Investiga el MP militar atropellos de soldados en la sierra de Petatlán

 * Llamó la Procuraduría castrense a declarar a los civiles afectados por la irrupción de efectivos del Ejército el 16 de julio del año pasado, que interrogaron bajo presión a la familia del campesino Rodolfo Cabrera González, incluso a tres niños

 Maribel Gutiérrez, enviada, Rincón del Refugio (primera parte) * Un agente del Ministerio Público Militar visitó esta comunidad de la sierra de Petatlán para investigar la denuncia contra efectivos del Ejército que el 16 de julio de 2001 irrumpieron con violencia en la casa del campesino ecologista Rodolfo Cabrera González, presuntamente para detenerlo, y bajo presión interrogaron a su esposa, María del Carmen Avila, y a tres de sus hijos: Heriberto, de 15 años, Alma Delia de 12 y Jazmín de 10.Este 19 de marzo, como a las 3 de la tarde, llegaron los militares a bordo de un Hummer con una ametralladora arriba y al centro del vehículo. Se estacionaron frente a la escuela primaria, donde tendieron su campamento.El militar que iba al frente de la operación fue a buscar al comisario, Fidel Bahena Ortiz, para informarle de su presencia en el lugar, y como no lo encontró fue a la casa de la familia afectada, para informar que iba a investigar la queja por los hechos de julio del año pasado, y pidió reunirse con las mujeres y los hombres que presentaron la denuncia ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), que a su vez la turnó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) porque la queja es contra una autoridad federal.

La esposa de Roberto Cabrera, María del Carmen Avila Cortés, pidió a los militares que le dieran tiempo para decidir si los convocados se reunirían o no con ellos. Finalmente, la familia decidió que sí se presentaran a declarar los que estaban: Carmela y sus hijos Heriberto y Alma Delia.Los afectados pusieron la queja ante las comisiones de derechos humanos, con el interés de que sean éstas las que investiguen las violaciones cometidas por los efectivos militares. La familia no confía en que los militares puedan esclarecer los hechos y castigar a los culpables. Pero como los militares ya estaban en el pueblo, esperando a los comparecientes, los afectados aceptaron ir a declarar, y pensaron que después de practicar las diligencias los militares se irían de inmediato.

Esperaron el regreso del comisario que estaba en la cabecera municipal de Petatlán, a unas cuatro horas de distancia en cuatrimoto, único vehículo que llega hasta esta comunidad por una brecha descompuesta por la que no pasan camionetas civiles pero sí los Hummer del Ejército.

El miércoles 20, después del medio día, el comisario Fidel Bahena fue al campamento para saber el motivo de la presencia militar. Le explicaron que fueron a investigar la denuncia que pusieron en la CNDH por los atropellos del 17 de julio del año pasado, y pidieron ayuda para citar a 12 personas.

Entre los citados están cinco campesinos ecologistas que tienen órdenes de aprehensión por delitos “inventados” por un ganadero identificado como el cacique de la comunidad, Faustino Rodríguez Sánchez, quien ha acusado a los ecologistas de El Rincón del Refugio de “encapuchados”, miembros de grupos guerrilleros, y con esto ha hecho que el Ejército venga a reprimir.

Los ecologistas perseguidos son Rodolfo Cabrera González, Rogelio Carrillo Mendoza, Roberto Cabrera Torres, Eutiquio Cabrera González y Palemón Cabrera González.

Ellos no se presentaron ante el agente del Ministerio Público militar a declarar sobre los hechos del 16 de julio del año pasado porque tienen órdenes de aprehensión, y temen ser detenidos por el Ejército.

También citaron a Huber Carrillo y María Cabrera González, que no fueron porque no estaban en la comunidad, al comisario, Fidel Bahena, y a los directamente afectados por la irrupción militar del 16 de julio de 2001: María del Carmen Avila y sus hijos menores de edad Heriberto, Alma Delia y Jazmín Cabrera Avila, de 16, 12 y 10 años.

