Moisés Alcaraz Jiménez

La protesta social y sus causas

La capital del estado fue nuevamente la semana pasada un gran manifestódromo y tan sólo en dos días hubo más de doce movilizaciones de diversas organizaciones sociales. Las protestas incluyeron bloqueos, marchas y plantones en varias arterias viales de la ciudad y frente a dependencias gubernamentales y el Congreso local.

Las manifestaciones públicas, si alguna vez gozaron de la simpatía ciudadana, causan ahora un gran malestar entre la población capitalina, principal afectada por el caos que con ellas se ocasiona. El severo desgaste de este recurso social para presionar a las autoridades, es producto del abuso que de él se ha hecho. Sin embargo, si bien ahora las manifestaciones de descontento carecen del respaldo popular, para los manifestantes sigue siendo un método eficaz, porque sólo así el gobierno atiende, en parte, sus demandas.

El lunes hubo “casa llena”, dijo Marcelino Miranda Añorve, que de esa forma se refirió al alto número de asuntos que ese día  atendieron en la Secretaría General de Gobierno.

Es ya un lugar común decir que en nuestra entidad los reclamos y la irritación social son producto de la marginación y el olvido histórico en que viven miles de guerrerenses y, no obstante ser verdad, ya resulta muy trillado también decir que hay escasez de recursos públicos para atender las necesidades más apremiantes.

La pregunta es ¿la pobreza es la única causa que propicia la protesta social? ¿Cuáles son las razones que obligan a que los reclamos que nacen en los municipios, se trasladen a la capital del estado? ¿Acaso no hay autoridades municipales que atiendan las demandas en su lugar de origen y se evite que estos asuntos sociales crezcan y se conviertan en fuertes conflictos políticos a nivel estatal? Ahora no sólo el Ejecutivo del estado, sino también el Congreso local ha estado envuelto en toda una serie de inestabilidades propias de muchos ayuntamientos que viven al borde de la ingobernabilidad.

Ciertamente el aspecto fundamental que genera la movilización de diversas organizaciones es la injusticia social; sin embargo, existen otros importantes factores que incrementan las inconformidades y el más decisivo de ellos es la corrupción en que han caído muchas autoridades municipales que han acumulado grandes fortunas producto del criminal saqueo de los recursos públicos.

La impunidad con que muchos presidentes municipales actúan aumenta la irritación de la población, que observa con impotencia como las autoridades encargadas de vigilar y fiscalizar el uso del presupuesto, con su inactividad se vuelven cómplices de la deshonestidad. Tecpan, Acatepec, Heliodoro Castillo, son un claro ejemplo de esta situación, donde con la indignación surge también la indefensión y la desesperanza social.

El papel que juegan los cacicazgos y los grupos de poder en permanente pugna, influye también para que prevalezca el desorden administrativo y político en muchos ayuntamientos. Mártir de Cuilapan es la muestra más palpable de como las ambiciones enfermas pueden invadir a toda una generación de liderzuelos que están en constante lucha por apoderarse del raquítico recurso público.

Un factor más generador del malestar social, es el total desconocimiento de la función de gobernar que tienen muchos alcaldes quienes adoptan actitudes arrogantes, prepotentes y soberbias y dan un trato despótico a la ciudadanía. Son autoritarios, viven en tiempos pasados, no conocen la cordialidad y desprecian los consensos. Son presidentes municipales que también por ignorancia creen que los demás integrantes del cabildo son sus empleados y les niegan toda participación en el gobierno. Estas actitudes han provocado que en muchos ayuntamientos surjan confrontaciones insuperables.

El papel que desempeñan falsos líderes, que trafican con las necesidades de los más desprotegidos y que han hecho de la protesta su forma de vida, es un factor más que incrementa las movilizaciones.

A todo lo anterior se debe agregar el pésimo trabajo de las autoridades encargadas de vigilar y fiscalizar el gasto público municipal. En el mejor de los casos, la Contraloría del Estado y la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso local, son catalogados como solapadores y protectores de las irregularidades presupuestales; y de la deficiente rendición de cuentas de los ayuntamientos.

Al parecer, la Auditoría Superior de la Federación vendrá a Guerrero en unos pocos días más a poner el ejemplo de como se deben revisar las cuentas públicas, pues en nuestra entidad hay más de 15 alcaldes expertos en esfumar dinero del que ahora tienen que responder ante esta instancia por el mal uso que han hecho de recursos federales.

Corrupción, impunidad, autoritarismo, cacicazgos, pugnas de grupos políticos, incapacidad para gobernar y deficiencias en la revisión y fiscalización del gasto público, han formado en Guerrero un explosivo coctel que ha provocado la llegada a la capital del estado de grandes oleadas de manifestantes que en sus municipios, además de no encontrar solución a sus demandas, están en estado de indefensión ante autoridades degradadas que han perdido la credibilidad y confianza de la ciudadanía.

De esta forma, la Secretaría General de Gobierno se ha convertido en la dependencia especializada en resolver los problemas que otras autoridades provocan y se ha dado a la tarea de recobrar la institucionalidad y reencauzar por la vía legal las demandas ciudadanas a través de la aplicación de una política de diálogo y entendimiento, lo cual no podría ser de otra forma ya que si en las más altas autoridades la sociedad insatisfecha encuentra cerrazón, no se le dejaría a la población más salida que la violencia. Por ello es entendible que no obstante la gran cantidad de marchas, bloqueos y plantones, el respeto al ejercicio de las libertades públicas debe estar plenamente garantizado y que más vale ser tolerante que represivo.