“Estamos decididos a que nos maten, pero no vamos a ceder las tierras a nadie”: Cecop

*La detención de Suástegui no acaba con el movimiento contra la presa La Parota, asegura el vocero Felipe Flores

*El gobierno de Peña Nieto busca cómo imponerla sin consultar a los pueblos, advierte

*Viene en las leyes de la reforma energética el despojo de tierras, alerta la senadora Dolores Padierna

*No intervendrá políticamente para contribuir a la libertad del líder, responde Walton a defensores de derechos humanos y del medio ambiente

“Estamos decididos a que nos maten, pero no vamos a ceder las tierras a nadie”: Cecop

*La detención de Marco Antonio Suástegui no acaba con el movimiento en contra de la presa La Parota, asegura Felipe Flores. El gobierno del Peña Nieto lo que está buscando es cómo imponer el proyecto sin consultar a los pueblos, advierte el dirigente

Karina Contreras

Organizaciones sociales exigieron al gobierno federal y estatal la liberación del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a  la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, y advirtieron que con esa detención no han acabado con los comuneros porque el Cecop está en la lucha y seguirá defendiendo las tierras de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
En una concurrida conferencia de prensa, en donde estuvo entre ellos la diputada federal Rosario Merlín y la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino, el otro vocero del Cecop, Felipe Flores, descalificó la marcha que realizaron el viernes comuneros que iban encabezados por el propietario de la empresa gravillera Kimbar, Humberto Marín Molina, pues dijo que no son el pueblo sino gente a la que le compraron la “conciencia para decir cosas indebidas”.
Dijo que si el gobierno pretende que con encarcelar a Marco Antonio Suástegui va a acabar con el Cecop no será así, “el Cecop está en la lucha, la detención de Marco Antonio ha provocado la unidad de los movimientos sociales, porque lo que pretende hacer el gobierno no es encarcelar a Marco sino intimidar a la población, porque el gobierno del Peña Nieto lo que está buscando es cómo imponer el proyecto sin consultar a los pueblos, quiere quitar la tierra y está empeñado en quitar la tierra a los campesinos”.
“Desde aquí le decimos a Peña Nieto que no va a ser posible que decida por nosotros, porque nuestros pueblos están organizados, estamos decididos a que nos maten, pero no vamos a ceder las tierras a nadie”, dijo Felipe Flores.
Felipe Flores dijo que exigen al gobierno federal y estatal la liberación de Marco Antonio Suástegui porque “el delito que se le imputa no es justificación de llevarlo a una cárcel de máxima seguridad; lo que quieren llevándoselo fuera es que las organizaciones sociales no puedan hacer presión en contra de esas injusticias, ya que el gobierno cuando quiere fabrica delitos y los verdaderos culpables andan felices disfrutando su libertad”.
Sobre la protesta del viernes, Felipe Flores dijo que la gente de la comunidad de Parotillas desde un inicio siempre estuvieron en “contra de nosotros, porque protegen al de la tolva, a Marín, a la marcha fueron utilizados para agradecer la detención de Marco, pero no es el pueblo”.
Agregó el vocero del Cecop que sabe que hay más de 20 órdenes de aprehensión contra comuneros, que ya se están viendo los amparos, pero cuando el gobierno quiere callar al pueblo amenaza, fabrica delitos y se sabe que con amparo o sin él, si “te quieren detener se lo pasan por el arco del triunfo, no son respetados, y el ejemplo es que Marco tenía un amparo para no ser trasladado a la cárcel de máxima seguridad; no fue cierto que fue para proteger su integridad, porque de ser así quiere decir que se tiene un Estado fallido que no hay para dar seguridad a nadie”.

