Héctor Manuel Popoca Boone

Despojo inicuo de tierras

El régimen dictatorial de Porfirio Díaz cedió gran parte del territorio nacional a un grupo de terratenientes, al amparo de la ley de desamortización de tierras ociosas. Miles de pueblos rurales y comunidades indígenas vieron con impotencia cómo se les despojaba arbitrariamente de sus tierras; convirtiéndose en peones encasillados de las grandes haciendas de los latifundistas.
A lo largo de los años el descontento y la pobreza crecieron de tal forma que la base social para el estallido revolucionario de 1910 fueron los miles de desplazados rurales que a la postre dieron cuerpo a los ejércitos revolucionarios de Francisco Villa, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza.
Porfirio Díaz, su partido liberal y sus científicos, no midieron el gran daño social y económico que causaron al país en aras de modernizar discriminada y elitistamente la economía de México. Misma que en 1910 se desmoronó con un alto costo humano y material. El modelo de crecimiento económico con prosperidad de unos cuantos y pobreza de muchos, por su naturaleza explotadora y excluyente, tocó a su fin.
Ahora en 2014, el régimen federal presidencialista se empeña en ceder no solo la explotación económica de nuestros recursos energéticos a las grandes empresas transnacionales sino también las tierras que necesiten tomando como base las leyes secundarias de hidrocarburos y de la industria eléctrica que pretenden establecer. Estos proyectos de leyes contemplan la posibilidad de expropiar terrenos particulares, ejidales y comunales cuyos propietarios no quieran venderlas a las empresas energéticas.
El presidente Enrique Peña Nieto, el PRI-PAN, sus legisladores, sus tecnócratas y los grandes empresarios, están obnubilados por sus desmedidas y rapaces ambiciones económicas. No vislumbran el gran perjuicio que causarán al intentar, de nueva cuenta, arrebatarles tierras a las comunidades rurales e inhibir el crecimiento de otras actividades económicas, vulnerando aún más nuestra deteriorada soberanía nacional.
Prácticamente las grandes empresas petroleras y eléctricas dispondrán del territorio nacional, por encima de cualquier otro destino que el pueblo les pudiera dar; al otorgarles legalmente la prioridad en la adquisición de los mismos. Tendrán incluso el privilegio de comprar en especie o con servicios las tierras codiciadas. Seguramente el siguiente atraco jurídico versará sobre las tierras comunales y ejidales que posean yacimientos minerales.
Considero que los promotores de la reforma energética han ido demasiado lejos en sus pretensiones al hacer a un lado las gestas históricas del pueblo mexicano para reivindicar los derechos de la nación y del pueblo sobre su territorio, economía, recursos naturales y energéticos. Tienen amnesia histórica que resquebraja los cimientos que nos han proporcionado estabilidad social durante más de 70 años.
El quitar las tierras con subterfugios legaloides a sus actuales poseedores sociales por prioridades económico-empresariales de tipo particular conlleva riesgo grande de revuelta popular en los años por venir. Insisto: se olvida que el despojo agrario fue el motivo del alzamiento en armas de miles de campesinos sin tierras o de aquellos que fueron paulatinamente despojados de las mismas.
En Guerrero, de aprobarse estas leyes se abrirán legalmente las puertas para expropiar expeditamente las tierras comunales de Cacahuatepec para construir las presas hidroeléctricas de La Parota y la de San Juan Tetelcingo en el Alto Balsas, aún en contra de los pueblos indígenas y mestizos que ahí habitan.
La pregunta es: ¿Se dejarán los comuneros que les arrebaten sus tierras a cambio de cuentas de cristal? ¿Permitirán los hermanos indígenas que los despojen de ellas para construir presas hidroeléctricas o explotar yacimientos minerales? ¿Permaneceremos los demás indiferentes y mudos ante este atraco patrimonial y social desembozado? ¡No más!
PD1. Lo$ diputado$ e$tan felice$ porque pronto de$ignaran al nuevo auditor e$tatal.

[email protected]