En el foro de derechos humanos exigen a Fox reabrir Aguas Blancas y El Charco

* Reiteran sobrevivientes y familiares la demanda de crear la comisión de la verdad * Piden que la fiscaía especial entregue resultados

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * Organismos no gubernamentales, familiares y sobrevivientes de la guerra sucia de los años setentas, así como viudas de Aguas Blancas y un candidato a presidente estatal del PRD, reiteraron ayer en un foro sobre derechos humanos la demanda al presidente Vicente Fox Quesada de crear una comisión de la verdad que investigue el caso de los desaparecidos y reabrir el de las masacres de Aguas Blancas y El Charco.

En el asunto de los desaparecidos la demanda fue unánime: para dar certeza de que se hará justicia a familiares y sobrevivientes y evitar que siga ocurriendo en el país, se exigió la creación de la comisión de la verdad.

Sobre la recién creada Fiscalía Especial dependiente de la PGR, manifestaron su desconfianza pero le demandaron entregue resultados, que se diga el paradero de los desaparecidos y el castigo a los responsables.

Primero en tocar el caso, el abogado y ex rector de la UAG, Enrique González Ruiz, demandó reabrir el caso de Aguas Blancas señalando que de acuerdo con las indagaciones los responsables de la masacre son el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer; el ex secretario general de Gobierno, José Rubén Robles Catalán; y el ex procurador general de Justicia, Antonio Alcocer.

Recordó que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), establecen como responsables de la masacre de Aguas Blancas al gobierno que en ese momento encabezaba el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer.

Además puntualizó que las recomendaciones de la CNDH en el sentido de resarcir los daños con programas de asistencia social para los sobrevivientes, viudas e hijos de los caídos en la masacre ocurrida en el vado de Aguas blancas, no se han cumplido de parte del gobierno estatal.

El ex exiliado político en Francia, Ranferi Hernández Acevedo, en su participación dio a conocer que el pasado 24 de octubre, la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) entregó a la PGR la demanda para reapertura del caso Aguas Blancas.

El 12 de diciembre, la PGR turnó el caso a la delegación de esta dependencia en Chilpancingo, quien a su vez lo dirigió a la subdelegación en Acapulco, y hasta allí sigue el expediente sin que se hayan iniciado las indagatorias.

Calificó el proceso de reapertura como “viciado” debido a que al procurador general de la República no le interesa hacer justicia, y solo actúa protegiendo a los responsables de la masacre de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas.

Demandó a la delegación de la PGR en el estado agilizar ese proceso y que retome la línea de investigación del mayor Manuel Moreno, que cuando ocurrió la masacre estaba al mando de la Policía Motorizada, responsables de los disparos en contra los campesinos de la OCSS.

Antes, uno de los dirigentes de la OCSS, Hilario Mesino Acosta, demandó a la PGR seriedad en el caso de Aguas Blancas y que lo atraiga y se investigue, porque dijo que a siete años de ocurrida la masacre la verdad ha sido expuesta al conocerse el video que demuestra la responsabilidad de la agresión policíaca ordenada por el ex gobernador, Rubén Figueroa Alcocer.

Resaltó que gracias a la presión y su movilización, han logrado comprometer al gobierno federal a instalar una mesa de trabajo en la que participa la CIDH y la OCSS para analizar el caso Aguas Blancas, aunque no dijo si hay avances.

Que regresen a Efrén Cortés y a Ángel Guillermo Martínez

En su intervención el presidente de la Organización Multidisciplinaria para la Salud de Comunidades Marginadas y Olvidadas, Fernando Rubí, reconoció a Erika Zamora Pardo –recluida en el penal de Chilpancingo acusada de pertenecer al ERPI– como integrante de su organización.

Dio lectura a un mensaje que por escrito envió Erika Zamora, cuando se enlazó vía telefónica para dar de viva voz su mensaje, nada más que las deficiencias técnicas del equipo de sonido del salón de los próceres del Congreso local, dificultó la fidelidad del mismo.

No obstante Fernando Rubí interpretaba el mensaje y decía a los presentes que Erika demanda justicia al caso Aguas Blancas, el castigo a los responsables.

En el caso de la masacre de El Charco recordó que ella estaba allí junto a Efrén Cortés Chávez para apoyar la alfabetización en la región, pero el Ejército, esa noche del 7 de junio, sin responder a la voluntad de la población que quería dialogar les disparó.

Por ello exigió se castigue al general Oropeza Garnica por ser el responsable de la masacre de los 11 indígenas mixtecos.

Puso el énfasis en la lucha por el regreso a Guerrero del penal de Máxima Seguridad de Puente Grande, Jalisco, a Efrén Cortés y a Angel Guillermo Martínez. El primero que se encuentra grave de un mal gastrointestinal.

Estuvo presente en el foro la ex presa política, acusada de pertenecer al ERPI, Virginia Montes González, quien denunció que las autoridades del penal de Puente Grande, el pasado miércoles impidieron el acceso a miembros de Amnistía Internacional y de la CNDH para verificar el estado de salud de Efrén Cortés, por ello pidió redoblar la lucha por el regreso a Guerrero.

Crear un frente lelgislativo, propone Camilo Valenzuela

Cuando ya había empezado el foro, llegó al lugar el candidato a presidente nacional del PRD, Camilo Valenzuela, quien al último propuso redoblar la lucha por la justicia a familiares y  sobrevivientes de la guerra sucia de los años setenta.

Y exhortó a los presentes a crear un frente para no sólo exigir justicia y castigo a los responsables, sino también presentar iniciativas de ley para cambiar las leyes e instituciones como la militar y los aparatos de inteligencia.

Para reiterar llamados a la organización y protesta, y exigir a Vicente Fox la creación de la comisión de la verdad, participaron sobrevivientes de la guerra sucia, como Mario Ramírez, José Luis Alonso, y la esposa del profesor de la CETEG desaparecido en 1997, Gregorio Alfonso Alvarado, Norma Elena Valdez Santos.

Estuvieron presentes, el presidente de la Comisión de Derecho Humanos en el Congreso local, Juan García Costilla; el coordinador parlamentario del PRD y sobreviviente de la guerra sucia, Octaviano Santiago Dionicio; y la diputada Rosario Merlín García.