Víctimas de plagio y empresarios se organizan en asociación nacional

* Planean reunir un fondo para pagar rescates y propondrán reformas a los códigos penales * El asesinado Javier Ibáñez también estaba invitado

De la corresponsalía, Chilpancingo * Víctimas de secuestradores formarán una asociación nacional antisecuestro que tendrá como principales objetivos proponer reformas a los códigos penales federal y estatales para que se castigue con mayor severidad a estas bandas, informó Sulpicio Armijo López, una de las personas convocantes a esta reunión que se realizará a mediados de abril en la ciudad de México.

El ganadero del municipio de Azoyú, quien en 1998 sufrió el secuestro de su hijo Ernesto Armijo Pastrana, señaló que en esta asociación, que es parecida a la que recientemente se formó en Guadalajara, Jalisco, están involucrados empresarios “de reconocido prestigio” de la ciudad de México y ellos van a financiar a la organización.

“Estamos hasta el gorro que el gobierno federal y de los estados como el de Guerrero no hagan nada para combatir a las bandas de secuestradores e incluso hasta los protejan”, aseveró Armijo López.

Reveló que en la primera reunión que se desarrolló el pasado 17 de marzo, a la que por cierto estaba invitado el empresario asesinado Javier Ibáñez Sandoval, los empresarios que asistieron estuvieron de acuerdo en reunir un fondo financiero común para pagar los rescates de personas que sean secuestradas.

Indicó que en este primer encuentro con familiares de las víctimas que se realizó en la ciudad de México estuvo la subprocuradora General de la República, María de la Luz Malvido.

Una vez que esta asociación antisecuestros se formalice, Sulpicio Armijo invitará a ciudadanos guerrerenses que hayan sido víctimas directas o indirectas de un secuestro para que se inscriban en esta organización, aseguró.

El ganadero guerrerense dijo que en esa reunión donde se acordó formar la asociación expuso la situación peligrosa que atraviesan él y su familia luego de que se atrevió a demandar penalmente ante la Procuraduría de Justicia del Estado a tres magistrados a quienes acusó de haber exonerado a tres secuestradores de su hijo.

Y es que dice, los  magistrados José Luis Bello Muñoz, Edilberto Calderón Brito y Rufino Miranda Añorve, sobre todo éste último gozan de la protección del gobernador René Juárez y del secretario de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve.

En diciembre de 2001, la Secretaría de Seguridad Pública, envió un escrito al gobernador René Juárez para que reciba en audiencia a Sulpicio Armijo.

“Hasta el momento el gobernador René Juárez no me ha recibido, ya tiene el escrito en sus manos de petición de audiencia pero todo ha quedado hasta ahí”, externó Sulpicio Armijo.

Ante lo que considera cerrazón del gobierno del estado para brindarle seguridad personal y la investigación deficiente en la demanda contra los magistrados la Procuraduría de Justicia, Sulpicio tuvo que recurrir al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro para solicitar protección.

Y así fue, recientemente este organismo no gubernamental solicitó a organizaciones internacionales su intervención a fin de que el gobierno mexicano garantice que la Procuraduría de Justicia de Guerrero integre debidamente la averiguación previa que inició contra los tres magistrados.

El documento del Miguel Agustín Pro está dirigido a Asma Jahangir, relatora especial de las Naciones Unidas para Ejecuciones, Extrajudiciales y Arbitrarias y al relator especial de las Naciones Unidas para la Independencia e Imparcialidad del Poder Judicial los Jurados y Asesores y la Independencia de los Abogados, Param Coomaranswany.

En el escrito, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro le hacen saber a los dos relatores que los tres magistrados de la Segunda Sala Penal Regional, absolvieron y liberaron a los secuestradores Wenceslao Ramos Nieto, Antonio Rodríguez y Francisco Herrera Morales, luego de un proceso que ha durado 4 años con una serie de irregularidades que hacen sospechar de probable contubernio entre plagiarios, autoridades ministeriales y judiciales.

Indica el documento que la libertad de los secuestradores se da también por los nexos de amistad entre servidores públicos de alto nivel y Diógenes Herrera Justo.