Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro

Impotencia ante la impunidad en Guerrero

El 11 de marzo de 2002 fueron asesinados con un arma de fuego AK 47 el empresario Javier Ibáñez Sandoval y su chofer Raúl Díaz Salgado, quedando herido uno de sus guardaespaldas. El nombre de Ibáñez Sandoval adquirió notoriedad cuando en 1996, después de que su hijo Oscar Manuel Ibáñez Reyes fuera secuestrado, emprendió una investigación privada para determinar el paradero de uno de los principales secuestradores en Guerrero, Pedro Barragán Rentería, presunto responsable del ilícito. Los resultados de la investigación privada efectuada por el empresario, fueron puestos a disposición de la Procuraduría del estado y sirvieron de sustento a dicha institución para aprehender y ejercitar acción penal contra varios miembros de la banda de plagiarios, incluyendo a uno de los principales cabecillas, Carlos García Castro, El Calilla.

Como suele suceder en la mayoría de estos casos en donde, ya sea por temor a sufrir represalias o por presunta colusión con las mismas bandas delictivas, el Poder Judicial del Estado hizo a un lado su principal finalidad de proveer justicia y determinó la no responsabilidad de El Calilla, razón por la cual éste obtuvo su libertad en el año de 1998. Ante tal situación, y con toda seguridad movido por la indignación e impotencia que este hecho significó en su búsqueda de justicia, Javier Ibañez decidió promover ante el Congreso del Estado, juicio político en contra de la jueza de lo penal María del Pilar León Flores y de los magistrados Jesús Martínez Garnelo y Miguel Maya Manríquez, juzgadores que en primera y segunda instancia, negaron la responsabilidad de El Calilla.

El Congreso del Estado determinó, por unanimidad de sus miembros, inhabilitar a los funcionarios judiciales que exoneraron a El Calilla. No obstante y a pesar de haber logrado la destitución de los juzgadores, la causa que promovió que el señor Ibáñez se abocara a la peligrosa tarea de  investigar  a una banda de secuestradores nunca fue lograda, puesto que no hubo sanción para los que privaron de la libertad a su hijo.

El homicidio de Javier Ibáñez, nuevamente saca a flote la situación que en materia de seguridad pública impera en el estado, principalmente por cuanto hace a los secuestros. El Ejecutivo estatal, la Procuraduría, el Poder Judicial del Estado e incluso el Poder Judicial Federal, han contribuido a que el clima de inseguridad e impunidad que se vive en Guerrero, llegue a extremos como los vividos el 11 de marzo, cuando Javier Ibáñez fue ejecutado. Lo mencionado públicamente por el Gobernador René Juárez Cisneros (que dicho sea de paso recuerda los argumentos utilizados por Rubén Figueroa después de la masacre de Aguas Blancas), en el sentido de que “En Guerrero estamos en paz; hemos disminuido en los últimos tres años los índices de delincuencia” o al señalar que “en el estado impera el Estado de derecho, porque la inseguridad en Guerrero no es grave”, contrasta grandemente con los más de 700 policías judiciales que, según testimonios de empresarios del estado que se reunieron con el Procurador Rigoberto Pano Arciniega para solicitar seguridad, están destinados a proteger a diversos funcionarios del gobierno de Guerrero, así como a sus familiares o con el anuncio hecho por el propio gobernador en el sentido de iniciar “una profunda y amplia reestructuración de la PGJE”; éstas son señales inequívocas de que los mismos funcionarios gubernamentales desconfían de las instituciones que presiden, lo cual demuestra el grado de descomposición que impera al interior del gobierno estatal, principalmente en el órgano encargado de procurar justicia, en donde el hilo que separa a los secuestradores de quienes supuestamente deberían estar encargados de perseguirlos, es cada vez más fino.

