Xavier Carreto A

Un crimen en contra de la sociedad

La ejecución que privó de la vida al empresario capitalino Javier Ibáñez es un crimen que afecta al conjunto de la sociedad guerrerense, pues representaba el esfuerzo de este distinguido ciudadano nuestro anhelo y esperanza por vivir en una entidad en donde la seguridad estuviera dada para todos los que aquí habitamos, lo cual desafortunadamente no ha podido proporcionarnos el gobierno estatal, cuya primera responsabilidad es garantizarnos un clima de paz y tranquilidad social, en donde se pueda convivir armónicamente.

El asesinato del señor Ibáñez no es, como dice el subprocurador Barreto, un evento aislado; son, lamentablemente, hechos que sistemáticamente se repiten en todo el territorio guerrerense ante la omisión y, en ocasiones, la participación de los propios cuerpos policíacos, de manera señalada los miembros de la Policía Judicial del Estado.

Las tropelías cometidas por los judiciales en contra de los ciudadanos propiciaron la salida del anterior ocupante de la Procuraduría de Justicia del Estado, Carlos Javier Vega Memije. En su reemplazo llegó el licenciado Rigoberto Pano Arciniega, quien provenía de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, pasando de ser titular del Poder Judicial a subordinado del Ejecutivo. Es a partir de este hecho que las cosas no empiezan bien ¿cómo se puede pasar de ser jefe a subordinado sin más? a menos que el tránsito haya sido de una a otra subordinación. Además, por otra parte, se sabe que la salud del procurador Pano no es la mejor para un desempeño tan estresante como el que tiene; tratar con las mafias enquistadas en la Procuraduría de Justicia, como el mismo lo ha reconocido no es precisamente un día de campo.

Si aspiramos a que la persecución del delito sea efectiva y la impunidad empiece a ser desterrada del suelo guerrerense, se debe comenzar por nombrar a un procurador cuyo perfil profesional, honestidad y amor por esta tierra sean las características principales para este quehacer, aunque no sea un amigo cercano del gobernador; y esta es una situación que al Ejecutivo estatal le debe quedar muy clara, lo esencial no es colocar a los amigos en los principales cargos, sino a quienes puedan servir  con pasión y lealtad a la sociedad guerrerense.

De nada sirve que al procurador de Justicia del estado lo nombre el Poder Legislativo a propuesta del Ejecutivo, si la mayoría calificada con la cual cuenta el partido del gobernador en el Congreso local hace lo que éste dice. Los ciudadanos esperaríamos que los señores diputados, particularmente los priístas, asumieran sus responsabilidades a plenitud -se olvidarán un poco de sus intereses particulares-, para que se nombrara en la Procuraduría de Justicia a un profesional a la altura de nuestra exigencia de vivir seguros.

La demanda de juicio político en contra del gobernador Juárez que solicitarán al Senado de la República los dirigentes y socios de las organizaciones patronales de la capital del estado es el resultado del hartazgo que tiene la ciudadanía ante el clima de inseguridad que se vive en la entidad.

No es solamente el asesinato de Don Javier Ibáñez lo que tiene preocupados y molestos a algunos sectores de la sociedad guerrerense, sino también la actitud del Ejecutivo al no atender reclamos sociales; asimismo, la obstaculización a la concreción de la Reforma Electoral para los comicios del 6 de octubre; el incumplimiento de acuerdos para apoyos económicos a los tecnológicos y a los proyectos de investigación; el uso de recursos públicos para elecciones internas de su partido; los problemas políticos irresueltos en algunos municipios; los secuestros atribuidos a los policias judiciales; el origen ilegítimo de su mandato constitucional, resultado de un proceso electoral muy cuestionado entre otros reclamos.

Por eso, sensibles ante estas demandas ciudadanas, se han sumado a la propuesta del juicio político al mandatario estatal, el candidato a la presidencia municipal de Acapulco por Convergencia Democrática, Luis Walton; los perredistas como el exsenador Cuauhtémoc Sandoval y el diputado local Juan García Costilla, quien ofreció llevar el asunto al Congreso local; el abogado del señor Ibáñez, José Ramírez Villalobos.

Tal vez por esto mismo, y siempre atento al acontecer guerrerense, el ciudadano mejor informado de México, el presidente Vicente Fox, no le dirigió la palabra al gobernador René Juárez, durante la comida realizada en este puerto con motivo del octagésimo quinto aniversario de la Concanaco, como lo consigna la crónica de Raquel Santiago  (El Sur, pág. 7, marzo 14, 2002).

Obviamente no todos cuestionan al gobernador Juárez, se cuentan entre sus defensores a los legisladores priístas Astudillo y Vicario, el primero incluso ofreció su respaldo en caso de que el asunto llegue al Senado. No podía ser menos el dirigente estatal priísta, Juan José Castro, quien llamó deshonestos y tendenciosos a los que ven la ingobernabilidad en la entidad.

Los bandos están bien definidos, por un lado los priístas para quienes los problemas de Guerrero sólo existen en la imaginación de los ciudadanos; y, por otro, quienes apreciamos que cada vez más los problemas de inseguridad, desempleo, pobreza, rezago educativo, desnutrición y prostitución infantil, entre los más lacerantes, continúan en ascenso, ante la incapacidad del gobierno estatal para resolverlos o, al menos, atenuarlos.

Los medios de comunicación nacional, entre otros el periódico Reforma, en su primera plana de este 13 de marzo, la periodista Carmen Aristegui, el noticiero matutino de TV Azteca, han dado cuenta de lo acontecido en nuestro estado, reconociendo la gravedad de la situación que se vive en Guerrero. Aunque algunos reporteros de medios locales, amordazados por el recurso público, descalifiquen a quienes han pedido el juicio político en contra del Ejecutivo Estatal.