Académicos de Cataluña presentan la Carta Europea de Derechos Humanos

Aurelio Peláez  * Hace cuatro años, en Barcelona, un grupo de académicos y funcionarios introdujo en su legislación local lo que se conoce ahora como la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos. Se trata de llevar los principios de la Carta Francesa de 1789 y la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 a la vida del ciudadano de la calle, y de que se incorporen a esta las ampliaciones a estos derechos. A cuatro años, cien ciudades han suscrito dicha carta, casi todas europeas, a excepción de una latinoamericana, Porto Alegre, Brasil.

A invitación de Gloria Ramírez, coordinadora de la Cátedra UNESCO, de la UNAM, una delegación de la comunidad de Cataluña, España, estuvo ayer en este puerto para comentar la particularidad de esta Carta Europea de Salvaguarda de Derechos Humanos.

El encuentro se realizó en el auditorio del Centro Universitario Hipócrates. En esta delegación estuvieron el presidente del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, José María Bandrés; el director de Implementación de la Carta Europea, Ramón Miró, y el secretario de gobierno de la provincia de Barcelona, Joseph Marie Esquerda. Como moderador fungió el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Juan Alarcón Hernández, y como comentaristas, la síndica Adela Román Ocampo y la propia Gloria Ramírez. Estuvo el rector de esa institución Moisés Hernández Torres.

En el acto, la síndica Adela Román dijo que a pesar de que el ayuntamiento de Acapulco era un “gobierno de transición”, promoverá la discusión de esta carta en el cabildo, con el fin de valorar la posibilidad de adoptarla.

Bendrés, el ombudsman de Cataluña, afirmó que a pesar de la Declaración de Derechos Humanos y la incorporación de esta en las constituciones de los países, estos ordenamientos no tienen una aplicación práctica, y menos en países de Africa, de Asia y de América Latina. Por ello, está el reto de introducir el concepto de derechos humanos en el ámbito local, en la vida de los ciudadanos.

Explicó que la carta introduce un nuevo concepto de ciudadanía y establece que la ciudad es un espacio que pertenece a todos, y que el respeto a los derechos humanos es uno de los derechos principales.

El ombudsman de Cataluña sostuvo que la carta busca crear un espacio de convivencia entre los ciudadanos, y sobre todo que a partir de esta se pase de una democracia representativa, a una democracia participativa, además de buscar un hábitat satisfactorio para los derechos humanos.

Contó que la misma cuenta con mecanismos de prevención y se procura que los derechos humanos sean respetados por los poderes públicos locales.

Joseph Marie Esquerda, secretario general de la provincia de Barcelona, en tanto, señaló que la carta promueve mecanismos de participación política de los ciudadanos, del derecho de información y mecanismos de salvaguarda de sus mismos ordenamientos.

Agregó que además de que se consolidan los derechos de los ciudadanos a participar en las elecciones, se integran mecanismos de participación democrática, con el referéndum, los consejos y las audiencias públicas.

Se reconoce además el derecho del ciudadano a obtener información y cualquier tipo de documentos de las instituciones públicas, y mecanismos legales para hacer valer estos principios. Como medios para la salvaguarda de estos derechos, se encuentran las figuras del ombudsman, el defensor del pueblo, el síndico de agravios y la figura del mediador.

Ramón Miró, el director de Implementación de esta carta, dijo que esta es una referencia a los clásicos de los derechos humanos, pero que la misma da una orientación hacia los ciudadanos.

Destacó en este programa lo que se llama Derecho de Proximidad, que son las diversas vías para que el ciudadano tenga una real posibilidad de participación en la vida de su municipio.

Esta es una garantía que le permite participar y buscar soluciones tanto a problemas vecinales como a los de índole urbana. En el capítulo de urbanismo, se garantiza a los ciudadanos tener una ciudad urbanizada, con el derecho de la racionalidad. “En Barcelona el municipio tiene la obligación de proporcionar al ciudadano los servicios de forma idónea y digna, y en su misma comunidad”.