si localizaban a la joven podrían entregar públicamente su apoyo en la base comunitaria.
Unos 10 o 15 minutos después, los ministeriales llegaron, la mayoría sin uniformes, y él recibió una llamada a su celular, pero antes de contestar le quitaron el teléfono y lo separaron de sus compañeros.
Indicó que se dirigieron a Chilpancingo y en el trayecto comenzaron los golpes. En la PGJE le colocaron bolsas de plástico en la cabeza para asfixiarlo, después lo enredaron con vendas a un tabla, de los tobillos a la cabeza, lo cargaron como un costal y le dieron una patada en las costillas, “me las sumió”.
Inmovilizado y con lo ojos vendados, le colocaron una tolla sanitaria en la nariz y un trapo en la boca, que llenaban constantemente de agua, “y en caso de querer respirar, jalas pura agua”. Consideró que lo torturaron de esta forma durante unos 40 o 45 minutos, y le hacían muchas preguntas al mismo tiempo de secuestros en la capital, de homicidios, “nunca supe contestar, a menos que dijera mentiras pero iba a ser peor”.
Señaló que luego de que vomitó en tres ocasiones continuó la tortura pero sólo a golpes, le hicieron una herida en la cabeza y en la nariz con una pistola, le abrieron el labio con la culata de un arma larga que metieron en su boca. De los moretones en el cuello indicó que eran las marcas de una bota.
Estimó que a las 2 de la tarde del sábado lo llevaron a la Cruz Roja, “no aguantaba el dolor, no me podía sentar, no me podía acostar. Les pedía medicamento para el dolor, me vendaron y en la Cruz Roja pidieron que me revisaran”.
Recordó que la doctora señaló una probable fractura o fisura en las costillas, aunque dijo que le iba a sacar una placa luego de hablar con los policías ministeriales añadió que la máquina no servía. Sólo le dio pastillas para el dolor y le recomendó una terapia durante cuatro semanas.
De la detención en flagrancia que señalaron los ministeriales aclaró que su único delito fue revisar el servicio de combis para localizar a la persona que denunciaron desaparecida,  y preguntar a los choferes si la habían visto.
Moreno Acuña subrayó que cuando rindió su declaración ministerial en el MP, como a las 5 de la madrugada, mientras el agente del MP dormía y los policías salieron pidió al capturista que asentara que todo fue bajo tortura.

El proceso

Por otro lado, el Juez Leoncio Molina Mercado informó que la tarde del miércoles se desahogaron nuevas pruebas testimoniales a favor de los inculpados, y en el plazo constitucional de 72 horas para determinar la situación legal se resolvió libertad a siete por falta de elementos para procesarlos por secuestro agravado.
Indicó que se demostró que la detención de la agraviada no fue para obtener un rescate o de privarla de la vida, ni se acreditaron las circunstancias que argumentó para señalar una negociación donde al final se hablaba de 200 mil pesos y las escrituras de una casa como botín del delito.
Aunque la agraviada refirió que había entregado al MP un disco con grabaciones de las negociaciones del rescate aclaró en la averiguación que sólo se dio fe de ese material pero no se presentó ante el juzgado ni se hizo un peritaje de tales circunstancias.
También señaló que en la operación se recogieron teléfonos celulares que tampoco analizaron peritos de comunicación ni el grupo de antisecuestros que tuvo conocimiento a los dos días de la privación de la libertad de la detenida exhibió las grabaciones de la negociación, de la que tuvo conocimiento.
Por lo tanto se le dio credibilidad a los acusados, en el sentido de que detuvieron a la agraviada porque pedía cuotas a ciudadanos de Mazatlán, y querían investigar a sus hermanos por la misma causa. Por eso dictó auto de formal prisión a Moreno Acuña, pero bajo el delito de privación ilegal de la libertad.
Sobre los demás indicó que testimonios dieron fe de que en el momento de la detención de la agraviada ellos estaban en sus comunidades de origen, no sabían de la privación de la libertad de la joven y cinco días después fueron llamados para dar apoyo a la Policía Ciudadana en el valle de El Ocotito.
Sin embargo, aclaró que si otro ciudadano los acusa en esta mismas circunstancias serían también responsables del delito de privación ilegal de la libertad porque no son indígenas  y no se rigen por ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena.
Sobre la denuncias de tortura informó que va a mandar las declaraciones preparatorias y copias certificadas al MP para que tome conocimiento de estos hechos, y en atención al artículo 21 constitucional investigue si se dio el delito y determine quién lo ejecutó.

Apela la Procuraduría la liberación de los integrantes de la UPOEG acusados de secuestro

Redacción

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que apeló al juez de primera instancia en materia penal de Chilpancingo porque decretó la liberación absoluta de ocho integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) que fueron detenidos el viernes acusados del secuestro agravado contra Romana Campos Vega, hecho que “fue acreditado con diversas evidencias” del Ministerio Público y del Grupo Antisecuestros.
“La PGJE interpuso el recurso de apelación contra la citada determinación del órgano jurisdiccional, por lo que en su oportunidad hará valer los agravios correspondientes ante el Tribunal de Alzada, a efecto de que revoque la libertad de los indiciados”, dice la dependencia en un boletín de prensa, luego de que fueron liberados, en diferentes momentos, ocho de los nueve acusados, exceptuando el coordinador de la UPOEG en Mazatlán, Maximino Moreno Acuña. Aunque éste fue liberado después.
La PGJE dijo que el miércoles el juez decretó la libertad de los indiciados y a Moreno Acuña le reclasificó el delito de secuestro agravado por el de privación de la libertad personal y le fijó una fianza de 27 mil 377 pesos.
Agregó que proseguirá con las investigaciones para reunir las evidencias de responsabilidad penal de quienes incurrieron en posibles actos delictivos para que sean analizadas por las autoridades judiciales estatales y federales e impongan “las penas privativas de la libertad correspondientes”.
Recordó que el 4 de junio se inició una averiguación previa por el secuestro de Campos Vega en Chilpancingo, cuando se dirigía a su escuela luego de que los secuestradores pidieron a su familia el pago de tres millones de pesos y las escrituras de un inmueble para su liberación, o la privarían de la vida, y uno de los familiares identificó la voz de Moreno Acuña, Comandante Santos o El Chimino.