No está justificado el traslado de Suástegui ni hay pruebas del peligro a su seguridad en Acapulco, responde Tlachinollan

*El abogado del vocero del Cecop, Vidulfo Rosales, señala que con el traslado a Nayarit, el gobierno del estado busca entorpecer la defensa y alejarlo de su familia y de sus compañeros

Redacción

Acapulco

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, afirmó que el traslado del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Súastegui Muñoz, no está justificado en el expediente, en ningún momento su integridad estuvo en peligro por permanecer en un penal en Guerrero ni hay pruebas que lo avalen, sino que el gobierno estatal trata de entorpecer su defensa, alejarlo de su familia e imponerle “un castigo ejemplar” como ha hecho con otros luchadores sociales.
Señaló que urge que el Poder Judicial de la Federación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hagan contrapeso porque el gobierno “dizque de izquierda” de Ángel Aguirre Rivero está reeditando “esquemas represivos” de la década de los 70 para encarcelar en penales de máxima seguridad a opositores políticos violando sus derechos y sin que la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos estatal (Codehum) intervenga.
Consultado vía telefónica, reiteró que el traslado a Tepic, Nayarit fue ilegal, desestabilizó a la defensa y los abogados continúan sin saber qué juzgado está resolviendo la situación jurídica ni pueden  hablar con el vocero, y hoy partirán en su búsqueda.
Sobre las declaraciones del secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez, de que corresponderá a un juez definir si hubo desacato del amparo que solicitó la defensa y que fue “por su seguridad”, Rosales Sierra dijo que no está justificado en el expediente, en el oficio al juzgado no se explican las causas, ni hay elementos objetivos o pruebas para acreditar que su presencia en un penal del estado lo ponía en riesgo.
“Son apreciaciones subjetivas que tiene, que hace el secretario de Seguridad Pública; evidentemente, el traslado representa una complicación a los derechos de defensa adecuada y a los derechos de familia”, señaló el defensor, y expuso que desde 2012 la Corte Interamericana Derechos Humanos (CIDH) estableció que los traslados a largas distancias del domicilio violan los derechos humanos “más allá de la argumentación que ellos quieran dar”.
Dijo que el traslado se le impuso “como un castigo ejemplar” por su posición política, su liderazgo, por tener una voz disidente y de lucha por los derechos de los pueblos de Cacahuatepec que resisten el proyecto de La Parota y los “saqueos” de empresarios al río Papagayo.
Explicó que por vía del amparo existente van a cuestionar y reclamar la ilegalidad del traslado y confió en que el Poder Judicial de la Federación, por medio de los juicios de amparo, haga un análisis exhaustivo porque urge que ponga atención en estas graves violaciones, porque se están utilizando indebidamente los penales de máxima seguridad, que son para delincuentes de alta peligrosidad y no para luchadores sociales.
Recordó que el caso de Marco Antonio Suástegui es “el más aparatoso, el más violento”, pero no es el único sino que el gobierno estatal ha actuado de igual forma para trasladar a luchadores sociales y dirigentes como los de la CRAC.
“El gobierno del estado reedita los esquemas represivos que se vivieron (incluso en la etapa de Porfirio Díaz cuando el penal de Lecumberri, de San Juan de Ulúa) en la etapa de los años setentas, cuando se utilizaban para llevar a todos los opositores políticos”, señaló y consideró que la CNDH, la Codehum y los jueces de distrito pueden constituir un control para que obliguen a la autoridad a regresar al vocero a Acapulco.
Sin embargo, lamentó que el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno, diga que no pudieron ver el estado en que se encontraba Suástegui Muñoz porque cuando el visitador y la médica llegaron a La Unión ya no estaba, porque es evidente que se hizo para obstaculizar sus derechos y violando los tratados de la CIDH.
Señaló que tras la detención y ante el total hermetismo del gobierno, la defensa pidió la intervención de Navarrete Magdaleno para ubicar al vocero del Cecop, pero textualmente dijo “que estaba imposibilitado para conseguir información”.
Además, criticó el “acto desproporcionado de despliegue” de 200 efectivos del Ejército, la Marina, policías estatales y municipales, como informó el secretario de Seguridad Pública Estatal, que resguardan los pozos de la CAPAMA en el río Papagayo para evitar que sean tomados por los comuneros, y que además invade el territorio indígena.
“El presidente de Acapulco y el gobernador del estado de Guerrero debieran de utilizar ese despliegue policial para revertir los problemas de inseguridad que tanto padecen en Acapulco y que tanto padecen en el estado de Guerrero, la Tierra Caliente, es incontrolable la inseguridad pública”, exigió.