Jeremías Marquines

APUNTES DE UN VIEJO LEPERO

 Autonomía y moralidad  

 Este viernes el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero liquidará de facto la autonomía universitaria al desconocer a priori el dictamen que la Comisión de Garantías y Vigilancia –uno de los más importantes órganos de autogobierno de la UAG facultado para calificar una elección–, emitirá tras haber revisado las impugnaciones al proceso electoral de rector presentadas por Rogelio Ortega Martínez y reconocer, contra toda decencia y legalidad, el triunfo inmoral de Nelson Valle López.

Sin embargo, la decisión que tomen los integrantes del Consejo Universitario, sólo concluirá la labor de liquidación de la autonomía comenzada este martes por el rector Florentino Cruz Ramírez, cuando en una reunión privada, donde se cree también estuvo Nelson Valle, pidió la intervención ilegal del gobernador del estado, René Juárez Cisneros para que reconozca el dictamen fraudulento que emita el “máximo órgano” de gobierno de la UAG por el cual se pretende imponer como rector al personero del senador del PRD Armando Chavarría.

Ciertamente, también Rogelio Ortega llevó al Congreso del Estado, a la ANUIES y a la Codehum sus impugnaciones al proceso electoral de la UAG ante la indefensión en que quedó luego que los órganos electorales controlados por incondicionales del rector y Nelson Valle, le cerraron mafiosamente todos los espacios universitarios de impugnación.

Pero la diferencia entre pedirle a un gobernador “que se siente a toda madre” que respete la decisión del Consejo Universitario, y la solicitud hecha por Ortega al Congreso local para que se limpie la elección salvaguardando la autonomía es que la opinión del primero carece de legitimidad porque también él llegó a la gubernatura estatal tras un proceso electoral plagado de irregularidades y luego de un conflicto poselectoral con Félix Salgado (del que ahora ya nadie quiere acordarse). Y en el caso del Congreso, la petición es legal y procedente porque fue el Legislativo estatal quien calificó y aprobó la Ley de la UAG a petición del propio rector Florentino Cruz y la comunidad universitaria. Y hoy es a este mismo Congreso al que se le pide que haga cumplir lo procedente en la Ley de la UAG.

Entonces no se vale que sea el rector quien ahora, con amenazas porriles, trate de amedrentar la participación del Congreso local en un conflicto que su irresponsabilidad generó. No se vale que el rector advierta a los diputados que “piensen bien la determinación que van a tomar, porque si no agravarían más el conflicto poselectoral”. Y entonces qué, ¿la petición ilegal que hizo Cruz Ramírez a René Juárez para que se comprometa a respetar el dictamen del Consejo, no agravaría más las cosas? ¿Acaso eso no es entregar en manos del gobernador la autonomía de la universidad?

Así, si la Comisión de Garantías y Vigilancia –el único órgano de autorregulación que aún queda en la UAG con suficiente calidad moral– es desconocida, también se estaría desconociendo el dictamen que la Comisión de Honor y Justicia de la UAG emitió contra el ex rector Hugo Vázquez por haber defraudado a la universidad y pueblo de Guerrero con 24 millones de pesos.

Y es que la razón es simple y es cierta, las personas que integran la Comisión de Garantías son las mismas que forman las comisiones de Honor y Justicia y la Legislativa, y que reiteradamente han exigido la expulsión y la persecución penal contra el ex rector que usó los recursos de la UAG para beneficio propio o de grupo. Lo mismo que ahora, pero para beneficiar la campaña de Nelson Valle, hizo Cruz Ramírez.

Si la Comisión de Garantías y Vigilancia es desconocida y también su dictamen sobre el proceso electoral de la UAG, como ya lo hizo a priori y sin pudor, el secretario general Académico, Eduardo Pérez Rodríguez, quien afirmó este lunes que el dictamen “no tendrá validez porque (la tal comisión) no se constituyó legalmente” –cosa no cierta, porque como lo explicó el secretario de esta comisión, Arturo Ulloa Sánchez, el rector les entregó el nombramiento desde el 7 de enero y hay constancia de ello en los medios impresos de comunicación–, entonces se estaría dejando a los universitarios y a la universidad en un estado de indefensión absoluta y expuesta a los designios autoritarios y a la violencia del grupo que tiene secuestradas las leyes universitarias y que pretende a toda costa apoderarse y arruinarle el futuro a 60 mil universitarios.

Pero si el argumento del secretario Académico es que la Comisión de Garantías no existe porque no se aprobó en el pleno del Consejo Universitario, “porque se nos pasó a todos”, pero que tampoco, dice, fue “una acción premeditada”, entonces tampoco el Estatuto que debió regir el proceso electoral existe porque no fue publicado ni dado a conocer tal como fue aprobado, según exigencia de la Ley de la UAG, lo que viene a significar que el proceso electoral se llevó a cabo en la más absoluta ilegalidad, razón de más para declararlo inválido. ¿O no?

Si el Consejo Universitario este viernes valida sobre cualquier argumento legal y moral, una de las más sucias y burdas elecciones que se han llevado a cabo en la universidad de Guerrero, estarían abriendo las puertas para que otros órganos externos a la UAG, pero con mayor imparcialidad y más legalidad que la del gobernador, como son el Congreso, la ANUIES y la Codehum, intervengan para exigir la limpieza de una elección que revivió el cadáver de las indecencias, los abusos y el manipuleo de la leyes practicadas por el PRI cuando en este estado no existía más autoridad que la voluntad de los caciques en turno.

Si el Consejo Universitario da como ganador de una elección rufianesca a Nelson Valle por la simple razón de haber sacado más votos inmorales, la UAG estaría jugando el triste papel que jugaron desde siempre las instituciones electorales del Estado priísta, donde por sobre cualquier reclamo legal y moral de los partidos opositores, siempre se impuso la línea de apabullar a la oposición cerrándole cualquier resquicio de impugnación legal y moral e impidiéndole la defensa legítima de sus derechos, como ha ocurrido ahora en caso de Rogelio Ortega, donde la Comisión Electoral de la UAG,’ desconoció e impuso su criterio por encima de un órgano superior de supervisión como es la Comisión de Garantías y Vigilancia.

Si el Consejo Universitario juega este triste papel, entonces la UAG estaría dándole la razón a los caciques de Guerrero que, con el uso torcido de la ley o la razón de las matanzas, imponen su voluntad sobre la voluntad del pueblo. Si es así, este viernes asistiremos al nacimiento de una nueva universidad: la UG, cuya autonomía fue cambiada para llevar a rector al personero del amigo de los ex gobernadores Angel Aguirre y René Juárez, Armando Chavarría.

La contra. Hoy con la elección de la UAG volvemos a constatar que cada día menos las elecciones se ganan simplemente con votos. Porque los votos así llanamente, surgidos de la presión, el chantaje, la compra de conciencias y la inmoralidad no reflejan necesariamente la libre voluntad de las mayorías ni su aspiración de cambio. Los votos logrados así, la mayoría de las veces son el recurso legal de grupos caciquiles que contando con los medios suficientes y la complicidad de las autoridades justifican triunfos logrados con votos ilegales. Pero lo más grave es el cinismo conque la sociedad y los órganos de gobierno aceptan la imposición de personajes por la fuerza de estos votos inmorales que abortan toda intención democratizadora y abren la puerta a la anarquía violenta de los cacicazgos. Los jefes de la universidad ya decidieron, que paguen los estudiantes, que pague Guerrero. Ahí queda eso pues.