Renato Ravelo Lecuona

Los derechos del pueblo y las políticas de Estado

 El Estado está solapando, encubriendo, crímenes del Ejército, crímenes de los políticos como los ex gobernadores de Guerrero y Chiapas. Acteal, El Bosque, Aguas Blancas y El Charco, son cuestiones pendientes, tan pendientes como Tlatelolco.

Pero si la impunidad política se exhibe en estos casos tan escandalosos, tan obvios, que revelan sin recato la catadura del sistema político mexicano ante la opinión internacional, ¿qué puede esperarse de esa impunidad silenciosa, callada en muchos otros órdenes, en todos los de la vida cotidiana y que se derivan de las políticas de Estado? Por ejemplo, cuando la borregada priísta votó en un día la nueva ley agraria, en tiempos de Salinas, se daba fin a la obligación de dotar de tierras a campesinos y se sentaron las bases para la privatización de la propiedad agraria ejidal, se creo una dependencia espacial, con presupuesto operativo propio, el PROCEDE, que absorbió de inmediato entre el 80 y el 90 por ciento de todo el presupuesto destinado a la SRA, para la certificación de los derechos parcelarios, puerta de entrada a la privatización de la propiedad agraria. Para esto el Estado destinó dinero, vehículos, edificios, nuevo personal, etcétera y no destinó ningún recurso para resolver los problemas de linderos entre comunidades que arrastraron las comunidades por muchas décadas y demagógicamente declaró que no había tal rezago agrario. En la hipocresía de las políticas públicas como esta, es donde se deposita la mayor carga de esa impunidad que genera esas expresiones de tedio, decepción o indignación profunda que lleva a los ciudadanos a intentar realizar la justicia con propia mano y sentir odio contra el sistema porque no le ve cauces a su indignación.

Esta impunidad subyace, en otro ejemplo, en la situación del personal de  las agencias del Ministerio Público, que se supone es el depositario, responsable y salvaguarda del interés social en el sistema judicial y en el cual debe medirse la verdadera voluntad del Estado para ofrecer una garantía a la sociedad de procurar la justicia y defenderla de la delincuencia. Pero las agencias del Ministerio Público, en lugar de contar con cuerpos de penalistas competentes, suficientes y bien pagados, dotados de una preparación constante y con buenas instalaciones para atender con eficacia la demanda social de protección y de cumplimiento de las leyes penales, como lo merece la sociedad, parecen estar diseñadas precisamente para lo contrario, pues la baja remuneración de su personal lo hace altamente vulnerable a los actos de corrupción que permea todo el sistema judicial; esa baja remuneración obliga a los empleados más competentes o bien a entrar en las fuertes redes de corrupción o a buscar otros empleos; para el personal que permanece la carga de trabajo es tan grande que ni aún con buena voluntad puede atender con profesionalismo las demandas que le llegan cotidianamente, ni tiene materialmente tiempo para estudiar bien cada caso.

Los agentes del MP en Guerrero ganan entre 1800 y 2500 pesos mensuales, según sean auxiliares o titulares, muy por debajo de la media nacional y obviamente están expuestos a las presiones corruptivas. En 1998 se anunció que un Sistema Nacional de Seguridad Pública los dotó de una cédula de registro y de un pago anual, dotación algo cercana a un aumento salarial diferido, en lugar de homologar sus sueldos con el  sistema federal. No se sabe oficialmente a cuánto ascendió el año pasado esta dotación a cada agente o empleado de las procuradurías, pero se supo extraoficialmente que cada agente recibiría un promedio de $60,000, lo que equivaldría a $5,000 mensuales, apenas niveladores de sus salarios de miseria, aunque sólo recibieron $18,000. Llegados los recursos a manos de los sucesivos jefes de procuración de justicia empezando por Vega Memije cuando fue procurador- se desvanecen y se sabe de allegados a los jefes que reciben hasta $100,000 y que a los policías que han intentado paros los consuelan con $10,000.

