Polemizan magistrados de la Suprema Corte de EU sobre ley anti inmigrante

José Díaz Briseño / Agencia Reforma

Washington

La Suprema Corte de Estados Unidos examinó ayer en una audiencia la polémica Ley SB1070 de Arizona en la cual varios de su integrantes estuvieron receptivos a una cláusula que obliga a policías del Estado a revisar el estatus migratorio de quien sospechen resida ilegalmente en el país.
Sin que quedara clara su posición sobre otras cláusulas de la Ley de 2010, varios de los jueces cuestionaron la impugnación de la legislación hecha por Washington, que afirma que Arizona viola la supremacía federal en el tema migratorio.
Sin embargo, la Suprema Corte no emitirá su veredicto en torno al caso sino hasta finales de junio.
A la sesión de ayer asistieron ocho jueces de nueve, pues la magistrada Elena Kagan prefirió no participar por haber formado parte de la administración del presidente Barack Obama que impugnó la ley.
Los cuestionamientos contra el abogado general del gobierno federal, Donald Verrilli, por impugnar la provisión que pedía revisar el estatus migratorio de una persona, estuvieron liderados por tres de los cuatro jueces del ala conservadora de la Corte: John Roberts, Antonin Scalia y Samuel Alito; como es su costumbre, el juez Clarence Thomas no pronunció ninguna palabra durante la sesión.
“Todo lo que (esta cláusula permite) es notificar al gobierno federal que alguien está aquí ilegalmente; le dice que aquí hay alguien que es deportable. ¡Pero la discreción para perseguir ofensas federales de migración permanece enteramente con el gobierno federal!”, dijo Roberts.
Presidente de la Corte desde 2005, Roberts cuestionó duramente a Verrilli al decirle que su oposición a la polémica cláusula es simplemente una notificación y que el poder de deportación permanece con el gobierno federal.
“Me parece que el gobierno federal no quiere saber quien está o no está aquí (en el país) ilegalmente”, dijo el magistrado.
La Ley SB1070, copiada con variaciones en otros cinco estados, fue impugnada por el Gobierno de Obama basándose en la llamada “Cláusula Suprema” de que la Federación es quien regula la inmigración. Sin embargo, dejó fuera las preocupaciones políticas sobre discriminación racial.
“¿Un estado (como Arizona) no tiene el derecho de cerrar sus fronteras a gente que no tiene derecho a estar ahí?”, exclamó, por su parte, el juez Scalia.
Como muestra de que Verrili no tuvo éxito en su argumento, la juez del ala liberal Sonia Sotomayor intentó salir a su rescate, pero eso provocó el momento más embarazoso de la sesión.
“Usted puede ver que (su argumento) no se está vendiendo muy bien. ¿Por qué no intenta presentar alguna otra cosa?”, preguntó Sotomayor a Verrili, quien respondió que la Ley también tiene problemas de acoso y de rendición de cuentas.
Durante la sesión, otro juez liberal, Stephen Breyer, dio pistas de que podría apoyar la polémica cláusula de la Ley SB1070 si el sospechoso no fuera detenido más de un tiempo razonable. Ruth B. Ginsburg, también liberal, no indicó de qué lado simpatizaba.
La mayor parte de los jueces no presentó ningún argumento que pudiera sugerir qué pensaban de otras provisiones impugnadas de la Ley SB1070 –como el criminalizar a un indocumentado que busque trabajo en Arizona–, por lo que se prevé que en su decisión final la Corte cancele algunas partes de la Ley y autorice otras.
De lograrse un empate en junio, la decisión emitida en 2010 por la Corte Federal del Distrito de Arizona de cancelar las partes más polémicas de la Ley se mantendría.