Renato Ravelo Lecuona

Los derechos del pueblo y las políticas de Estado

En las violaciones a los derechos humanos el Estado es el acusado, el infractor, el indiciado, el trasgresor. ¿Tiene sentido, es viable una condena cuando el Estado designa a su acusador y cuando le marca las reglas? Cuando el Estado mexicano implantó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dio un paso a medias. Implícitamente se reconoció como violador e inventó ese organismo para asumir la crítica social pero para anularla. Viejo zorro. Mirielle Rocatti entre muchos dijeron que era algo ficticia, que la propia legislación existente daba recursos para proceder contra los abusos de poder, que no tenía sentido tal organismo, cosa cierta además por las limitaciones que se autoimponía el Estado: Sólo va a hacer recomendaciones de buena conducta y sólo para violaciones al procedimiento legal. No será otra instancia para juzgar, pues para eso están los tribunales en todas sus instancias. Una especie de hoja de parra que oculte sus vergüenzas, a la vista de los ingenuos. Y en efecto, en cada crimen de Estado, el asesinato de Colosio, Aguas Blancas, Acteal, luego lo de Digna Ochoa, etc. etc., fiscales van y vienen, pasan y repasan y no pasa nada. La Mirielle fue nombrada la ombuswomen, aceptó contradiciendo su crítica original y nada pasó. Cuando se volvió a plantear la cuestión de los desaparecidos durante la guerra sucia contra el movimiento guerrillero y la población civil, y cuando se destapó más información sobre la matanza de Tlatelolco, cuestiones que apuntan directamente al Ejército, surgió no se de donde, la idea de comisiones de la verdad como alternativa de la sociedad civil para que enjuiciar realmente al Estado. Muchos días estuvo la discusión, supongo yo, dentro de los palacios, hasta que Fox anunció con gran bombo y para recibir el aplauso internacional, ¡otra fiscalía! Y explícitamente descartó la idea de las comisiones de la verdad, como si la gata no estuviera ya bastante revolcada. ¿Cuándo el Estado otorgará poderes a la sociedad civil para que investigue, determine y señale a los culpables de violaciones a los derechos humanos, que apunta a gran cantidad de personeros del estado? El Ejecutivo, nunca. Es abrir el corral de los caballos del Apocalipsis. Quizá cuando en el Congreso de la Unión predominen diputados y senadores realmente competentes, tan demócratas que les importa más el destino de la nación que las transacciones con el poder, orgullosamente independientes del Poder Ejecutivo, jefe nato de todos los cuerpos de violadores de derechos humanos que reciben nombres exóticos como ejército, policías, judiciales, etc., y cuando éstos sean mayoría. Pero además, cuando la “sociedad civil”, se ponga las pilas, una sus fuerzas y decida actuar por su cuenta y no a través de los partidos donde sólo se buscan chambas.

Las comisiones de la verdad deben constituirse desde la sociedad como un recurso defensivo y ofensivo a la vez, pues no debemos esperar que el gobierno las decrete y les fije sus procedimientos.

Si el Estado falla en la administración de justicia, misión que le confiere la sociedad ¿Qué recursos tiene ésta para obligar al Estado a que cumpla la misión para la que fue creado? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos cuando padecemos la corrupción de todo el sistema judicial, y sufrimos la violencia policiaca y militar? ¿Qué pueden hacer los miembros de la OCSS contra el estado después de la masacre de Aguas Blancas? ¿Esperar a que el Estado mismo reprima sus abusos? ¡No hay recurso constitucional para detener al Estado que llega a extremos, sea de cometer excesos contra la sociedad como en Acteal y Aguas Blancas, o de exhibirse como incapaz para detener la criminalidad como en Ciudad Juárez? Miguel Hidalgo y Costilla y Francisco I. Madero dieron sus respuestas que están inscritas ya en la historia de México como lecciones ejemplares. Cuando el pueblo se hace justicia por propia mano, linchando delincuentes o policías, los principales responsables que debieran someterse a juicio, son las autoridades de donde se cometieron los crímenes manifiestos que la gente castigó por propia mano y en un acto desesperado.

El gobierno de Chihuahua debiera estar legalmente cuestionado por su incapacidad de brindar protección tras de cientos de mujeres violadas y asesinadas; la Constitución debe permitir que la sociedad civil someta a juicio al propio Estado si no quiere erigirlo en juez y parte de las violaciones a la seguridad pública, lo mismo que a las violaciones de los derechos humanos. El Estado no es una institución sagrada, al margen de responsabilidades concretas. Las comisiones de la verdad deben ser legitimadas desde el ordenamiento constitucional, precisamente para detener los abusos del poder, para destituir y sancionar la incompetencia para garantizar la seguridad pública, así como para poder emplear los recursos públicos para sanear y poner un orden legal a la sociedad, cuando falla el Estado.

Hoy precisamente está siendo encausado Luis Olivares, dirigente de la OCSS, por supuestos delitos derivados de sus manifestaciones de protesta por la falta de atención a sus necesidades y por pedir esclarecimiento a la matanza de Aguas Blancas. ¡Los personeros del Estado responsables del crimen de lesa humanidad están bien protegidos en el aparato de Estado y las víctimas de sus atropellos salvajes están sometidos a juicio! Los delincuentes amafiados con los gobiernos priístas de San Luis Acatlán, abigeos, rateros domiciliarios y violadores, eran llevados al juzgado y a los pocos días andaban libres burlándose de la ciudadanía, y era tal la cantidad de ellos que los pueblos indígenas resolvieron suplir las deficiencias del sistema de justicia creando las policías comunitarias, y en lugar de un premio nacional por la paz y la justicia, tienen amenaza de cárcel. Si en lugar de una brigada de ajusticiamiento clandestina o una guerrilla, los pueblos indígenas crean una institución de seguridad pública y aplican los criterios de readaptación de delincuentes que les dicta su cultura tradicional, merecen un premio mejor que el Nobel de la paz, que quizá se lo den a Bush que mata afganos a diestra y siniestra por si detrás de sus túnicas está Osama Bin Laden.

Pero además, por ser histórica y universalmente sufrida esta situación de indefensión jurídica por los pueblos indígenas de todo el mundo, la ONU llevó desde 1957 la discusión de cómo proveerlos de un amparo legal ante los Estados depredadores y etnocidas, y por ello formuló e hizo firmar el Convenio 169 y que marcó la hora de la globalización de la justicia ante el avance voraz sólo de la explotación del capital.

¿Quién defiende a Luis Olivares y a la OCSS de un Estado que está solapando una matanza? ¿Quién defiende a los pueblos indígenas y sus policías comunitarias de la delincuencia amparada en la corrupción de los poderes municipales? El Estado es juez y parte, está descalificado para hacerlo. La sociedad civil tiene que generar sus propios organismos para imponer el orden de la razón humana, un orden constitucional por encima de los poderes.