Lo absurdo de este sistema de procuración de justicia sólo es posible cometerlo impunemente bajo un régimen represivo a su interior, negando las garantías laborales al personal, bajo un orden despótico con el cual, cualquier jefe en turno puede cambiar de lugar a todo el personal sin derecho de réplica y puede por necesidades del servicio enviarlo a zonas de castigo, como La Montaña, para insertar a su  gente. Este personal no alcanza la gracia de las garantías que disfrutan los jueces y magistrados dependientes del Poder Judicial, quienes se norman por una Ley Orgánica, que contempla entre otras cosas, la inmovilidad de jueces y magistrados hasta su jubilación. Es decir que existe la carrera de servidores públicos que administran la impartición de justicia dependientes del Poder Judicial, pero el personal del Ministerio Público que depende del Poder Ejecutivo, está excluido de esa garantía laboral. La política del Estado para este cuerpo, hace que la defensoría de la sociedad, más que débil, sea inexistente y la delincuencia vaya muy por delante del aparato de justicia. Las agencias del Ministerio Público dependientes de las procuradurías de justicia y éstas del Poder Ejecutivo están bajo un régimen cercano al policíaco militar, dentro del cual no hay garantías laborales y se ejerce la extorsión y la imposición de resoluciones ministeriales, que son determinadas por órdenes superiores, con peligro de sanciones o represalias, pues las altas jerarquías no pueden desafiarse sin riesgos. Si éstos representantes de la sociedad ante los juzgados carecen de garantías dentro del aparato de justicia, ¿en qué situación queda la sociedad? En la indefensión completa.

Los jurados populares que operan en Estados Unidos y que según la ley se pueden instalar eventualmente en México para juicios específicos, son allá y serían aquí una instancia en la que elementos transitorios y casuales de la sociedad civil asuman la función de emitir sus fallos sin estar permanentemente enlazados al sistema de corrupción. Fuera de esta figura judicial, no existe manera en que la sociedad civil pueda poner orden en el Estado. Los linchamientos de delincuentes son una clara demostración de la pérdida de credibilidad de los órganos de impartición de justicia. Las cámaras de representantes quedan atrás de esta posibilidad de acción directa, pues forma parte del Estado y en cierta manera lo legitiman, cualquiera que sean sus designios, como se vio con los Acuerdos de San Andrés, o con su impotencia para someter al orden a las autoridades universitarias que dejaron impune y arbitrariamente transcurrir largos meses de paro sin dar una respuesta a las demandas populares que esgrimieron los estudiantes de la UNAM. La impunidad del Estado está garantizada en todos los campos. Los agentes del MP, debieran constituir el mejor gremio profesional y la instancia más eficaz y ágil para la procuración de justicia y garante de la seguridad pública, pero son el punto débil del sistema dictado por las políticas públicas.

Uno o dos años antes que asumiera el gobierno de la ciudad de México el PRD, el gobierno priísta, para una supuesta depuración de los cuerpos policiacos, ¡cesó a dos mil agentes judiciales! en un solo día. El anuncio oficial dijo que eran presuntos responsables de coludirse con la delincuencia organizada. Lo terrible del caso es que no existían medios legales de detener este burdo atentado, pues si eran sospechosos de corrupción su lugar estaba en la cárcel y no en las calles de México, si no lo eran, ¿por qué despedirlos injustificadamente? Lo que garantizó el PRI con esa medida, no fue una mayor seguridad, sino la organización de cuando menos dos mil bandas de expertos delincuentes, conocedores de las fuentes de hurto, de la manera de operar y con los nexos dentro de los cuerpos de vigilancia. Esta herencia la dejaron al gobierno perredista que no puede acabar con la delincuencia.

Las evidencias de la asociación de los cuerpos policiacos con el hampa organizada han sido numerosas y no parece haber poder capaz de extirparla del aparato de Estado, pues se enquistó profundamente desde el gobierno priísta y se multiplica de manera alarmante con la política económica neoliberal que domina al mundo y genera cientos de millones de pobres hasta en lugares donde había riqueza productiva. El Estado es el responsable de todo ello y la ciudadanía no tiene manera de actuar. La impunidad vaga, transita, impera en todos los pasillos de la burocracia de manera sorda y encubierta, pero no menos violenta. Los congresos federal y estatales, deben abrir cauces para la participación directa de la ciudadanía, como son esas policías comunitarias indígenas, como son las comisiones de la verdad, como pudiera ser una agrupación civil de agentes del MP que amparara su acción del propio Poder Ejecutivo, los jurados populares, etcétera. Pero estos organismos los debemos levantar al margen del Estado, aunque sean los congresos quienes debieran legitimarlos ante los otros poderes.