El Poder Judicial, tanto a nivel Estatal como Federal, también se ha encargado de aportar su granito de arena a favor de la impunidad. La actuación de los juzgadores del Poder Judicial del Estado que culminó con su inhabilitación por haber sido considerados por el Congreso Guerrerense responsables por la absolución de quienes secuestraron a Oscar Manuel Ibañez Reyes, no es el único ejemplo que existe del dudoso actuar de los órganos juzgadores. El caso de Ernesto Armijo Pastrana, demuestra la preocupante situación que se vive al interior del Poder Judicial del Estado. La familia Armijo, así como en su momento lo hizo la familia Ibáñez, han tenido que hacer frente ante el tendencioso actuar, no solo de la Procuraduría del estado, sino también de los Jueces, cuyas omisiones, en parte debidas a una deficiente integración de la averiguación previa por parte de la PGJE, están a punto de dejar en libertad a Diógenes Justo Herrera, Wenceslao Ramos Nieto, Antonio Rodríguez Mendoza y Francisco Herrera Morales, personas señaladas de ser los responsables del secuestro de Ernesto Armijo, ocurrido en Acapulco en julio de 1997.

En este caso, quienes se han encargado con sus resoluciones de absolver a los presuntos secuestradores, han sido el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal con residencia en Acapulco, Jesús Jiménez Saligán quien absolvió del delito de secuestro a Diógenes Justo Herrera, así como los magistrados Rufino Miranda Añorve, Edilberto Calderón Brito y José Luis Bello Muñoz quienes con su resolución absolutoria del delito de secuestro en segunda instancia, beneficiaron a Wenceslao Ramos Nieto, Antonio Rodríguez Mendoza y Francisco Herrera Morales, quienes únicamente están en prisión debido a que fueron encontrados responsables del delito Federal de Delincuencia Organizada, delito del que por cierto fue absuelto Diógenes Justo Herrera al concederle el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito un amparo definitivo. Curiosamente la magistrada ponente y quien redactó la sentencia que absuelve a Diógenes Justo, es la Lic. Xóchitil Gido Guzmán, misma que, en 1998, siendo Juez Segundo de Distrito en Acapulco, mantuvo ilegalmente detenidos por un lapso de 35 días, a cuatro indígenas mixtecos acusados de participar en los hechos de El Charco, en junio de 1998. Por lo visto, la forma de actuar de los juzgados locales y federales en Guerrero obedece, en la mayoría de los casos, a factores ajenos a la búsqueda cabal de la justicia.

Cabe resaltar que Sulpicio Armijo López y Ernesto Armijo Pastrana también han manifestado su preocupación por la liberación de los presuntos secuestradores, ya que existe temor fundado por su vida, integridad personal y seguridad jurídica, misma situación que viven los abogados José Ramírez Villalva y  Pedro Ramírez Millán quienes además de asesorar legalmente a la familia Armijo, también estuvieron participando,   a petición de Javier Ibáñez Sandoval, hoy asesinado, como asesores en la defensa legal ante los Tribunales de Justicia del Estado de Guerrero por el secuestro de su hijo Oscar Manuel Ibáñez Reyes. En este tenor, es responsabilidad absoluta del gobierno estatal, el otorgar las medidas necesarias para proteger la integridad física y psicológica de quienes, como la familia Armijo, la Ibáñez y sus asesores legales, han tenido que salir más de lo que quisieran a la luz pública, ante el nulo actuar de las instituciones gubernamentales del estado.

Ante todo lo anterior, tanto gobierno estatal como el federal, deben tomar medidas urgentes en el asunto. En primera, es primordial que la Procuraduría del Estado investigue y ubique a los autores materiales e intelectuales del homicidio de Javier Ibáñez. Pero eso es sólo un primer paso. La depuración de los cuerpos policíacos y agentes ministeriales coludidos con los secuestradores, la sanción y destitución de aquellos juzgadores negligentes cuya honorabilidad e imparcialidad esté en duda, la implementación de un programa de seguridad pública junto con la sociedad civil, la garantía de protección para aquellas personas que se han atrevido a denunciar los secuestros de que han sido víctimas, así como las corruptelas que imperan al interior de las instituciones y la persecución y sanción de las organizaciones delictivas dedicadas al secuestro, son requisitos indispensables para construir en la práctica, el verdadero estado de derecho que tanta falta ha hecho a la sociedad guerrerense.  De lo contrario, casos como el de Javier Ibáñez, seguirán dándose con total impunidad y sin que exista la más mínima respuesta por parte de las autoridades estatales.

Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” AC.

Marzo del 2002.