Tlachinollan

Encarcelar a líderes sociales para descabezar movimientos de resistencia

*Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan

*siendo tan burdo el proceder contra Suástegui, es inminente una nueva embestida para imponer el proyecto hidroeléctrico La Parota, hoy bajo el disfraz del Proyecto Nuevo Guerrero, ya incluido en el Plan de Infraestructura de este sexenio a nivel federal”

“Nadie te quiere como nosotros”, según la nota del periódico  El Sur, así concluyó Ángel Aguirre Rivero su encuentro con Marco Antonio Suástegui hace algunos meses, cuando el luchador social y otros dirigentes del Cecop lo increparon durante una gira de trabajo en el Acapulco rural, al pasar por una de las comunidades que han sido bastión de la resistencia contra el proyecto hidroeléctrico La Parota.
No era la primera vez que el gobernador aparentaba cercanía con una de las luchas emblemáticas a nivel nacional, respecto de la resistencia de los pueblos campesinos y originarios contra el despojo disfrazado de megaproyectos. Mucho antes, al inicio de su gobierno, Ángel Aguirre había acudido a Agua Caliente y se había puesto la camiseta del “Punto Final” a La Parota, resistiéndose –sin embargo– a firmar los Acuerdos de Cacahuatepec que habrían formalizado la cancelación definitiva de un proyecto que nació marcado por la inviabilidad social y ambiental.
Pero esa aparente cercanía mostró su verdadero rostro hace unos días. Pese al compromiso del gobernador, Suástegui fue detenido acusado de un delito que no cometió. La saña contra los luchadores sociales que ha sido la marca de este gobierno definido como perredista, volvió a aflorar: la saña contra uno de los dirigentes históricos del Cecop, no sólo consistió en la fabricación de cargos penales, sino que incluyó además un arbitrario traslado a un penal federal para obstaculizar, en los hechos, la defensa de Marco Antonio Suástegui.
Este patrón se ha vuelto recurrente durante el actual gobierno de cuño perredista y sin duda, junto con la represión contra los estudiantes de Ayotzinapa, marcará su legado. El modelo se ensayó fallidamente con la CETEG; se perfeccionó con las y los dirigentes de la Policía Comunitaria, y se desplegó con perversidad en el caso de Marco Antonio Suástegui. Su complejidad es nula, pero su perversidad profunda: consiste en simular cercanía con los movimientos sociales, para después detener a los luchadores sociales y, explotando la corrupción de la Procuraduría y la docilidad de la Judicatura, enviarlos a penales federales a otros estados, para impedir en los hechos su defensa, dejándolos materialmente incomunicados, sin que nadie lo pueda visitar y sin acceso a los medios de comunicación, que podrían difundir sus denuncias.
Este patrón represivo es el sello de esta administración: lo mismo ocurrió con Nestora Salgado: el mismo gobernador que unos meses antes estrechaba su mano y encomiaba su heroísmo, la enviaba después a unas mazmorras de exterminio.
Vale la pena detenerse en este modelo autoritario, que pone a este gobierno a la altura del tristemente célebre período de Ulises Ruiz en Oaxaca, otro gobernante que se benefició notablemente del envío de luchadores sociales a las cárceles federales fuera de su estado. Su empleo es sin duda un gesto de autoritarismo que desnuda la ausencia total del compromiso con los derechos humanos que debiera caracterizar a un gobierno que se pretende progresista.  Y es que el envío de luchadores sociales a los penales reservados para los más peligrosos delincuentes es propio de los regímenes aberrantes. Las autoridades saben perfectamente lo que buscan al proceder de esa manera: la persona que es enviada a esas cárceles queda sin acceso a su defensa, sin acceso a los medios de comunicación y sin acceso a su red de apoyo. Su personalidad y su talante de lucha, queda en riesgo de quebrarse ante este embate violento. La justificación del manotazo es absurda: no hay un solo elemento objetivo para afirmar que Marco Antonio Suástegui tenga un perfil criminológico que amerite el encierro agravado en cárceles reservadas para quienes matan, secuestran o violan.
Los traslados de los dirigentes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y ahora de Marco Antonio Suástegui no han sido decididos por las y los jueces a cargo del proceso. Arbitrariamente, el Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero ha decidido enviar a las y los detenidos a dichas cárceles, sin ningún control judicial. No debe olvidarse que funcionarios del estado de Guerrero han aceptado ante los medios de comunicación locales que ha sido por “criterios políticos”, como lo señaló la directora general de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPPC) respecto de los detenidos de la CRAC.
Además, estos traslados desnaturalizan la misma finalidad de los centros federales de seguridad media y máxima, pues estos terminan siendo usados no para recluir a los presuntos delincuentes que más dañan a la sociedad, sino a personas como Nestora Salgado García, Arturo Campos Herrera, Gonzalo Molina González o Marco Antonio Suástegui Muñoz, que hace tan sólo unos meses eran enaltecidos por el propio gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.
