Condena la Codehum tortura y violación de la joven tlapaneca Valentina Rosendo

* La Codehum está dispuesta a coadyuvar en las investigaciones. * “No es la primera vez que sucede este tipo de agresiones”, afirma el visitador general * En la última década han tramitado 100 quejas contra el Ejército

De la corresponsalía, Chilpancingo n El visitador general de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), Hipólito Lugo Cortés, condenó los actos de tortura y violación cometidos por ocho soldados en agravio de una joven indígena del municipio de Acatepec, en la región  de la Montaña.

Hipólito Lugo, entrevistado en sus oficinas, afirmó a nombre de la Codehum, estar dispuesto a coadyuvar con la CNDH en las investigaciones para esclarecer la agresión que sufrió el pasado 16 de febrero la joven tlapaneca, Valentina Rosendo Bernal.

Señaló que la agraviada, su esposo y ciudadanos de la comunidad de Barranca del Bejuco, del municipio de Acatepec no acudieron a la oficina regional de la Codehum que se encuentra en la Tlapa para presentar su  queja contra los militares.

No hay denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, porque “seguramente lo hicieron ante la CNDH a través del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, pero nosotros desde aquí condenamos los hechos, porque no es la primera vez que sucede este tipo de agresiones que realiza el Ejército contra la ciudadanía, principalmente a indígenas y campesinos”.

Al respecto informó que desde 1990 se han tramitado ante la CNDH cien quejas contra soldados y oficiales del Ejército Mexicano.

El Visitador General dijo que es indudable que las tareas que realiza el Ejército como instalar retenes o detener a los ciudadanos e interrogarlos, prefigura una extralimitación en las funciones que le establece la Constitución General de la República, “porque el Ejército no tiene la facultad de perseguir delitos, sino salvaguardar la seguridad nacional”.

Sin embargo, aceptó que en en caso de acciones guerrilleras los soldados pueden intervenir porque se supone que los rebeldes portan armas para uso exclusivo del Ejército y la Armada de México, y entonces la milicia fundamenta el derecho a perseguirlos en la ley de armas de fuego y explosivos.

“Las denuncias contra el Ejército arreciaron desde 1996 con el pretexto del combate a los grupos guerrilleros que aparecieron en Guerrero”, expresó el funcionario de la CNDH.

Señaló que las acciones del Ejército Mexicano para detener e interrogar a civiles que no son objeto de una investigación por delitos, “es ilegal” por lo que los soldados deben regresar a sus cuarteles.

Indicó que las quejas presentadas por ciudadanos guerrerenses desde 1990 a la fecha acusan a soldados y oficiales del Ejército Mexicano de tortura, allanamiento de morada, detención ilegal y lesiones.

Mencionó que, incluso, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido varios resolutivos en donde califica de ilegales algunas acciones que realiza el Ejército, una de ellas, la más reciente, que opine y determine cuestiones operativas en el Consejo Nacional de Seguridad.

Señaló que algunas de las quejas contra el Ejército tramitadas por la Codehum ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se han traducido en recomendaciones, como en el caso de la masacre de El Charco en el cual la propia CNDH determinó que los soldados actuaron en forma ilegal al cercar el pueblo, crear el terror en la ciudadanía e incluso disparar contra las personas que estaban dentro de la escuela primaria Caritino Maldonado Pérez, donde supuestamente había un grupo de guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente.