Exigen ediles “respeto a su autoridad” para cancelar multas de Tránsito

* La anulación de multas sólo compete al presidente municipal, y serán calificadas por un jefe del Departamento de Multas, afirmó el secretario general, Guillermo Ramírez Ramos 

Nelly Bello * Los ediles exigieron “respeto a su autoridad” y a sus facultades para cancelar multas por infracciones al reglamento de tránsito, durante la sesión de Cabildo del martes por la noche.

Advirtieron que en la comparecencia de la secretaria de Protección y Vialidad, María de los Angeles Nava Rojas, el próximo 8 de marzo ante el pleno de esa instancia, algunos aprovecharan para pedir que la funcionaria los considere para la cancelación de multas de tránsito.

El martes por la noche, en sesión a puerta cerrada, el edil priísta Francisco Villa Pérez aprovechó el momento cuando la síndica Adela Román Ocampo planteó la solicitud. Tuvo que hacerlo ante el pleno porque, de acuerdo con el artículo 24 fracción décima del reglamento de Cabildo, las comparecencias deben ser respaldadas por la aprobación de la mayoría edilicia.

Aunque el 29 de enero la fracción de PRD había dado a conocer que pediría la presencia de Nava Rojas para ese informe detallado, la discusión se centró en las infracciones que desde principios de febrero dejó de calificar el director de Tránsito, Salvador Melesio Montiel, por irregularidades halladas por la Contraloría con un monto de un millón 300 mil pesos.

En ese entonces se informó que gran parte del dinero no ingresado fue producto de las condonaciones solicitadas por ediles, por lo que el alcalde Zeferino Torreblanca Galindo los convocó a evitar esa práctica.

De la sesión nocturna no hubo postura oficial, como sucedía el año pasado, cuando el alcalde convocaba a conferencia de prensa para leer los acuerdos. En esta ocasión los rumores trascendieron pero ningún edil asumió la postura oficial.

Sólo el secretario general Guillermo Ramírez Ramos, quien es fedatario de las sesiones, dijo que el tema fue abordado por varios minutos, pero aclaró, durante la entrevista, que la cancelación de una multa es una facultad que sólo compete al presidente municipal y que serán calificadas por un jefe del Departamento de Multas.

“Pero el Reglamento de Tránsito no habla de cancelar, sino de imponer una calificación para ver las condiciones y circunstancias en las que fue cometida la infracción, para que no se cometan injusticias”, advirtió.

–Pero era regla normal que los ediles enviaran tarjetas o hicieran llamadas telefónicas al director de Tránsito para cancelar; no era nada oculto.

–Los ediles lo tomaban dentro de sus múltiples funciones de usos y costumbres, como es la gestoría, entre esas actividades estaban la cancelación de infracciones de Tránsito, Reglamentos y Vía Pública.

Consideró que posiblemente en la comparecencia, Nava Rojas, “en atención a la autoridad” de los regidores analizará la solicitud, “pero el trato será como con cualquier otro ciudadano”.

La sesión terminó minutos después de las 10 de la noche. Cuando Román Ocampo puso fin a su planteamiento, Villa Pérez pidió agregar en la agenda de puntos a tratar con Nava Rojas la posibilidad de que regidores y síndicas cancelen o rebajen las multas por infracciones de tránsito.

El edil argumentó que los agentes policiacos incurren en anomalías al sancionar algunas veces sin ameritar el castigo. Otro de los ediles recordó que Román Ocampo tiene más de un año con las reformas al reglamento de Tránsito sin que presente dictamen.

La síndica respondió que a mediados de marzo convocará a foros de participación ciudadana para la adecuación de ese ordenamiento, vigente desde 1991, cuando el actual gobernador René Juárez Cisneros era alcalde.

Destituyen a tres oficiales del Registro Civil

En la misma sesión, los oficiales de Registro Civil Eduarda Solís Arizmendi, Santiago Noel Campos Espinoza y Grisel Olea Flores fueron destituidos por irregularidades encontradas por una auditoría que practicó la Contraloría municipal.

Los tres funcionarios, junto con Humberto Morales López, de la oficialía número uno, en el Centro, y Pablo de la Cruz Hernández, de la oficialía 35, en Centros Hospitalarios, que renunciaron por motivos personales, fueron reemplazados el martes por la noche.

En entrevista, el secretario general del ayuntamiento, Guillermo Ramírez Ramos, informó de las bajas y detalló que los motivos de salida fueron dos renuncias y tres remociones que pidió Contraloría, por “malos manejos”.

Solís Arizmendi –hija de la ex comisaria y ex regidora priísta Eduarda Arizmendi– era oficial del poblado Kilómetro 30; Campos Espinoza, de Plan de los Amates, y Olea Flores de El Cayaco, pero el funcionario zeferinista aclaró que el puesto lo asumieron antes de que el alcalde Zeferino Torreblanca rindiera protesta.

Añadió que la investigación de la dependencia municipal se derivó de denuncias de ciudadanos.

Ramírez Ramos precisó que está pendiente la comparecencia de los tres inculpados ante Contraloría para presentar su versión de los hechos, y al término del procedimiento laboral y de dictaminar culpables, el ayuntamiento presentará denuncia penal por el mal manejo de actas –que son formas valoradas que el municipio compra al gobierno del estado–, así como de los recursos económicos.

Durante la reunión edilicia, el punto de acuerdo para la donación de un predio en El Salto para la construcción de un orfanato fue regresado por el pleno a la Comisión de Hacienda para que especifique en el dictamen que el terreno no puede tener otro uso, y que el patronato regularice la escritura ante el Registro Público y Hacienda.

El dictamen de cambio de uso del suelo del asentamiento irregular Ampliación Sexta Etapa, Vista Santa Lucía, ubicado en la parte alta de la unidad habitacional Infonavit Alta Progreso, también regresó a la Comisión de Desarrollo Urbano Obras Públicas y Ecología, que encabeza el edil perredista Marco Antonio López García, porque además de ser una invasión el terreno tiene un talud que –de acuerdo a un dictamen de la Dirección de Protección Civil– es de alto riesgo en temporada de lluvia.

Aunque López García insistió en la aprobación del punto de acuerdo, los ediles avalaron por mayoría regresarlo hasta que anexe un dictamen de la Comisión Nacional del Agua, que avale la factibilidad de asentamiento humano.