Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro

¡Hasta cuando!

 Una vez más, denuncias sobre abusos a los derechos humanos cometidos por militares. Según distintos reportes, el pasado 16 de febrero, ocho elementos del Ejército mexicano violaron a la indígena, menor de edad, Valentina Rosendo Cantú, de 17 años. Los hechos ocurrieron en la comunidad denominada Barranca Bejuco, municipio de Acatepec, en el estado de Guerrero. No es la primera vez que miembros del Ejército mexicano son señalados como responsables de violaciones a los derechos humanos. La misma Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) reconoce que en la última década se han documentado cerca de 100 quejas contra el Ejército mexicano, por violar derechos humanos. En 1999, hubo un hecho similar, cuando elementos del Ejército mexicano ejecutaron al niño Antonio Mendoza Olivero de 12 años y a Evaristo Albino Téllez de 27 años, ambos de la comunidad de Barrio Nuevo San José, Municipio de Tlacoachistlahuaca; así mismo violaron sexualmente a las señoras Francisca Santos Pablo y Victoriana Vázquez Sánchez. A pesar de que los hechos fueron denunciados, hasta el momento permanecen en la impunidad. ¿Hasta cuando las autoridades civiles seguirán permitiendo los abusos, atropellos y violaciones a los derechos humanos cometidos por militares? ¿hasta cuando se hará justicia? ¿cuántas mujeres más tienen que ser violadas? ¿cuántas muertes más? ¿hasta cuando?

Y es que, detrás de este patrón de abusos e impunidad se encuentra una mera cuestión de jurisdicción militar. En la actualidad, los abusos cometidos por el personal militar no están sujetos a la competencia de los tribunales civiles, sino que se concede autoridad exclusiva para investigar, procesar y  sancionar dichos abusos al sistema de procuración e impartición de justicia militar. Sin embargo, la procuraduría militar ha demostrado hasta el momento, su incapacidad e insensibilidad para investigar y sancionar a militares involucrados en violaciones a los derechos humanos.

Según el derecho internacional, el gobierno mexicano tiene la obligación jurídica de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos cometidos por militares. En el caso que nos ocupa, no solo existe el delito de violación sexual, sino que también se están violando los derechos establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el gobierno mexicano en 1990, y que establece en su artículo 2 “que los estados tomaran todas las medidas para garantizar que los niños se vean protegidos contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones de sus padre o tutores”. Según la convención, en todo lo que se refiere a la niñez las autoridades y la sociedad deben actuar tomando en cuenta el interés superior por los niños, dicha convención con base en el Artículo 133 de nuestra carta magna, son ley suprema.

Lo que le sucedió a Valentina Rosendo Cantú se tipifica como tortura, malos tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Para la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura, ratificada por el gobierno mexicano en 1987, considera  tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin (…). Diversos órganos y mecanismos de Naciones Unidas, entre ellos el Comité contra la Tortura (CAT) establecen que basta la simple alegación de tortura por parte de una víctima, para que surja la obligación del estado de investigar dicha denuncia, en consecuencia a esta recomendación las autoridades civiles del estado de Guerrero en particular la Codehum, la Procuraduría de Justicia del Estado y todas las autoridades civiles competentes tienen la obligación ética y moral de investigar los hechos ocurridos el pasado 16 de febrero, en la comunidad Barranca Bejuco y coadyuvar con las autoridades federales en el esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables. Un sistema de coadyuvancia más activo y una mayor transparencia podría contribuir, en cierta medida, a poner fin a los abusos cometidos por militares. Sin embargo la única solución real es el fin a la jurisdicción militar a los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por militares.

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