Exige la Red Nacional de Derechos Humanos la liberación de Suástegui Muñoz

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) demandó que se garantice la integridad física y psicológica del dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, recluido en una prisión fuera de Guerrero.
Asimismo, demandó su libertad inmediata, que se revoque su traslado ilegal a un penal de Tepic, arbitrario y violatorio de sus derechos humanos, que se respete su derecho a una defensa adecuada y al debido proceso, y que se ponga fin a la persecución y criminalización contra otros dirigentes del Cecop.
Mediante un comunicado, denunció que su detención la semana pasada tiene el objetivo de debilitar el movimiento de la organización campesina que por más de diez años se ha opuesto a la imposición del proyecto hidroeléctrico La Parota, que recién se incluyó en el plan de reconstrucción del estado del Ejecutivo federal denominado “Nuevo Guerrero”.
Señaló que su aprehensión se suma a la larga lista de casos de criminalización de los movimientos sociales en el estado de Guerrero.
Recordó que el martes, después de que la Policía Ministerial puso a Suástegui Miñoz a disposición del Juez Décimo en Materia Penal de Primera Instancia y recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Las Cruces, fue trasladado arbitrariamente a otro Cereso estatal y después a un Centro de Reclusión Federal, violentando su derecho a la debida defensa.
También denunció que fue detenido con lujo de violencia por unos 15 policías, en su domicilio, y “una vez que lo sometieron, le espetaron que si oponía resistencia lo iban a matar”.
En el trayecto recibió varios golpes y amenazas, diciéndole que eso le pasaba por “andar de revoltoso”.
En el penal de Las Cruces en Acapulco, le negaron hablar con sus familiares o los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que desde las 10 de la mañana solicitaron a las autoridades penitenciaras y judiciales ver al detenido.
En el reporte de hechos de la organización civil de derechos humanos, se detalló que el juez Adolfo Vanmeeter Roque, les respondió que tomaría la declaración preparatoria del detenido por la tarde.
Pero cuatro horas después, a las 2 de la tarde, el mismo juez informó que el líder del Cecop había sido trasladado al Centro de Readaptación Social de La Unión, ubicado en la Costa Grande de Guerrero, “a pesar de que este funcionario tenía el deber de analizar exhaustivamente la legalidad de la orden de traslado, violentando los derechos del procesado, toda vez que es responsable de la libertad personal de Marco Antonio Suástegui”.
A pesar de que los abogados consiguieron un amparo de la Jueza Tercera de Distrito con sede en Acapulco, Lilia Maribel Maya Delgado, para que no fuera trasladado a un penal federal, “las autoridades responsables, actuando con perversidad y total hermetismo, trasladaron a Suástegui Muñoz al Centro Federal de Readaptación Social número 04 Noroeste en Tepic, Nayarit, dándole un trato de delincuente de alta peligrosidad”.
En este sentido, denunció que el traslado a una prisión federal es una grave afectación al derecho a una defensa adecuada, que reconoce el artículo 20 de la Constitución, pues en los hechos deja al detenido sin poder tener una comunicación fluida y constante con sus defensores.
Destaca que este mecanismo de castigo y represión ha sido usado en contra de otros líderes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), “desnaturalizando la misma finalidad de los centros federales de seguridad media y máxima, destinados para recluir a los presuntos delincuentes que más dañan a la sociedad”, y no para dirigentes de movimientos sociales. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).