Héctor Manuel Popoca Boone

El gobernador no es el culpable

De ninguna manera se puede aseverar que René Juárez Cisneros tenga responsabilidad directa o indirecta del asesinato del empresario Javier Ibáñez. Es una acusación temeraria, injusta y desmedida.

Cierto es que él, como gobernante, debe velar por la seguridad, vida y patrimonio de los gobernados en general; pero es imposible exigirle que lo garantice, en específico, a cada uno de los tres millones de habitantes que tiene Guerrero. Máxime que todos sabemos que el entorno histórico de pobreza generalizada en que vivimos propicia y es caldo de cultivo de las acciones delincuenciales.

Repudiar y condenar el asesinato del empresario Ibáñez es actitud obligada de todos, al igual que lo es el crimen de un indígena, una mujer, un servidor público o cualquier otro ciudadano; sobre todo cuando se destacan en la lucha de algún aspecto benéfico para el conjunto social. Pero de ahí a que descalifiquemos al gobierno o al gobernador, francamente me parece que es una extralimitación o como lo dijo el arzobispo de Acapulco, un extremismo.

Debemos ubicar el homicidio en sus justas dimensiones. Si se puede enjuiciar al gobernador René Juárez por ese motivo, antes tendríamos que exigir el juicio político a por lo menos doce gobernadores de otros tantos estados de la República, que acusan índices de asesinatos anuales superiores a los de Guerrero.

Bien califica el senador Héctor Vicario de protagonismo inmoral, el que personas utilicen al difunto para allegarse puntos políticos a su favor. Que yo sepa, en vida, Ibáñez no contó con el acompañamiento activo y solidario de integrantes de su gremio en la lucha tenaz y solitaria que dio por descubrir y atrapar a secuestradores y exponer ante la opinión pública la colusión de intereses que tenían con algunos policías y jueces.

Este crimen no únicamente golpeo y lastimó a la familia y personas cercanas al empresario; también, en otro plano, al mismo gobernador; que en estos tres años de gobierno ha hecho hasta lo indecible para que su gestión gubernamental no se manche las manos de sangre.

La preocupación primera por la delincuencia y la impunidad con que ésta se presenta es la del gobernador del estado. Tengamos claro que éstas no nacen con su gobierno, sino que son lastres y lacras heredadas cuyo arraigo en el tiempo y los intereses creados han sido tan fuertes y poderosos que no es posible erradicarlos de la noche a la mañana.

Por otra parte, el licenciado Rigoberto Pano Arciniegas ha sido el único procurador de Justicia estatal, en muchas décadas, que valientemente ha presentado al Congreso local un informe insólito y sorprendente por lo veraz, crudo y descarnado de la situación interna, de suyo grave, que guardaba la institución de procuración de justicia que recibió: fenómenos de corrupción, simulación, relajamiento de la disciplina, contubernio, prevaricación, etc., en un contexto de precariedad presupuestal.

Pudo bien haber entrado también en la simulación y adoptar la política del avestruz. No lo hizo así por no convertirse en cómplice de semejantes irregularidades. Si es difícil combatir estas pústulas en otras estructuras institucionales, más lo es en esa que, como todo mundo lo sabe, ha estado de mucho tiempo acá, bajo subordinación de los dineros del mejor postor, en términos generales. Como dice el dicho popular, a Pano Arciniega no nada más le tocó bailar con la más fea, sino que además le resultó renga, chimuela y suripanta.

Que no nos hagan dar brincos, estando el piso tan parejo: ni hemos caído en la ingobernabilidad ni se ha roto el Estado de derecho. Los que quieren canalizar por esa vía la cuestión es porque quieren llevar agua a su molino político en forma aviesa. Exijamos sí, todos que continúe la reestructuración empezada en la Procuraduría Estatal de Justicia. Otorguémosle al procurador Pano Arciniega espacio, tiempo y entorno propicio y razonable para que haga su trabajo de limpia y no se siga protegiendo al malhechor mediante placa o a cambio de dinero.

El principal propósito de René Juárez Cisneros con esa institución es limpiarla para que de nueva cuenta esté al servicio eficaz de la procuración de justicia y seguridad de los ciudadanos, y de esta forma recobre la confianza perdida.