Esteban Dávalos Rueda

Desmitificando un rectorado

El rectorado de Florentino Cruz ha sido muy contradictorio. En su campaña se comprometió a restablecer la institucionalidad, priorizar el trabajo académico, ser respetuoso de las organizaciones gremiales y sobre todo realizar la reforma de la UAG. Pero, más allá de la retórica de campaña, rápidamente se impuso la real politik.

Por principio de cuentas concedió casi el 40 por ciento de la administración central al grupo de Acción Revolucionaria (incluyendo la Secretaria General Académica), con el objetivo de ganar estabilidad.

Como existía la necesidad de darle “juego” a fuerzas que apoyaron su candidatura, creó nuevas instancias administrativas al margen de la normatividad y sin que las aprobara el Consejo Universitario.

A pesar de su promesa, ha intervenido constantemente en las organizaciones gremiales, impulsando y apoyando a grupos y/o corrientes que se pliegan a las decisiones de la Rectoría.

La reforma integral de la UAG, se ha dicho, ha sido el logro más importante de Florentino Cruz. Sin embargo, es conveniente matizar esta información, pues la memoria histórica nos dice que rectores, candidatos, grupos y sectores, en múltiples ocasiones y momentos expresaron y difundieron la idea de la necesidad de reformar a la UAG, pues era un aspecto importante para legitimarse.

Durante el tercer periodo del doctor Wences Reza (1984-1987) se efectuó el Primer Congreso General Universitario. Pero no se procesaron sus acuerdos resolutivos.

El ingeniero Ramón Reyes Carreto (1987-1990) se propuso impulsar la “excelencia” académica y en ese periodo se efectuó el II Congreso General Universitario. Pero sus acuerdos tampoco se procesaron.

El doctor Marcial Rodríguez Saldaña (1990-1993), arremetió en contra del ex rector, Reyes Carreto, expresando que sólo había sido un sueño su propuesta de “excelencia  académica” y en ese periodo había habido decadencia académica. Este rector declaró que iniciaría “un profundo proceso de transformación académica”. Sin embargo, nunca cumplió y, lo peor, ya no hubo Congreso General Universitario.

Gabino Olea Campos (1993-1996) impulsado por el Frente Democrático para la Transformación Universitaria (FDTU), criticó al anterior rector, entre otras cosas por  haber relegado los acuerdos del II Congreso General Universitario y tener una actitud sumisa frente a la SEP y el gobierno del estado; planteó “confirmar una gran unidad para la modernización democrática de la UAG” y ratificó su “compromiso de impulsar la transformación académica de la universidad”.

Todas las promesas y compromisos de Gabino Olea fueron traicionados e incumplidos, pues el proyecto de ese rector fue construir un cacicazgo personal, apoyándose en el gobernador Rubén Figueroa Alcocer. Tampoco hubo Congreso Universitario y el peor arcaismo político se enseñoreó sobre la UAG.

Hugo Vázquez Mendoza (1996-1999), siguió la política de Gabino Olea y se enseñoreó la corrupción. Tampoco hubo Congreso Universitario.

Como la intención de Gabino Olea fue consolidar un cacicazgo personal, esto fracturó a su agrupación, Acción Revolucionaria (AR), por lo que no pudieron consensuar un candidato único y perdieron la Rectoría frente a lo que se denominó el Movimiento por la Transformación Universitaria (MTU), llevando como candidato al actual rector.

El arcaismo político y el corporativismo de los dos últimos rectorados llevaron a la institución al punto del colapso; el actual rector calificó esta situación de un “estado de barbarie”.

Por fin, con Florentino Cruz, llegó el momento de iniciar la reforma universitaria. Pero el proceso de reforma comenzó un año y medio después de que tomó posesión. Se intentó instrumentarlo, sin mucha discusión, a partir de un documento (el libro blanco) elaborado en lo fundamental por asesores externos; adolecía de un diagnóstico institucional y estaba plagado de contradicciones, por lo que fue rechazado por la mayoría de los universitarios. La discusión se abrió porque hubo grandes presiones de los colectivos académicos, y se realizaron foros por centros de trabajo y regionales.

El III Congreso General Universitario se efectuó en los primeros días de diciembre del año 2000. A este congreso se llevaron otros documentos, con nuevas propuestas, producto de las resoluciones de los foros mencionados.

Como la correlación de fuerzas no estaba muy definida, el rector (y su gente) maniobró para que los aspectos relacionados con el equilibrio de poderes y la limitación de las facultades del rector no prosperaran. Fue tal la maniobra que la plenaria del Congreso sólo avaló los resolutivos por consenso de las mesas de trabajo, sin poder discutir en el pleno el conjunto de resolutivos, por el temor de perder las votaciones.

Siendo importantes los resolutivos aprobados, tienen las siguientes debilidades: a) son resultados discursivos, que todavía no se convierten en realidad; b) muchos de los resolutivos son genéricos y no operativos; c) el rector sigue siendo, con acontecimientos menores, la autoridad máxima “real”; el modelo de organización académica no apunta a una red integrada sino a siete o más colegios; la opción de participación y representación deja intacto el corporativismo; el modelo de administración es contradictorio con el nuevo modelo académico.

La iniciativa de la nueva ley de la UAG también se vio acompañada por el intento de negar que se discutiera públicamente. A final se abrió la discusión y se aprobó el proyecto con leves modificaciones.

Lo peor de las contradicciones sucedió cuando inició el proceso para elegir al nuevo rector: proceso que se abrió con mucha anticipación debido a las luchas internas del Movimiento por la Academia y la Reforma (MAR) por definir lo que denominaron el candidato “oficial”.

La obsesión por seleccionar un candidato ad hoc al senador Armando Chavarría trajo como consecuencia el ninguneo de muchos cuadros prestigiados de su propia organización (el MAR). Esto provocó que los grupos que han exigido consecuencia con los planteamientos de la reforma de la universidad, se vieran fortalecidos y organizaron una gran fuerza opositora al candidato “oficial”, el Frente Amplio Universitario Guerrerense (FAUG).

En el actual proceso electoral el rector ha presionado y virtualmente comprado a muchos grupos y personas para hacer ganar a su candidato. Recién iniciado su periodo rectoral, despidió al personal de apoyo (confianza) de la pasada administración, pero al final de su rectorado los ha recontratado, porque ése fue el acuerdo al cual llegó con AR (entre otras cosas) para que apoyaran a su candidato a la Rectoría; ha otorgado categorías y tiempos completos al margen del procedimiento legal establecido; ha condicionado la entrega de material y equipo a las escuelas y centros; y ha derrochado muchos recursos en propaganda: todo con el objetivo de hacer ganar a su candidato.

Hoy, el proceso de reforma universitaria se encuentra totalmente paralizado (desaparecieron a la Comisión General de Reforma Universitaria, CGRU), pues el rector está ante todo, preocupado por hacer ganar a su candidato.

En el actual proceso se perfilan dos grandes tendencias: la primera apunta a concretizar el conjunto de resolutivos que consolidarían el nuevo proyecto de universidad. La segunda tendencia apunta a subordinar esos acuerdos a intereses corporativos inter y extra universitarios.

El rector Florentino Cruz perdió su capital político por apoyar esta última tendencia; convirtiéndose en el más grande saboteador de la reforma universitaria. Lo que evidencia que su actividad ha sido, principalmente, la de un político universitario (casi) profesional, que por sus prácticas corporativas, sus aspiraciones, formación, experiencia e interés se contradice con los fines institucionales y con los universitarios interesados en el quehacer académico.