Jesús Mendoza Zaragoza

Rumbo a La Parota

*Mi solidaridad  con Mariana Labastida, por su profesional servicio de informar.

Diversos hechos promovidos por el gobierno son indicios de una decisión política: imponer con toda la fuerza del Estado la controvertida construcción de la presa La Parota, detenida hasta ahora por amparos del tribunal agrario en favor de quienes se han opuesto a la construcción de la presa, cohesionados por el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop).
El primer hecho está inscrito en el Plan Nuevo Guerrero anunciado por el presidente Peña Nieto como respuesta global a los graves daños causados por la tormenta tropical Manuel y al añejo subdesarrollo que padece el estado de Guerrero. Entre las obras de infraestructura está “un proyecto hidroeléctrico en el río Papagayo”, descrito en dicho plan. Es clara la alusión a La Parota, que no fue llamada por su nombre en ese momento. De seguro hay una estrategia gubernamental para concretar este proyecto atendiendo a la oposición que despertó desde el principio entre los pobladores de la zona afectada y entre otros sectores locales y nacionales de la sociedad civil.
El segundo hecho es reciente. En el Senado de la República, en el marco de las leyes secundarias, las comisiones dictaminadoras han incluido un tema delicado y sensible para apoyar a las empresas que generan y venden energía eléctrica: la expropiación de las tierras que sean necesarias para el desarrollo de empresas de este sector, obligando a los poseedores o propietarios de las mismas a negociar los términos de la entrega de sus tierras. Se trata de la legalización de un verdadero despojo que, si se aprueba en el pleno de la Cámara de Senadores, va a generar muchos conflictos y daños graves al campo. En el proyecto de ley de la industria eléctrica, esta actividad tiene preferencia sobre cualquier otra. La transmisión y distribución de energía eléctrica se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquellas. Con estas leyes, ya no serán consultadas las comunidades y solo se procederá a despojarlas para beneficio de las empresas de la industria eléctrica.
Y el tercer hecho es la detención del vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui, a quien se acusa de diversos delitos, quien fue objeto de una serie de irregularidades para confinarlo en un penal federal ubicado en el estado de Nayarit. Lejos de sus familiares y de su defensa legal queda expuesto a condiciones de mayor vulnerabilidad, pues podía haber sido juzgado en Acapulco, hasta demostrar su inocencia o culpabilidad, en las mismas condiciones de cualquier otro ciudadano.
Como resultado, tenemos condiciones muy favorables para imponer a la fuerza, la construcción de la presa. Hay una decisión política, se están poniendo las condiciones legislativas y se pretende desmontar la movilización social que durante 11 años tuvo la capacidad para frenar dicho proyecto con la ley en la mano. Se trata de un proyecto fuertemente cuestionado desde diversas perspectivas, destacando la ambiental y la social.
La historia de esta imposición fallida hasta ahora, ha estado marcada por tantas irregularidades e ilegalidades promovidas por el gobierno federal y por la Comisión Federal de Electricidad, así como por sus operadores, que fueron tomadas en cuenta por los tribunales que han emitido órdenes de suspensión de cualquier acción encaminada a la construcción de la presa. Por otra parte, ha sido grave el daño que se ha causado a las comunidades de la zona afectada, sobre todo, de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, donde los operadores del proyecto de la presa repartieron mucho dinero para corromper a comisarios y a líderes naturales y para comprar votos en asambleas amañadas. Familias y comunidades enfrentadas y divididas ha sido el escenario desde entonces. Hay un panorama desolador en la región, que está compuesto por la crónica pobreza extrema, por el desastre causado por la avalancha del río durante la tormenta Manuel, que los pobladores atribuyen al manejo de la presa de La Venta, río arriba, y por la polarización social que se respira ahora.
Por otra parte, hay ya un acuerdo entre casi todas las fuerzas políticas, en favor de la presa. Hasta el PRD y la izquierda partidaria se han montado sobre el modelo neoliberal de desarrollo para alentar proyectos que tienen como principales beneficiarios al capital financiero internacional y a los sectores empresariales que serán favorecidos mediante contratos. El Estado y el Mercado se han vinculado para acrecentar un modelo económico excluyente, dejando a la sociedad, sobre todo a los pueblos originarios en la más cruda exclusión.
Me preocupan dos cosas en esta trama orquestada por las autoridades. La primera, es la suerte de las comunidades afectadas por el proyecto de la presa. El interés del gobierno nunca ha estado en las comunidades sino en sus tierras, aquellas han sido secularmente abandonadas a su suerte, a sobrevivir en condiciones de subdesarrollo y no hay quien las atienda en sus elementales necesidades. Una prueba es que siguen abandonadas y no han podido levantar ni sus viviendas ni sus cultivos después del desastre del año pasado. Y, por otra parte, la polarización social es muy grave en la región, lo que la hace más vulnerable. Se necesita una estrategia de reconciliación de largo alcance que les dé la fortaleza necesaria para sobrevivir y para levantarse. No hay derecho a imponerles un proyecto que va a acarrearles la muerte de sus sueños y de sus esfuerzos de vivir con dignidad.
La segunda cosa que me preocupa es la escasa respuesta social ante proyectos excluyentes como el de la presa, diseñados según un modelo de desarrollo que no favorecerá a las comunidades locales, ni siquiera a la sociedad en general, puesto que está pensado como un negocio y solo un negocio de los favoritos del régimen en turno. El Plan Nuevo Guerrero, que es un gran negocio y no un plan de desarrollo, es el contexto de la presa que no está pensada para el desarrollo local sino para abultar las cifras macroeconómicas de empresarios y políticos.
Está por venirse una avalancha de publicidad y de adhesiones a La Parota y no hay quien se ocupe de las comunidades afectadas por la pobreza extrema, por la polarización social y, si las cosas siguen así, por un proyecto que no respeta ni a los pobres ni el medio ambiente. Por todo esto, tendrán que venir tiempos de resistencia y tiempos de solidaridad, que deben despertarse en la sociedad civil.