Exige el Ejército y el gobierno estatal que se desintegre la Policía Comunitaria

* El comandante de la Novena Región Militar, Mario López, anunció en una reunión que desde el martes 26 las tropas tienen instrucciones de desarmar a los policías indígenas * Los representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas pidieron un plazo de 30 días para consultar a las comunidades y dar una respuesta * La organización de seguridad y justicia indígena seguirá operando

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * Los titulares de la Secretaría de Seguridad de Pública y Protección Ciudadana, de la Procuraduría General de Justicia del Estado y los comandantes de la Novena Región Militar y de la 35 Zona Militar, pusieron ayer un ultimátum a la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas de La Montaña-Costa Chica para que desintegren y entreguen las armas de la Policía Comunitaria y sin darles ninguna tregua les advirtieron que se ejecutarán las órdenes de aprehensión que tienen liberadas en su contra.

En tanto, las autoridades indígenas establecieron que la Policía Comunitaria seguirá operando y ejerciendo su sistema de seguridad pública como lo han venido haciendo desde su fundación en 1995.

Demandaron al presidente Vicente Fox Quesada y al gobernador René Juárez Cisneros que frenen a sus militares y funcionarios para evitar un conflicto mayor que después se lamente, porque ante la tensa situación en la región de la Montaña-Costa Chica, no descartan que pudiera provocarse algún enfrentamiento con los militares.

Militares y funcionarios inflexibles contra la Policía Comunitaria

Los comisarios y asesores de la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas dieron a conocer que por medio de un oficio que les hizo llegar el director general de Gobernación el pasado jueves 21, Rey Hilario Serrano, los convocó a una reunión este martes en la Secretaría General de Gobierno.

Allí los esperaba el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Luis León Aponte; el procurador general de Justicia, Rigoberto Pano Arciniega; el magistrado del Poder Judicial, Julio Lorenzo Jáuregui; el comandante de la Novena Región Militar con sede en Acapulco, Mario López Gutiérrez; y el comandante de la 35 Zona Militar, Luis Orozco Pineda.

Pensaban que la reunión sería para establecer acuerdos para distensar las relaciones luego de que el lunes 11, la Policía Judicial del Estado (PJE) por órdenes del agente del Ministerio Público del fuero común con sede en San Luis Acatlán ordenó la aprehensión de cinco comisarios miembros de la Coordinara Regional de Autoridades Indígenas y encarcelados en esa cabecera municipal, señaló en conferencia de prensa el comisario de Tlaxcalixtlahuaca del municipio de San Luis Acatlán, Medardo Castro Marín.

Por la movilización de los 42 pueblos donde opera la Policía Comunitaria, al otro día de la aprehensión de los cinco didigentes, el MP los liberó.

Este martes, ausente el secretario general de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve, llegaron puntuales por la mañana los comisarios representantes de la Coordinadora Regional: Medardo Castro Marín; Ciriaco Rojas Calixto de Tilapa municipio de Malinaltepec; Constantino Teodoro Bautista de Yoloxóchitl del municipio de San Luis Acatlán.

También estuvieron presentes los asesores de la Coordionadora, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan; por el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, Cirino Plácido Valerio, Mario Campos y Amador Cortés.

En la reunión no hubo posiciones flexibles, quien debía dar una pauta profesional para acercar a la Policía Comunitaria a un marco jurídico en el estado, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJE), Julio Lorenzo Jáuregui, sólo les dio un análisis del artículo 4º constitucional ya derogado para concluir que están fuera de la ley y que el Convenio 169 de la OIT en la que se basan los indígenas para argumentar su sistema de seguridad pública, es inaplicable al sistema mexicano.

El secretario de Seguridad Pública, Luis León Aponte, les exigió respetar la ley y propuso insertar a la Policía Comunitaria a la Policía Preventiva Municipal o estatal.

Mientras que el procurador general de Justicia, Rigoberto Pano, enérgico les dijo que aplicará la ley y que las órdenes de aprehensión se ejecutarán como lo establece el procedimiento legal.

Mientras, el comandante de la Novena Región Militar con sede en Acapulco, Mario López, no dejó dudas en su pretensión. Les dijo que los policías comunitarios no tienen el permiso colectivo 110 para portar armas y sólo lo tienen de manera individual, lo que quiere decir que sus armas las deben tener guardadas en sus casas.

Les anunció que a partir de este día (martes 26) los militares que recorren las zonas tienen instrucciones de desarmar a la Policía Comunitaria, y que para evitar confrontaciones deben entregarlas de inmediato para inventariarlas y resguardarlas.

El secretario Luis León Aponte les dijo que les tramitaría el permiso colectivo para portar armas si accedían incorporarse a las policías preventivas ya sea municipal o estatal.

El comisario de Tlacalixtlahuaca, Medardo Castro, les dijo que no podía dar una respuesta en ese momento y que necesitaban consultarlos con las 42 comunidades integrantes de la Coordinadora.

La reunión, una “emboscada”, no diálogo

Los funcionarios y militares accedieron a que en 30 días se vuelvan a reunir para dar a conocer los resultados de la consulta y tomar acuerdos.

Los comisarios dijeron que la reunión fue para “emboscarlos” y presionarlos no para dialogar.

Establecieron que la Policía Comunitaria seguirá operando y ejerciendo su sistema de seguridad pública como lo han venido haciendo desde su fundación en 1995.

Plantearon que por la posición del gobierno del estado y el Ejército mexicano se tensa más el ambiente en la región de la Montaña-Costa Chica y no descartan que pudiera provocarse algún enfrentamiento con los militares, por eso exigieron al presidente Vicente Fox Quesada y al gobernador René Juárez Cisneros que frenen a sus funcionarios para evitar un conflicto mayor que después se lamente.

En tanto, el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinolla, Abel Barrera, indicó que se promoverá un foro sobre la situación jurídica de la Policía Comunitaria para explicar la visión indígena sobre seguridad pública.

Criticó que los funcionarios y militares no entiendan que el mecanismo de seguridad pública de los indígenas sea visto sólo como un asunto policiaco sin entender las razones sociales y políticas de su existencia.

La “dura” posición de los militares y del gobierno del estado, se hará del conocimiento de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a través de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), para evitar que su cumpla el cometido de desarmar a la Policía Comunitaria, dijo.

A los comisarios les llamó la atención que en la reunión, los militares que acompañaban a los comandantes, asumieron una posición de hostilidad, tomándoles fotografías y videos cada vez que tomaban la palabra.