Son policías comunitarios para defender a sus familias

* Han visto cómo asaltaban a sus familiares y por eso decidieron ser parte de la corporación, revelan policías comunitarios * Recuperan la dignidad indígena con su proyecto de justicia y seguridad, señalan

Karina Contreras, enviada, San Luis Acatlán * Visten uniformes cenizos y remendados, portan armas viejas y huaraches gastados, traen la piel quemada y seca por el sol después de recorrer los caminos polvorientos de las comunidades; arrugas prematuras en los rostros jóvenes, ojos  cansados en los mayores y el mismo reclamo en la voz: “respeto a nuestro proyecto de seguridad”.

Son los policías comunitarios, hombres dedicados sin ningún sueldo a recorrer largos caminos para brindar seguridad  a sus comunidades, viviendo del vaso de agua regalado por alguien “que se apiada de ellos y les reconoce su trabajo”.

Hombres que decidieron ser policías comunitarios al ver maltratadas en algún asalto a sus mujeres, hijas, madres, por delincuentes que se jactaban de sus fechorías.

Hombres que tienen familias pero que se han comprometido con su comunidad. Hombres que están dispuestos a  “morir por su gente”.

Todos tienen casi la misma historia que los llevó a ser parte del Proyecto de Justicia y Seguridad Comunitaria, todos tienen un reclamó al gobierno “que ahora los agrede”.

Un policía comunitario de Tlaxca, de nombre Alfonso Morales, dice tener más de cinco años en la Comunitaria. Dice que se decidió ser parte de este proyecto porque en su comunidad había muchos asaltos, violaciones, les robaban lo poco que tenían y los judiciales no hacían nada. Dice no entender porque las agresiones del gobierno y el Ejército “cuando no le costamos nada”.

Calixto Catarino, otro vigilante campesino, dice que todos los que integrar la comunitaria es porque “vivimos los asaltos en nosotros o en la familia”.

Ellos forman parte de un grupo de nueve policías comunitarios que tienen su base en la comunidad Capulín Chocolate y además vigilan  Carrizalillo, Marquelia y Piedra Quebrada.

En ese momento ellos y otros cuatro compañeros resguardan la puerta de acceso a los almacenes del café donde se lleva a cabo el segundo encuentro regional por la defensa del Proyecto de Seguridad y Justicia.

Son personas muy renuentes a hablar con extraños y mucho menos de sus recorridos diarios por los caminos, de sus motivos de pertenecer a la Comunitaria, de su familia, del ser humano que vive diariamente el peligro de la muerte.

Ante la insistencia de hacer conversación sólo responden brevemente. Nunca permiten una conversación individual y la plática en grupo los va soltando poco a poco.

Uno de ellos comenta que a su hermana en un viaje a Marquelia la asaltaron y le arrancaron  con violencia los aretes. Otro cuenta cómo su hija –en ese entonces una niña de dos años– fue arrancada de los brazos de su madre para ser tirada a un lado, mientras que a su esposa le rompieron el frente del vestido “para quitarle su poquito dinero que llevaba”. Eso indigna porque la mujer “es sagrada”, dijo.

El gobernador –coinciden– “no nos quiere entender que la seguridad es importante para nuestros pueblos”.

Dicen que ellos no le quitan nada porque ni un sueldo reciben, “vea como andamos”, señalan.

“Tenemos un solo uniforme que tenemos que lavar en la madrugada para tenerlo listo para nuestro siguiente turno. Tenemos que caminar de una comunidad a otra por lugares montañosos”. Manifiestan que tal vez eso no le preocupa al gobernador, por que la seguridad él y la de su familia está asegurada con guaruras.

Al terminar la plática se reúnen con su comandante, pero queda claro que todos parecen coincidir en la misma historia: primero el maltrato a una esposa, hermana, hija, madre, un familiar o amigo por parte de la delincuencia vivida en esos ayeres; ahora la necesidad de buscar defender y hacer respetar un proyecto que a juicio de ellos les ha brindado la seguridad y la paz que dicen “el gobierno no les supo dar”.