Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan

Saldos de la desnaturalización del Ejército

 La militarización de La Montaña sigue cobrando su cuota de abusos contra la sociedad civil. Las operaciones en nombre de “la seguridad nacional” dejan como saldo víctimas inocentes. Hace menos de un mes se hizo del conocimiento público la denuncia que habitantes de la comunidad tlapaneca de Barranca Piña, en el municipio de Acatepec, hicieran sobre el hostigamiento que la institución castrense realizaba contra su comunidad (El Sur 7/02/02).

A menos de un mes (16 días para ser exactos) otra nota del periódico El Sur involucra nuevamente al Ejército en agresiones contra la población de ese municipio. En esta ocasión se trata de una violación sexual contra una menor de edad, hostigamiento y manejo de listas negras.

Los hechos de Barranca Bejuco deben investigarse por autoridades civiles que sancionen a los responsables conforme a derecho.

No es común que la gente tenga el valor de denunciar públicamente los abusos que la institución militar comete en su contra y hablar de dos denuncias en un mismo municipio en menos de un mes es un síntoma grave de que en la región se está viviendo un clima de persecución y hostigamiento. Hasta el momento tenemos conocimiento de dos casos pero siempre queda la pregunta ¿cuántos más habrá que no han sido denunciados por temor?

Independientemente de si se trata de la lucha contra el narcotráfico, la aplicación de la ley de armas de fuego y explosivos o la búsqueda de presuntos integrantes del EPR o ERPI, siempre son los campesinos indígenas las víctimas de las acciones militares.

Las acciones en Barranca Piña, Barranca Bejuco y el anuncio realizado por el comandante de la Novena Región Militar, Mario López, (El Sur 26/02/02 ) sobre la intención de desarmar a la Policía Comunitaria, y la propuesta de que el Ejército se sume a las acciones de la Policía Federal Preventiva y la Policía Judicial del Estado para combatir la delincuencia organizada (El Sur 12/02/02) son una clara muestra del proceso de militarización de La Montaña y del estado. El 11 de febrero el mismo Mario López declaró que se tienen planes de contrainsurgencia y contra delincuencia (El Sur 11/02/02).

La militarización en tiempos de paz es el resultado de una política de Estado que se ha implantado de hecho, sin que los legisladores intervengan para acotar las facultades de la institución castrense.

Desde el gobierno de Miguel de la Madrid se estableció una “agenda de amenazas a la seguridad nacional” y a finales del gobierno salinista se intentó establecer un consejo de seguridad nacional para la coordinación de todas las instancias y dependencias cuyas funciones estarían vinculadas con la seguridad del Estado, incluyendo las fuerzas armadas, en una forma no prevista por la Constitución.

En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, del gobierno de Zedillo propuso garantizar la seguridad nacional y el imperio de la ley, y el Senado de la República aprobó la ley general que establece las bases de la Coordinación del Sistema de Seguridad Pública con la que se le da entrada a las fuerzas armadas en asuntos de índole exclusiva de la autoridad civil. Se define el concepto de seguridad pública como sinónimo de seguridad interior y lo que es más grave, seguridad del Estado. Esto abre amplios espacios a la participación discrecional del Ejército, desnaturalizando sus atribuciones.

La participación cada vez más frecuente del Ejército en acciones de competencia civil, y la discrecionalidad con que actúa la institución castrense, dejan a los sectores más desprotegidos en un estado de total vulnerabilidad en sus derechos, y nos muestran que las políticas gubernamentales continúan encaminadas a fortalecer un estado autoritario, pues una democracia plena no mezcla las instituciones civiles con las militares.