No se giró ninguna orden contra policías comunitarios: León Aponte

* No hay ningún ultimátum del gobierno y el Ejército, dice el secretario de Seguridad * Se pretende sólo que la policía indígena actúe conforme a la ley, afirma

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * La propuesta de incorporar la Policía Comunitaria que opera en Malinaltepec, San Luis Acatlán y Azoyú a la Policía Preventiva Municipal o Estatal no responde a un operativo para desmantelar la guerrilla ni se trata de un operativo contrainsurgente, sino que el gobierno del estado pretende que actúen apegados a la norma jurídica del país, precisó ayer el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el Mayor Luis León Aponte.

En entrevista, el Mayor Luis León Aponte se refirió a la reunión que los comandantes de la novena Región y 35 Zona Militar, Mario López y Luis Orozco, respectivamente, sostuvieron el 26 de febrero con los comisarios municipales de la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas de la Montaña-Costa Chica, referente a sus situación jurídica.

Dijo que los acuerdos a que llegaron, y que se revisarán en un plazo de 30 días a partir del 26 de febrero, es que los comisarios municipales iban a consultar con sus comunidades las propuestas hechas por el gobierno estatal y los militares.

Esto es que deberían decidir si se incorporan a la Policía Preventiva Municipal o a la Estatal; si accedían, entonces los policías comunitarios deberían reunir los requisitos para su contratación como el examen antidoping, saber leer y escribir, carta de antecedentes no penales y cartilla del servicio militar.

En ese sentido, explicó el secretario de Seguridad Pública que el gobierno estatal es flexible y para incorporarse a cualquiera de las corporaciones policiacas, en el requisito de leer y escribir pueden solicitar el apoyo de la SEG para que extienda una constancia de estudios, aunque sea de primer año de primaria.

Sobre la carta de antecedentes no penales, dijo que las puede extender el comisario municipal.

Y de la cartilla militar, dijo que hay disposición del Ejército Mexicano para que los policías reciban la instrucción militar durante un año y en tanto pueden ser parte de la Policía.

De parte de la Secretaría de Seguridad Pública, dijo que podrían capacitar a los policías comunitarios desde utilizar armas de fuego hasta los métodos de prevención del delito, así como darles los uniformes y los permisos para portar armas.

En ese sentido desmintió que tanto la secretaría de Seguridad Pública como el Ejército Mexicano hayan dado un ultimátum a la Policía Comunitaria para que se desintegre y entregue las armas, como lo denunciaron los comisarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas.

Es más, rechazó que haya alguna orden militar –como se rumoró anteayer– en San Luis Acatlán, en las oficinas de la Policía Comunitaria, de que la comandancia haya dado instrucciones a sus destacamentos en la región para que detengan a los policías y los desarmen.

Reiteró que existe un plazo de 30 días para que la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas de respuesta a las propuestas del gobierno estatal, y eso lo están respetando.Esto no quiere decir que cumplido ese tiempo vayan a detenerlos, sino que de esa reunión debe emanar acuerdos y compromisos que todos deben repetar.

Aseguró el Mayor Luis León Aponte que en el gobierno de René Juárez Cisneros existe la disposición y la voluntad para buscar una salida legal al asunto de la Policía Comunitaria.

Incluso dijo que, si son invitados, están dispuestos a participar en los foros de discusión que organice el Congreso del Estado, pero que la posición del gobierno estatal es que “nada fuera de la ley”.

Negó que exista una política de endurecimiento de parte del gobierno del estado en contra del movimiento indígena, aduciendo que la convocatoria a la Coordinadora Regional obedece a la queja que hicieron habitantes de San Luis Acatlán de violaciones a sus derechos humanos al ser detenidos y sentenciados por la Policía Comunitaria.

Agregó que desde el inicio de la administración del gobernador René Juárez siempre han establecido que la Policía Comunitaria es anticonstitucional, y que debe dársele un marco legal. Y que en tanto no modifiquen la Constitución federal y local, las únicas coorporaciones reconocidas son la Policía Preventiva  y la Judicial.