Esta actuación es abiertamente violatoria de derechos humanos. En los “Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas”, documento aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante ?su Resolución 1/08  de marzo de 2008, expresamente se señala en el Principio IX, punto 4, que “los traslados de las personas privadas de libertad deberán ser autorizados y supervisados por autoridades competentes, quienes respetarán, en toda circunstancia, la dignidad y los derechos fundamentales, y tomarán en cuenta la necesidad de las personas de estar privadas de libertad en lugares próximos o cercanos a su familia, a su comunidad, al defensor o representante legal, y al tribunal de justicia u otro órgano del Estado que conozca su caso”. Y en el inciso segundo se añade que “los traslados no se deberán practicar con la intención de castigar, reprimir o discriminar a las personas privadas de libertad, a sus familiares o representantes” .
Más aún, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que los traslados penitenciarios motivados por cuestiones políticas constituyen violaciones a derechos humanos. Así por ejemplo, en el Informe de Fondo Nº 67/06, relativo al Caso 12.476 (Oscar RlíasBiscet y Otros vs Cuba), del 21 de octubre de 2006, la Comisión expresó: “239. En el presente caso, la Comisión verifica que las víctimas se encuentran en su mayoría encarceladas en prisiones localizadas a distancias extremas de sus familiares. Los peticionarios alegan inclusive que las autoridades habrían encarcelado deliberadamente a los procesados en prisiones alejadas con el objetivo de impedir su comunicación con sus familias, así como también con sus abogados o los medios de comunicación. […] 240. En ese sentido, la Comisión no encuentra que el Estado haya cumplido con su obligación de facilitar el contacto entre los reclusos y sus familias” .
La arbitrariedad con que se ha conducido el gobierno del estado evidencia que el único delito de Marco Antonio Suástegui ha sido cargar en sus hombros la resistencia contra un proyecto de muerte, diseñado conforme a un modelo de gestión del agua que instancias tan ortodoxas como el Banco Mundial han considerado inviable.
Por eso, hoy el movimiento social guerrerense se debe declarar en alerta: por un lado, ningún luchador social está exento de ser detenido y remitido a un penal federal, con un rigor que no enfrenta ninguno de los narcotraficantes que violentan la paz en nuestro estado; por otro lado, siendo tan burdo el proceder contra Suástegui, es inminente una nueva embestida para imponer el proyecto hidroeléctrico La Parota, hoy bajo el disfraz del Proyecto Nuevo Guerrero, ya incluido en el Plan de Infraestructura de este sexenio a nivel federal.
Pero lo que ignoran los poderosos es que sus manotazos autoritarios sólo alebrestan al pueblo guerrerense, que no permanecerá impasible. Ante los planes truculentos del gobierno aguirrista, los movimientos sociales resisten y se reestructuran, para no permitir su desmantelamiento y repliegue, ante los planes aviesos de querer descabezarlos con el envío de importantes luchadores sociales a las prisiones federales. Marco Antonio Suástegui se multiplicará en las luchas de las y los campesinos integrantes del CECOP, que sabrán mantener la resistencia y defender la tierra.
El momento actual es crítico. Si aún hay alguna preocupación en Casa Guerrero por el legado de esta administración, se debería comenzar por traer de vuelta a los luchadores sociales al estado, para que en una cancha más pareja y con pleno respeto a sus derechos elementales, enfrenten las acusaciones injustas que se les han formulado.
“Nadie te quiere como nosotros”, le dijo el gobernador a Suástegui unos meses antes de confinarlo a una cárcel federal para anular su combativa personalidad. Hoy el pueblo de Guerrero sabe ya qué esperar y qué creer de esos discursos emponzoñados. Nadie de los que luchan al ras de la tierra se chupan el dedo para creer que se trata de un problema penal de Marco Antonio, todos sabemos, que es el punto de quiebre para imponer el proyecto hidroeléctrico de la Parota, con la nueva versión del Nuevo Guerrero.
Los dirigente perredistas ya vinieron a Guerrero y vinieron a ponerle la mesa servida al gobierno federal al justificar la construcción de la hidroeléctrica. No hay una postura a favor de los campesinos, sobre todo cuando las leyes secundarias de hidrocarburos y telecomunicaciones, amenazan con expropiar sus tierras. Los políticos que aspiran a la gubernatura han hecho mutis. Sabemos lo que piensan; todos apoyan La Parota y todos ellos, más allá de su cuño político, no le apuestan al proyecto de los pueblos, de buscar la justicia y la igualdad, respetando sus derechos y sus territorios.
El encarcelamiento de Marco Antonio no amainará el ánimo de los pueblos campesinos que  han dicho ¡No a la Parota! más de diez años, con compañeros encarcelados y asesinados. La resistencia de los pueblos contra la privatización de las tierras,  es más fuerte que la postura obtusa de los políticos mediocres, que piensan que deteniendo a Marco Antonio y encerrándolo en Tepic Nayarit, descabezarán el movimiento de resistencia contra La Parota. Son los pueblos, los dueños de la tierra, los que tienen la última la palabra, no los gobiernos nefastos y espurios.