Culpan a militares de daños, intimidación y robo en comunidades me’paa de Ayutla

 * Indígenas denuncian ante el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan que los soldados cortan las mangueras con las que se abastecen de agua, los amenazan con armas y les roban cosas que venden en otros pueblos * Preguntan por campesinos que pertenecen a grupos armados o que siembran mariguana o amapola

Nelly Bello, enviada, Barranca Tecuani * Unos treinta indígenas me’paa de Barranca Tecuani se reunieron el martes con el comisario municipal Simón Maurelio Morales para definir en asamblea la postura de la comunidad ante la violación de militares a Inés Hernández Ortega.

Temeroso por amenazas de los soldados, Maurelio Morales –al igual que en su declaración ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero el domingo– insistió en que el esposo de Inés, Fortunato Prisciliano Sierra, explicará a los pobladores los hechos pues él desconocía la violación a Inés Hernández.

En la reunión también estuvo el coordinador de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos-Tlapanecos (OIPMT) Arturo Campos Herrera y el abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan Vidulfo Rosales Sierra.

La reunión, en idioma tlapaneco, duró casi una hora y Campos Herrera insistió con el comisario para que apoyara las denuncias contra los abusos del Ejército pues muchas veces se toman atribuciones que no les confiere la ley, “hacen las cosas al revés y no estamos de acuerdo”.

Mencionó que el 41 Batallón de Infantería al que pertenecen los violadores de las dos mujeres me’paa Valentina Rosendo e Inés Hernández se retiraron de Yerbasanta por las denuncias de la OIPMT ante organismos de derechos humanos y medios de comunicación.

“Recuerde que todos tienen esposas, hermanas y madres que podrían sufrir un hecho como el de ellas, deben defenderse porque nadie lo va a hacer por nosotros”.

Reconoció que algunos comisarios no quieren denunciar irregularidades porque reciben amenazas de los militares y son a quienes se dirigen cuando buscan guerrilleros.

Otro miembro de la OIPMT, Cuauhtémoc Ramírez, pidió al abogado de Tlachinollan Vidulfo Rosales Sierra, que explicara con base en la Constitución los derechos de los indígenas como el libre tránsito sin tener que identificarse ante ninguna autoridad.

Rosales Sierra en cambio les leyó las obligaciones y limitaciones del Ejército, pues la Constitución establece que ninguna autoridad puede entrar a una propiedad privada sin una orden de aprehensión o de cateo de un juez de primera instancia.

Explicó que el comandante militar que esté a cargo de la operación que vayan a realizar en el poblado se debe identificar con nombre y rango y debe entregar por escrito o leer al comisario municipal el nombre de la operación y la razón de su presencia en el poblado. Sin embargo ninguno lo hace.

Finalmente, la asamblea acordó que se reuniría nuevamente el jueves y viernes, para analizar el problema y definir la posición.

Las denuncias

Durante la visita y antes de la asamblea indígena, algunos campesinos denunciaron ante el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan que los militares cortan las mangueras con las que se abastecen de agua, dañan sus cultivos, los amenazan con sus armas y roban algunas de sus pertenencias para revenderlas en otros poblados.

El campesino José Margarito Aurora recordó que en octubre del año pasado un grupo de 18 soldados, del 48 Batallón de Infantería, con sede en Cruz Grande, estuvieron en Barranca Tecuani con una lista. Visitaron casa por casa llamando por su nombre a los hombres y preguntando por otros que no eran conocidos del poblado. Luego del interrogatorio, otro de los militares tomaba fotografías del campesino entrevistado en su casa.

Valentín Silva Mejía abundó que él fue otro de los entrevistados por los soldados en esa fecha. “Venían un sargento y un mayor, los reconozco porque sé de los rangos y me preguntaron por el comisario”, éste reviró preguntando para que lo querían, el militar no respondió y en cambio le pidió que lo acompañara y en la conversación le preguntó sobre campesinos que pertenecen a grupos armados o que se dedican a la siembra de amapola y mariguana.

Silva Mejía volvió a responder: “Aquí no hay de eso, aquí todos sembramos para vender, jamaica, la milpa pero no mariguana ni nada de eso”. Según recordó se trató de una conversación tranquila, sin presiones ni ostentando armas para hostigarlo.

Otros indígenas de Barranca de Guadalupe –que también acudieron para denunciar ante la ONG los abusos– señalaron que también en octubre estuvieron en su poblado preguntando por encapuchados.

El campesino Ramiro Loria Crescencio recordó que estuvieron días antes del interrogatorio para entregar despensas a las mujeres y juguetes a los niños “para borrar la mala imagen del militar y que les dejemos de tener miedo”.

Sin embargo agregó que después la actitud de los soldados ya no fue amable pues cuando pasan por los sembradíos cortan fruta o sus productos y algunas veces los amenazan. Indicó que hace tres días, los militares cortaron las mangueras a través de las que se abastecen de agua y riegan sus cultivos.

Luego de la plática con los representantes de Tlachinollan, el campesino Jesús García Soto los invitó para denunciar el robo de su bomba aspersora, misma denuncia que ya hizo ante la Codehum y el agente del Ministerio Público.

En el camino Margarito Aurora recordó que el sábado –el mismo día del robo de la bomba aspersora– regresaba por la calle principal del poblado a su casa y a 50 metros un grupo de soldados que estaban en la sombra de una parota se levantaron y le apuntaron con los rifles.

Para evitar enfrentamientos o que accionaran sus armas, cambió el camino y tomó una vereda que conduce a la casa de su primo Fortunato Prisciliano, esposo de Inés Hernández.

Al llegar a la casa de García Soto y luego de su denuncia, Silva Mejía agregó que otro grupo de soldados pasó por su casa con cinco encapuchados, “al parecer de los mismos militares” pues según dijo no iban amarrados y caminaban al mismo ritmo que los militares.