Alfredo Arcos Castro

La ilegalidad, otro enigma

Un viejo proyecto de los gobiernos mexicanos es hacer de nuestra patria un país de leyes. Una vieja desilusión desde el movimiento independiente de 1810 es que las obligaciones y derechos de la ciudadanía en el ámbito legal no han logrado coincidir con los usos y costumbres de los ciudadanos reales, de carne y hueso.

En este entendido, los gobiernos liberales eran concientes de que las leyes no se adecuaban a la realidad que los mexicanos vivían. Fundar un país con costumbres democráticas, republicanas, industriosas, donde imperaba la monarquía, el tradicionalismo, el precapitalismo y el corporativo, no era tarea nada fácil. Desde la ultima mitad del siglo XIX y durante  el siglo XX, a partir de la construcción de 1857 los gobiernos han tenido como propósito común establecer un país de leyes, sin embargo tal objetivo hasta la fecha no se ha logrado. La pregunta obligada es ¿por qué?.

Una de las primeras prácticas que el país adquirió fue negociar el cumplimiento de la ley. Aquella herencia colonial que decía “acéptense las leyes pero no se cumplan” dejaba con bastante claridad el uso discrecional de la ley con un fin político: conservar en sus manos un instrumento eficaz para el ejercicio de la autoridad al margen de la ley, obviamente, para beneficiar intereses privados o grupos particulares. Sin duda, la negación de la ley ha sido y sigue siendo una de las inercias fundamentales del México moderno.

Junto al código escrito se encontraban las leyes no escritas. Negociar la ley por abajo o por arriba era una manera de hacer gobernable los hechos. Esta práctica, hoy en día sigue vigente. La ironía de los ciudadanos mexicanos se deja sentir cuando afirman “la ley se usa para todas las cosas, hasta para cumplirla”. En este sentido, la medida de la legitimidad consiste en resolver los conflictos o demandas con eficacia dentro o fuera de la ley. Por muchos años esta ha sido la regla que ha operado para solucionar los asuntos públicos o privados en el país.

Como vemos, lo mexicanos vivimos dentro de la ilegalidad dominante, es ver a las leyes como espacio de negociación y no como una obligación que hay que cumplir a cabalidad. Nuestro país vive en estado de ilegalidad no de derecho. La ilegalidad es un modus vivendi de la vida pública y de la conciencia privada. Incluye a buena parte de la población (la economía informal, el contrabando, el soborno, asentamientos humanos fuera de la ley, evasión de impuestos, etcétera). La cultura de la ilegalidad y su tolerancia generan inseguridad publica, son un azote para la procuración de la justicia porque fomentan la impunidad, el talón de Aquiles de todos los males en el país.

Una sociedad donde no se respeta la ley, donde todo se negocia por abajo o encima de la ley, no se puede considerar democracia. Para que una democracia funcione con normalidad ha de tomar en cuenta la igualdad de derechos y obligaciones de las autoridades y los ciudadanos frente a la ley. Y si este propósito no se cumple es sospechoso, entonces las cosas no van. Sin una cultura de la legalidad es imposible construir una sólida institucionalidad democrática. He ahí el dilema.

Al margen, lo dicho: el debate de los ciudadanos a rector por la Universidad Autónoma de Guerrero, dejó muy claro quienes están atrás de las candidaturas de Nelson Valle y Alberto Salgado, y cuales son sus propósitos: utilizar  a la universidad como un trampolín político, utilizar su estructura y los recursos económicos para impulsar la gobernatura del estado, para un futuro no muy lejano. Intereses totalmente ajenos a los objetivos centrales de la universidad: academia, investigación, docencia y difusión cultural.

De lo anterior se deduce que el verdadero cambio esta en el FAUG, Rogelio Ortega Martínez es la opción. Compañero universitario, compañera universitaria en tus manos esta el cambio, ustedes deciden.