Pide la Codehum arraigar a dos ex jefes de la Judicial y a seis comandantes

* Son presuntos responsables de torturar y desaparecer a nueve personas * El ex director Jaime Figueroa y cuatro comandantes están involucrados con bandas de secuestradores y robacoches, señala el organismo * Aboga por la reinstalación del agente Francisco Cortés Pastenes

De la corresponsalía, Chilpancingo * La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) envió una recomendación al procurador general de Justicia, Rigoberto Pano Arciniega pidiéndole el arraigo domiciliario de seis comandantes, 13 agentes judiciales y dos ex directores de la Policía Judicial del Estado porque presuntamente son responsables de la desaparición forzosa de nueve ciudadanos.

El ex director de la Policía Judicial del Estado, Jaime Figueroa Velázquez, y cuatro de los seis comandantes a quienes se les menciona en esta  recomendación, están involucrados con bandas de secuestradores y robacoches, señala una averiguación previa (DGPA/076/2001) que iniciaron en agosto del año pasado la Codehum y la Procuraduría de Justicia del estado.

Figueroa Velázquez fue destituido del cargo luego de que el agente judicial Francisco Cortés Pastenes lo denunció en los medios de comunicación de que protegía a comandantes y agentes involucrados en bandas de secuestradores y robacoches.

Esas declaraciones provocaron que la Dirección de Averiguaciones Previas de la PGJE iniciara una averiguación contra el ex director de la PJE, y varios comandantes, entre ellos, Fortunato Zamora Paz, Manuel Castro Valente y Sergio Quezada.

En el documento que envió ayer la Codehum a la Procuraduría de Justicia del estado, hace responsables a los policías mencionados de la detención, tortura y desaparición de los ciudadanos, José Rodríguez Román, Faustino Jiménez Alvarez, Máximo Mojica Delgado, Alvaro Acevedo Parra, Oscar Acevedo Mendoza, Darvelio Cruz Villasana, Carmelo Salazar Gallardo, Agripino Bello Meneses y Rogaciano Rojas Rojas.

La Codehum, pide al procurador de Justicia que designe a un agente del Ministerio Público para que se encargue en forma especial de la búsqueda y localización de las 9 personas desaparecidas.

Este organismo, le pide al procurador de Justicia que de inmediato destituya a los comandantes Fidel Morales Vargas y Federico Peredo Jiménez, éste último ex guardaespaldas del secretario general de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve e involucrado en en robo de vehículos.

También recomienda a Pano Arciniega que no recontrate a los comandantes Víctor Manuel Castro Valente, Fortunato Zamora Paz, Raymundo Rodríguez Sánchez y Angel Castro Valente, así como a los ex directores de la PJE, Jaime Figueroa Velázquez y Edilberto Solís Ramírez quienes tienen recomendaciones en su contra.

Por su parte, los comandantes Víctor Manuel Castro Valente y Fortunato Zamora Paz, tienen órdenes de aprehensión por los delitos de lesiones, detención arbitraria, abuso de autoridad y robo.

El comandante Víctor Castro Valente, tiene 56 quejas en su contra en la Coddehum, y 42 de ellas han derivado en  recomendaciones a la Procuraduría de Justicia solicitando su destitución y enjuiciamiento penal.

En la misma recomendación, se le pide al procurador gire instrucciones para que se apliquen las medidas administrativas necesarias a favor del agente judicial, Francisco Cortés Pastenes, quien a principios de este año fue destituido del cargo por órdenes del procurador Rigoberto Pano Arciniega.

La lista de los efectivos que pide la Codehum sean arraigados e investigados por la Procuraduría de Justicia por su participación en la desaparición de nueve personas son los siguientes: Federico Peredo Jiménez, Fidel Morales Vargas, Arturo Sánchez de Tagle, Jaime Nicolás Cabañas, Manuel de Jesús Noriega Moctezuma, Julio Caballero Bello, Ausencia Palma Atilano, Narciso Arciniega Loaeza, Martín Molina Guillén, Bibiano Nahum Valdez Villalba, Juan Zavaleta Merlín, Ulises Guevara Antonio, Jorge Pinzón Cisneros, José Ulises Carapia Vergara, Javier Villalobos Martínez, Juan Carlos Miranda Castro, Alvaro Gallo Clavel, Felipe Moreno, Fernando Serna y Alfredo Camacho Millán.

En el punto dos de la recomendación se le pide al procurador de Justicia, adopte medidas administrativas y procedimentales necesarias para evitar que las personas involucradas en estos hechos, se sustraigan de la acción de la justicia, y así asegurar su consignación para ponerlos a disposición de los jueces competentes.