Rechazan que el caso Aguas Blancas se investigue en la Delegación de la PGR

* El representante legal de los dirigentes de la OCSS que presentaron formal denuncia ante la PGR, José Enrique González Ruiz, argumenta que los implicados tienen fuerza poítica y económica en el estado * Pide que se agilice el procedimiento, y que se cite a Hilario Mesino y Marino Sánchez a ratificar sus declaraciones

Los dirigentes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) Hilario Mesino Acosta y Marino Sánchez Flores, que presentaron formal denuncia ante la PGR sobre la masacre de Aguas Blancas, demandaron que la investigación se realice en alguna de las fiscalías de esa dependencia y no en la Subdelegación de Procedimientos Penales B de esta ciudad de Acapulco, a la que fue turnado el expediente.

El 24 de octubre de 2001, los dirigentes de la OCSS demandaron por primera vez de manera formal a la PGR la reapertura de la investigación del caso Aguas Blancas. La dependencia le dio entrada a la demanda, con la que inició la averiguación previa 423/AI/2001, que fue turnada para su integración a la Delegación de la PGR en Guerrero, y de ahí a la Subdelegación de Procedimientos Penales B, en Acapulco.

Por medio de su abogado, José Enrique González Ruiz, argumentan: “consideramos que en el estado de Guerrero se dificulta la realización de una indagación apegada a la ley y a la resolución del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (que pidió que se investigara como responsables al gobernador Rubén Figueroa y a ocho funcionarios de su gobierno), debido a la fuerza política que tienen los implicados en las graves violaciones a los derechos humanos que localizó y documentó el más alto tribunal del país”.

El mismo planteamiento se dirige al procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, en un escrito con fecha de hoy, 25 de febrero: “dada la dificultad de que en el estado de Guerrero se pueda instruir una averiguación previa a quienes tienen fuertes intereses económicos y políticos, como son los implicados en el caso de Aguas Blancas, Rubén Figueroa Alcocer, José Rubén Robles Catalán y Antonio Alcocer Salazar, solicito que esta Procuraduría atraiga el asunto para que pueda seguirse con agilidad el procedimiento establecido en la ley, en alguna de las fiscalías que tiene establecidas esta dependencia”.

Además, ante la posibilidad de que la investigación se reabra sólo por delitos contra la ley de armas de fuego, plantea que deben iniciarse las deligencias “por todos los delitos cometidos por los implicados, pues si se limita a la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos seguirá imperando la impunidad”.

La petición fue hecha mediante un escrito con fecha 23 de febrero de 2002, en el que el abogado demanda también al funcionario que tome la ratificación de la denuncia, que presentaron los dirigentes de la Organización a la que pertenecían los campesinos muertos en el vado de Aguas Blancas: “Una vez que ha sido turnada a usted la denuncia que presentó la Organización Campesina de la Sierra del Sur por los hechos delictivos relacionados con la matanza de Aguas Blancas perpetrada el 28 de junio de 1995, solicito se tome la ratificación a los denunciantes Hilario Mesino Acosta y Marino Sánchez Flores”.

En el escrito, González Ruiz recuerda que la situación del caso Aguas Blancas fue sometido al conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, la cual en su sesión más reciente efectuada el 14 de noviembre de 2001, ratificó su interés porque este asunto se reabra y se alcance la justicia plena”.

El escrito, que hace referencia a la averiguación previa 423/AI/2001, dirigido al subdelegado de Procedimientos Penales B de la PGR en Acapulco, Martín Gerardo Saldaña Sixto, concluye: “Le solicito agilizar el procedimiento en cuanto a las ratificaciones (de la declaración de Hilario Mesino y Marino Sánchez) y enviar el expediente al procurador general de la República, en cuanto éste lo requiera para que, a la brevedad posible, se integre la averiguación previa y se ejercite acción penal en contra de los señalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Formal denuncia ante la PGR

Con fecha 24 de octubre de 2001, los dos dirigentes de la OCSS, (de los cuales Marino Sánchez fue testigo de los hechos), presentaron ante la PGR formal denuncia y de ser necesario también formal querella por la masacre de 17 campesinos y más de 20 heridos.

Señalaron como responsables de la masacre de Aguas Blancas a Rubén Figueroa Alcocer (gobernador cuando ocurrió la msacre), José Rubén Robles Catalán (secretario general de Gobierno), Antonio Alcocer Salazar (procurador general de Justicia), Rodolfo Sotomayor Espino (subprocurador de Justicia), Gustavo Olea Godoy (director de la Policía Judicial del Estado), Rosendo Armijo de los Santos (subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana), Adrián Vega Cornejo (fiscal especial del gobierno de Figueroa), Esteban Mendoza Ramos (director de Gobernación estatal, el único de los funcionarios que sigue en prisión), Manuel Moreno González (ex director de la Policía Motorizada).

Además, 28 policías motorizados y nueve agentes del Ministerio Público y funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado, entre ellos el determinador de la agencia central de Acapulco, Elías Reachi Sandoval, quien dirigió las primeras investigaciones en el lugar de los hechos.

Los delitos de que se les acusa son asociación delictuosa, ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, intimidación, lesiones graves, homicidio, portación de arma prohibida, disposición indebida de las armas dotadas a los cuerpos policiacos estatales, acopio de armas reservadas y los que resulten.

Los agraviados son los 17 campesinos asesinados en el vado de Aguas Blancas y 20 heridos. Además, plantean que la masacre de Aguas Blancas es un agravio a la sociedad y a la humanidad entera “pues constituye un crimen aberrante de los que ofenden a toda la especie y deben ser punidos para evitar su repetición”.

Los denunciantes, dirigentes y fundadores de la OCSS, Hilario Mesino y Marino Sánchez, presentaron la denuncia con apoyo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de la Violación a los Derfechos Humanos en México (Afadem) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

Presentaron seis pruebas documentales y pusieron a disposición testimonios de los agraviados.