Investiga el MP Militar la agresión a una mujer me’paa en Barranca Bejuco

* El miércoles 7, acudieron al sitio de los hechos el jefe del 41 Batallón de Infantería y un agente del MP militar * Al día siguiente levantaron los dos campamentos más cercanos a la comunidad y se retiraron las tropas * Los jefes militares ofrecieron presentar a los ocho soldados implicados en los golpes y violación a Valentina Rosendo Cantú

Maribel Gutiérrez Moreno, enviada, Barranca Bejuco * Un jefe militar del 41 Batallón de Infantería y un agente del Ministerio Público Militar visitaron esta comunidad me’paa, el miércoles 7 de marzo, para investigar la denuncia contra soldados de ese agrupamiento que golpearon y violaron a la joven Valentina Rosendo Cantú, a quien trataron de obligar a que dijera dónde están once “encapuchados”.

Al final, los militares se comprometieron a seguir la investigación, a localizar a los ocho soldados agresores, y a sacar a las tropas de la cercanía del pueblo donde durante más de un mes tuvieron atemorizada a la población.

El jefe del 41 Batallón y el agente del MP dijeron a las autoridades del pueblo que habían acudido a investigar la denuncia porque les llegaron órdenes de México, donde tuvieron conocimiento de la queja que el pueblo presentó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

De acuerdo con la versión del comisario, Ezequiel Sierra Morales, el jefe del 41 Batallón dijo que el problema de Barranca Bejuco ya estaba en los periódicos de México, Chilpancingo y Acapulco, y que por eso las autoridades del Ejército habían dado la orden de investigar.

“Sí puede ser cierto” lo que la agraviada denuncia, dijo el MP militar

Los visitantes, el coronel Ignacio Solano Gutiérrez, y el agente del MP militar, César Alejandro Rivera Castillo, ambos adscritos a la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, escucharon con atención las denuncias de la joven agraviada, y de las autoridades del pueblo contra la presencia militar.

Acudieron al lugar donde ocurrió la agresión a Valentina, el 16 de febrero, y en el arroyo donde fue atacada y violada por los soldados tomaron fotografías, grabaron el relato, e hicieron una reconstrucción de los hechos.

Al final, el agente del MP militar comentó a Velentina, a su suegra Felícita Sierra Morales, al delegado municipal, Ezequiel Sierra Morales y al representante de bienes comunales, Ocotlán Sierra Morales, que, por lo que vio, “sí puede ser cierto” lo que la agraviada denuncia.

Con una máquina de escribir que llevaban en una mochila, en el patio de la casa de los suegros de Valentina redactaron un acta, presuntamente con base en las denuncias que hizo la joven violada y en la observación del lugar de los hechos.

Al final, sin darle a conocer lo que escribieron, pero en el entendido de que se apegara a lo que declaró Valentina, le pidieron que firmara, y ella firmó, y también firmó el agente del MP militar.

La agraviada y las autoridades del pueblo pidieron una copia, pero los militares dijeron que regresarían en fecha próxima y les darían la copia, cuando tuviera los sellos y firmas que debe llevar.

Además, se comprometieron a localizar a los ocho soldados que participaron en la agresión a Valentina, dos de ellos los agresores y violadores directos, y seis que observaron sin tratar de impedir el delito, y presentarlos para que Valentina Rosendo los reconociera.

Sin previo aviso, el miércoles 7 de marzo, llegaron a Barranca Bejuco el coronel Solano Gutiérrez y el agente del MP Militar, Rivera Castillo.

Las autoridades del pueblo, Valentina y su suegra y campesinos del lugar, informaron el jueves 8 de esa visita.

Coincidían en que los jefes militares visitantes actuaron con respeto al pueblo y a Valentina, que los escucharon con atención, y respondieron a la demanda del retiro de las tropas. Esta actitud hizo pensar en que la visita de los militares puede ser un paso para que se haga justicia.

También, las autoridades preguntaron de dónde sacó el Ejército la lista de once indígenas a quienes acusan de ser los “encapuchados”, nueve de ellos vecinos de Barrranca Bejuco y dos de Acalmani, y manifestaron su preocupación por la seguridad de esos campesinos, entre ellos las autoridades del pueblo y en particular el delegado a quien acusaron de que tenía dos costalillas de armas.

Y los jefes militares oyeron las argumentaciones sobre la inocencia de los indígenas incluidos en la lista, (cuyos nombres llevaban ellos, tomados de la queja que el pueblo presentó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos ) y dijeron que no sabían, que iban a investigar de dónde salió esa lista, quién la entregó al Ejército.

“Yo sé todo lo que pasa en este pueblo, qué problemas hay, y sé que aquí nadie tiene armas, aquí todos somos humildes”, dijo a los militares el delegado municipal, Ezequiel Sierra.

Piden que investigue el Ministerio Público civil

El jueves 7 de marzo, las autoridades del pueblo, vecinos y la agraviada y su esposo, Fidel Bernardino Sierra, dialogaron con el coordinador de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos, Arturo Campos Herrera, y con Cuauhtémoc Ramírez, quien aapoya a la Organización, y analizaron la información sobre la visita de los jefes militares.

En principio, a los habitantes de Barranca Bejuco les quedó buena impresión de que hayan ido a tomar la declaración, a conocer el lugar de los hechos, que se hayan compormetido a localizar a los soldados responsables, y que se hayan ido las tropas de los lugares cercanos a Barranca Bejuco.

Sin embargo, acordaron pedir que la investigación la hagan las autoridades civiles, porque los agraviados son civiles.

Pedirán que el acta que levantó el agente del MP militar se integre a las investigaciones que haga el agente del MP del fuero común.

También pedirán que a los agresores se les castigue conforme a la ley civil, con todo rigor, y que se repare el daño a la joven agredida, y en primer lugar que se le dé atención médica especializada y psicológica.