Viene en las leyes de la reforma energética el despojo de tierras como en La Parota: Padierna

*Es una “extranjerización del campo”, porque los nuevos dueños serán empresas extranjeras, advierte la senadora del PRD. La detención de Marco Antonio Suástegui, parte de la criminalización de la lucha social, asegura

Redacción

La senadora Dolores Padierna Luna alertó a luchadores sociales y al Cecop que la reforma energética busca legalizar el despojo de terrenos y bienes sin intervención de la Procuraduría Agraria ni indemnización económica, volviendo a los campesinos “peones acasillados”.
Llamó a formar un frente común porque el PRD es minoría en el Senado de la República pero no afuera, y de aprobarse, en Guerrero el gobierno federal, las petroleras y la CFE no sólo construirán la presa La Parota sino también gasoductos, privatizarán el agua y explotarán los hidrocarburos.
Además, la vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRD exigió que el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, sea liberado inmediatamente y se permita que los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan establezcan contacto con él.
Anunció que el miércoles próximo presentará un punto de acuerdo en la Comisión Permanente porque la detención del dirigente del Cecop es parte de la criminalización a los luchadores sociales, de los delitos que “les inventan”.
“La tan anunciada reforma al campo que anunció Peña Nieto viene en la reforma energética; no se atrevieron a dejarlo tan claro, lo meten en artículos separados, sueltos, a lo largo de 21 leyes para que no se note, pero la verdadera privatización del campo viene en la reforma energética”, señaló, y agregó que es una “extranjerización del campo”, porque los nuevos dueños serán empresas extranjeras.
Consultada vía telefónica, afirmó que las leyes secundarias “tienen aristas extremadamente peligrosas en muchos sentidos, una de las más peligrosas es el despojo”.
Y subrayó que “las verdaderas autoras” son petroleras norteamericanas, porque “se ve claramente” que la redacción es muy similar a las leyes estadunidenses, y quien realmente las está “negociando” es el presidente Enrique Peña Nieto y las secretarías de Energía y de Hacienda.
Explicó que en varios artículos se encierra un procedimiento que legaliza el despojo sin tomar en cuenta las diferencias de condiciones entre los humildes ejidatarios, los empobrecidos indígenas, y las empresas internacionales que tienen “derecho de picaporte”, relación con el gobierno, trato con cabilderos y ni siquiera hablan lenguas indígenas.
Dijo que es sólo para “cubrir un requisito”, porque si no hay acuerdos, procederán a la expropiación alegando la utilidad pública de la exploración y explotación de hidrocarburos, la industria eléctrica, los bienes geotérmicos, mineros y gasíferos de todo el territorio nacional y los mares, además de que el agua será privatizada porque toda la que soliciten los concesionarios podrá ser entregada.
Precisó que si los ejidatarios o comuneros aceptan, las empresas petroleras o mineras recurrirán a un avalúo público y las de electricidad a un avalúo comercial, pero si no, les quitarán las tierras alegando utilidad pública, y ni siquiera recibirían indemnización monetaria, porque un agregado “que se negoció por fuera del Senado” hace unos 15 días incluyó que el pago puede ser en especie, quitarles las tierras y que los nuevos propietarios sean sus patrones para “volverlos peones acasillados”.
“Es un asunto muy indignante, donde no pasa la ley de derechos humanos, que establece en el artículo primero constitucional poner por delante los derechos humanos por encima de cualquier otro derecho; y también violaría la propiedad privada, que está consagrada también en la Constitución; viene la supresión, anula las facultades de la Procuraduría Agraria, simplemente para que no se meta, le quitan facultades, le quitan injerencia, seguramente para facilitarle el trabajo”, alertó.

En Guerrero, La Parota

“Así es, para eso es, es en todo el territorio, pero en el caso de Guerrero está muy direccionado hacia La Parota, donde la gente ha impedido la construcción de esta hidroeléctrica”, respondió a pregunta expresa de si estas reformas darían luz verde al proyecto de la presa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La ex diputada local del Distrito Federal y dos veces diputada federal alertó que las reformas buscan que los Bienes Comunales de Cacahuatepec acaten los acuerdos y si se oponen, merecerán multa.
“Una serie de artículos, casi, casi están pensados en todos los grupos organizados, en todas las organizaciones sociales que se organizan para defender sus terrenos, para defender sus manantiales, sus aguas, sus asuntos patrimoniales, sus árboles, su cultivo, su pertenencia histórica, su casa”, lamentó.
Precisó que uno de los artículos establece que las comunidades tendrían que pagar multas si deciden defender sus tierras y se oponen al ejercicio de la utilidad pública, por lo que no operarán la suspensión, el amparo ni las defensas.
Aseguró que de aprobarse, el gobierno federal y las empresas no sólo harán el proyecto de La Parota sino “muchísimos más”, porque de todo el sureste mexicano Guerrero es una de las tierras más ricas en el subsuelo y hay planes para construir gasoductos, utilizar las aguas para energía eléctrica y hacer pozos de extracción de energía geotérmica para sacar el calor de la tierra, dañando el medio ambiente.
A pregunta expresa de qué hará el PRD para tratar de cambiar el sentido de las leyes secundarias, Padierna Luna reconoció que son minoría en el Senado pero que al exterior, en todo el país, los perredistas son mayoría y “lo que estamos esperando es la reacción de la gente”.
Felicitó a las comunidades y las organizaciones sociales guerrerenses por los candados que han logrado hasta ahora para defender sus tierras, y los llamó a unirse, a sumar esfuerzos y formar un frente común “para evitar que este despojo se concrete”.
Dijo que la bancada perredista ya consensó que incluirán entre las causas de cancelación de los contratos la falta de consultas populares y que además sea requisito que las empresas cuenten con el consentimiento de los pueblos afectados, porque las consultas pueden estar amañadas, pero por el momento el debate está detenido hasta que se homologuen las leyes electorales en los estados con la reforma político-electoral.

Que liberen inmediatamente al vocero del Cecop

Sobre la detención y el traslado a un penal fuera del estado del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, la senadora exigió que el gobierno del estado lo libere inmediatamente y que permita a sus defensores entrar en contacto con él, porque su aprehensión, traslado y los delitos de los que se le acusa obedecen a la criminalización de los luchadores sociales.
Dijo que el miércoles presentará a la Comisión Permanente un punto de acuerdo para informar a los senadores sobre el caso y exigir que sea liberado.
“Es claro que es por eso, se le inventan delitos, se les inventan cosas ahí, tope donde tope, pero primero están los derechos humanos y el derecho humano a defender los bienes comunales, los intereses, en este caso el agua y la vida de la gente que depende de ese manantial”, sostuvo al mencionarle que organizaciones sociales han manifestado que su detención y traslado a Tepic, Nayarit, se debe a que encabeza la lucha del Cecop.
Consideró que esto es parte de la criminalización de la lucha social, a la cual los perredistas deben de oponerse duramente porque se busca no sólo criminalizar a los líderes sino meterlos a la cárcel y es “el colmo de los colmos”.
“Se está acudiendo a la violencia en contra de los dirigentes y los que defienden los intereses de pueblo, y no se está siguiendo el debido proceso, no se le puede acusar sin defensa, sus defensores deben de tener acceso al expediente, a hablar con él, a coordinarse para un debido proceso, una debida defensa”, concluyó.