Silvestre Pacheco León

CRONICA MUNICIPALISTA

 Agresión a la Selva Tropical de La Ropa por parte del Ayuntamiento

Dos errores en el mismo lugar, cometidos bajo la mal entendida autonomía municipal, tiene al Ayuntamiento de José Azueta a un paso de una nueva sanción por delitos ambientales.

Se trata de la zona de La Ropa, en el oriente de la bahía, en terrenos que el Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo comercializó, donde antes fueron plantaciones de cocotero y ahora lo ocupan palmeras y selva tropical de la llamada caducifolia, característica del ecosistema local.

En esta parte de la ciudad que el Fibazi anunciaba como uno de los mega proyectos más ambiciosos para Zihuatanejo, con marina y campo de golf, se están comercializando lotes de regular tamaño, que dejan de lado el propósito original para atención del gran turismo, en perjuicio de inversionistas que compraron bajo ese proyecto que se ha cambiado.

Con el cambio de uso del suelo autorizado por el cabildo y con el sustento del plano de urbanización registrado por el Fibazi, un grupo del círculo más cercano del actual gobierno municipal, con las facilidades propias de ese privilegio, ha adquirido en propiedad los lotes de mayor plusvalía y aprovechan su relación con el poder local para beneficiarse con obras de infraestructura que el ayuntamiento realiza, y que nada tienen que ver con las prioridades sociales de la ciudad.

Ya en otras colaboraciones hemos escrito sobre este caso, documentado hechos que merecieron sanción pecuniaria al ayuntamiento por incumplir con la normatividad ambiental.

Me refiero a la ampliación de la vialidad a La Ropa y a la pretensión de construir un puente vehicular atravesando el estero de mangles.

Después de las sanciones correspondientes, el ayuntamiento nuevamente reincide y ahora, en una situación inexplicable, se apresta a construir un nuevo estacionamiento y baños públicos en un terreno particular, en la zona cercana a las obras por las que ya fue sancionado el año pasado.

El delito ambiental en el que reincide el Ayuntamiento, está contenido en el Artículo 418 del Código Penal Relacionado con el Medio Ambiente, mismo que a la letra dice: “se le impondrá pena de tres meses a seis años de prisión y por el equivalente de cien a veinte mil días de multa”. Al que sin contar con la autorización que se requiera conforme a la Ley Forestal desmonte o destruya la vegetación natural.

El caso es sencillo: se trata de terrenos que aunque antes fueron huertas de palmeras, la selva tropical se renovó debido a la falta de labores culturales para el cocotero. Ahora ése recurso natural que forma parte de todo el ecosistema local, solamente puede tocarse si las autoridades federales lo autorizan. Eso vale incluso en el caso que nos ocupa donde existe ya un plano de urbanización registrado, incluso si se tratara de obras municipales. Sobre esto último vale la pena recordar que en el caso de la ampliación vial, el Ayuntamiento pretendió salir al paso de la Profepa mediante un amparo que finalmente perdió.

Los árboles de parota, quebrache, higueras, coacoyules, propios de la selva tropical se encuentran en el lugar, mismo que bordea el humedal conocido como estero de La Ropa.

Más allá de que alguien explique las razones por las cuales el ayuntamiento construirá obras de supuesto beneficio social en terrenos particulares, el caso es grave porque la reincidencia de la autoridad local en este tipo de delitos, exhibe el doble lenguaje que por un lado la hace aparecer como interesada en la defensa del medio ambiente y por otra se muestra como su enemiga, violatoria de la propia ley que tiene por encargo aplicar.

Los vecinos de La Ropa y los activistas de SOS Bahía, en cuanto se percataron de la destrucción de la capa vegetal, solicitaron la intervención de la Profepa, dependencia que para no dejar la costumbre, actuó a destiempo, cuando ya la destrucción estaba hecha.

Primero fue la falta de acreditación del inspector de la Profepa, adscrito a la oficina de Zihuatanejo, sin la cual no podía levantar el acta de clausura de la obra, luego, para seguir en la vieja costumbre, el acta la levantó mal, como para dar pie a otro tipo de arreglos.

En el proceso de clausura, el Ayuntamiento mostró, como siempre, su propensión al autoritarismo y a la impunidad. Cuando el martes 5 de marzo los inspectores de la Profepa se presentaron al lugar de los hechos, el director municipal de Ecología, quien siempre que puede pone el énfasis en que no es ecólogo, como si hiciera falta esa aclaración, explicó que él, efectivamente, extendió la autorización para el derribo de 5 palmas que eran un riesgo para la gente, que el Ayuntamiento está construyendo el estacionamiento y los baños públicos porque el presidente municipal es una persona que quiere el desarrollo para Zihuatanejo y que la destrucción de la capa vegetal está autorizada por el gobierno estatal por medio de la Propeg.

Con esos argumentos acompañados del ánimo disuasorio un numeroso grupo de empleados municipales, los inspectores de la Profepa desistieron de su intento de clausura. Y fue menester volver a hablar con su delegado para exigirle energía en sus acciones, para que al día siguiente los inspectores regresaran con instrucciones precisas de proceder a la instalación de los sellos de clausura.

Eran las 10 de la mañana cuando se presentaron en el lugar y procedieron al cercarlo con cinta amarilla de clausura y en ese momento no valieron amenazas, quejas, súplicas de nadie. Los inspectores cumplieron y se fueron. Pero no pasó mucho tiempo, quizá menos de una hora para que del Ayuntamiento mandaran refuerzos.

La consigna era quitar los sellos y proseguir con el trabajo de arrancar hasta las raíces de los árboles para borrar toda evidencia del delito. Cuando alarmadas, algunas de las personas miembros de SOS Bahía, regresaron al lugar con la intención de filmar el retiro de los sellos, el comandante de la Policía groseramente se los impidió tratando de quitarles la cámara fotográfica, bajo el argumento de que estaban obstruyendo el trabajo de la autoridad.

Los inspectores de la Profepa, cuando supieron de la violación de los sellos, en vez de indignarse y acudir de inmediato para confirmar el hecho, se mostraron temerosos porque conocieron el rumor de que el presidente municipal había dado instrucciones de detenerlos si insistían en la clausura.

Para conocer personalmente del caso, el delegado de la Profepa, Inocente León Pineda se comprometió a presentarse la tarde del miércoles. De lo que suceda lo conoceremos después.

Ahora solamente plantearemos las siguientes interrogantes: ¿Son las leyes obstáculo para el desarrollo?

Para el cumplimiento de las leyes ¿Tienen los municipios el principio de extraterritorialidad?