 Castigar a los militares que cometen atropellos

 En el centro del poblado, frente a la escuela primaria, a la sombra de una higuera, a unos 20 metros del lugar donde instalaron su campamento, los militares tomaron las declaraciones de María del Carmen, Heriberto y Alma Delia.Pusieron unas bancas que pidieron prestadas de la escuela, y llevaron agua con sabor naranja. Los militares que participaron en la diligencia se quitaron sus armas, y retiraron del lugar la única que estaba a la vista.El agente del MP militar, licenciado y teniente de justicia militar Rafael Saldaña Julián, adscrito a la 27 Zona Militar con sede en El Ticuí, Atoyac, explicó que en México, en la Procuraduría de Justicia Militar, se abrió la averiguación previa SC/315/ 2001/III por los hechos del 16 de julio, con base en la queja que los afectados presentaron ante la Codehum y la CNDH.

Como tratando de despertar la confianza, indicó que los militares que estaban presentes en la diligencia pertenecían a la zona militar de Atoyac, no a la de Petatlán, a la que pertenecen los efectivos señalados como responsables de las violaciones a las garantías el año pasado, para evitar que los mismos intervengan en la investigación.

También dijo que vienen a investigar para saber qué pasó, y castigar a los militares que podrían ser responsables de los delitos de abuso de autoridad y violencia contra las personas, si es que se comprueban. Y hasta dijo que en el Ejército no quieren tener elementos que cometan delitos. “Yo estoy investigando qué personal militar cometió el ilícito que ustedes denunciaron, porque si se prueban los hechos van a ser castigados, porque a nosotros no nos conviene tener en el Ejército a ese personal”, dijo.

Lo que no aclaró es porqué la Procuraduría de Justicia Militar inició la averiguación previa sobre este caso antes de que la CNDH emitiera alguna recomendación; sólo dijo que la indagatoria se basa en el expediente de queja de la CNDH número 2001/1970.

En la comunidad se extrañó por el supuesto interés que dijeron tener los militares en investigar los hechos y castigar a los responsables, no sólo porque no tienen confianza en que así sea, sino porque el año pasado, después de que los afectados presentaron la queja ante la Codehum la CNDH, la Secretaría de la Defensa Nacional contestó mediante un oficio que no eran ciertos los hechos denunciados, y que en esa fecha no habían estado en esa comunidad efectivos del Ejército.

Después de esa respuesta, el 10 de septiembre de 2001, subieron a la comunidad visitadores de la Codehum y de la CNDH que vinieron a investigar y recabaron los testimonios de los afectados. Según el agente del MP militar, esto dio lugar al inicio de la averiguación en la Procuraduría castrense.

 En 2001, persecución militar a campesinos ecologistas

 A mitad de julio del año pasado, esta región de la sierra de Petatlán se vio afectada por la irrupción de efectivos militares en persecución de campesinos ecologistas miembros de la familia Cabrera.

El 14 de julio, en la comunidad de Banco Nuevo, Gerardo Cabrera González fue arrestado por soldados, con el engaño de que sólo lo llevarían a declarar ante el agente del Ministerio Público. Fue trasladado al cuartel del 19 batallón de Infantería en Petatlán, y ahí fue sometido a presiones y torturas por militares que le preguntaban por la gente armada de la comunidad y los que siembran enervantes.

Finalmente, los militares lo acusaron de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, y le sembraron un fusil AK-47 y una carabina 30-30, por lo que está a punto de recibir sentencia en el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Acapulco.

Dos días depués, el 16 de julio, los mismos militares se trasladaron a El Rincón del Refugio, donde irrumpieron en la casa de Rodolfo Cabrera González. Preguntaban por él, presuntamente para arrestarlo, como hicieron con su hermano Gerardo.

Roberto no se encontraba en su casa. Los militares presionaron y buscaron intimidar a su familia, para que dijera dónde estaba.

Los soldados rodearon la casa, preguntaron a Carmela, y a un trabajador de la familia, Catalino Solís González; después al niño Heriberto, a quien obligaron a salir de su casa apuntándole con un arma en las costillas, y a las niñas Alma Delia y Jazmín.