Se solidariza la OCSS

Mientras que la dirigente de la OCSS, Norma Mesino Mesino, dijo que se solidarizan y condenan enérgicamente la forma en que el gobierno quiere acallar a un pueblo organizado.
Dijo que la lucha social ha sido castigada en este gobierno “de muerte” de Ángel Aguirre, donde más de 13 luchadores han sido asesinados de manera cobarde.
Y preguntó cuántas personas de diferentes organizaciones están en cárceles de alta seguridad, “en cárceles de exterminio, la forma en que está acabando a la lucha es una forma de lesa humanidad, como organización estaremos cerca de las organizaciones como el Cecop por defender el derecho a la tierra”.
Mesino Mesino –hermana de Rocío Mesino, asesinada hace ocho meses– dijo que la detención de Marco Antonio Suástegui y de Nestora Salgado, comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, y mandarlos a una cárcel de exterminio es una “forma también de matarlos”.
Recordó que el asesinato de su hermana sigue en total impunidad, “hay una relación de complicidad del Estado con los grupos paramilitares, con los grupos caciquiles, con los policías ministeriales y los MP. El gobernador los está protegiendo y por eso esa lentitud y ese silencio”.
Finalmente dijo que demandan la liberación de Suástegui Muñoz y que regrese al estado para que aquí se lleve su proceso y se ponga en libertad, así como de todos los que están presos en cárceles de alta seguridad.
Por su parte, la diputada federal del PRD, Rosario Merlín García, dijo que exigen un alto a la criminalización de los luchadores sociales, de los defensores de los derechos humanos y la libertad del vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui, así como el esclarecimiento de los homicidios de los luchadores sociales.
Añadió: “Desde aquí exigimos al gobierno de Enrique Peña Nieto que el hecho de criminalizar la lucha por su campaña que se viene para descabezar los movimientos no es buena estrategia, ya que va a provocar el levantamiento por la defensa de las tierras”.
Y por eso exigen la libertad de los presos como Marco Antonio Suástegui y Néstora Salgado, dijo.
La diputada federal señaló que el delito que le está poniendo al vocero no es para que se lo hayan llevado a una cárcel de máxima seguridad y que los verdaderos delincuentes están protegidos por “solo Dios sabe quién, porque los cuerpos policiacos no los pueden atrapar”.
Indicó que el gobierno del estado debe rectificar el proceso, que regrese a los detenidos a Guerrero, y si se cumple con justicia deben ser liberados inmediatamente.
Sobre la postura de algunos perredistas como la del aspirante a dirigir el PRD nacional, Carlos Navarrete, la diputada dijo que esa no es una postura del partido y “exigimos que se retracte, porque ellos ni siquiera saben y ni viven lo que estamos viviendo en el estado; decimos que no se va a hacer la presa La Parota y si lo quieren intentar vamos a sumarnos muchos que estamos por la defensa de los recursos naturales del estado y le decimos a Peña Nieto primero nos mata o nos encarcela”.
Mientras que el ex diputado y abogado Rómulo Reza calificó como muy grave que un luchador social haya sido trasladado aun reclusorio de alta seguridad sin que existan fundamentos legales, sin que se haya dado cumplimiento a lo que marca la ley y el artículo 18 constitucional, que establece los procedimientos, causas y motivos por las cuales un reo debe ser trasladado a un penal de alta seguridad.
Señaló que tiene que ser en calidad de reo, no de procesado, y por ello con Marco Antonio Suástegui se violaron todos los derechos universales.
En la conferencia de prensa estuvieron diversas organizaciones sociales como el colectivo de organizaciones sociales Lucio Cabañas Barrientes, el Movimiento Alternativo de Guerrero, la organización de taxistas Cetig y el Frente de Masas Populares, entre otras.
Se deslinda Walton de la detención de Suástegui  pero dice que Acapulco no se puede quedar sin agua

“Acapulco no se puede quedar sin agua”, respondió el alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto, a las 70 organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente que exigen la liberación del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz.
En declaraciones al concluir el primer informe de la fundación Urge, que preside Nicolás Altamirano Navarrete y tiene su sede en la comunidad de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, el alcalde afirmó que el gobierno de Acapulco no intervendrá políticamente para la liberación del vocero del Cecop.
El viernes, unas 70 organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente exigieron que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el gobernador Ángel Aguirre Rivero; el procurador Iñaky Blanco Cabrera; y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado, Lambertina Galeana Marín, regresen a Marco Antonio Suástegui Muñoz a Guerrero y lo liberen inmediatamente.
También piden que se esclarezca la violación a “su derecho de defensa adecuada” y se garantice la protección de su familia y los integrantes del Cecop, explicando que el acoso e ilegalidad contra el vocero y otros integrantes se debe a la resistencia desde hace 11 años contra la imposición de la presa La Parota en defensa de sus tierras y de su forma de vida.
Del llamado de las organizaciones, Walton Aburto sólo dijo que “nosotros no estamos de acuerdo fundamentalmente en que dejen sin agua a Acapulco y nosotros eso no lo vamos a permitir”.
Insistió en que no permitirán que se bloqueen las tomas de agua, de donde se bombea el líquido que surte a Acapulco, “es algo que no vamos a permitir, vamos a seguir defendiendo eso, que debe haber agua para Acapulco”.
El aspirante a la gubernatura dijo que el gobierno municipal de Acapulco no intervendrá políticamente en la liberación del vocero del Cecop a pesar de la inconformidad que hay de los integrantes de la organización y las acciones que pudieran realizar.
Insistió en que es un tema ya judicial, en el que las autoridades administrativas “no podemos intervenir”.
Se le recordó que temas polarizados como este se han resuelto políticamente, pero en ese caso dijo que está fuera del alcance del municipio.
Después del evento el alcalde se trasladó a un restaurante cercano donde sostuvo una reunión con algunos reporteros de la capital que ya lo esperaban, a quienes les reiteró que sigue en espera de que la Auditoría General del Estado (AGE) haga públicos los resultados del órgano fiscalizador al ayuntamiento del puerto.
Respecto a la existencia de grupos de policías comunitarios en la zona de Cacahuatepec, dijo que están trabajando en la implementación del mando único, pero que llegado el momento dichos grupos se tendrán que ceñir a “lo que establece la ley”.
La normatividad establece que en los municipios en que opera el mando único no procede la existencia de grupos de policías rurales, comunitarias o ciudadanas.
Bajo esta circunstancia, dijo que en su momento también tendrán que ceñirse los grupos de policías ciudadanos incorporados a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). (Rosalba Ramírez García / Chilpancingo).