Con la detención de Suástegui el gobierno busca debilitar la oposición a La Parota: Tlachinollan

*Denuncia en la ciudad de México el “desproporcionado” uso de la fuerza policial y la violación de los derechos del líder del Cecop. Recuerda Abel Barrera que cinco fallos de tribunales agrarios han dado la razón a los pueblos de Cacahuatepec. En más de mil cartas, organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales exigen su liberación. Han sido ignorados dos amparos para que sea juzgado en Guerrero, denuncia el centro de derechos humanos

Aurelio Peláez

Ciudad de México

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que lleva la defensa jurídica del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa de La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, reiteró que en la detención de éste hay una clara línea del gobierno federal por debilitar al movimiento opositor a la presa, y por ello se ha hecho un “desproporcionado” uso de la fuerza policial y jurídica para consignarlo, violando no sólo sus garantías constitucionales sino también sus derechos humanos y tratados internacionales.
En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, acompañado de integrantes del Cecop que un día antes participaron en una protesta ante el edificio de la representación del gobierno del estado en la ciudad de México, el director del centro Tlachinollan, Abel Barrera, manifestó que con la detención de Marco Antonio Suástegui se busca allanar el camino para la construcción de la presa, proyecto detenido por más de una década por la oposición de los pueblos y comunidades de Cacahuatepec, que han recibido hasta cinco decisiones favorables de tribunales agrarios respaldando su posición.
No obstante, cada año el gobierno federal y la Cámara de Diputados integran un presupuesto para la construcción de la presa, lo que se ha realizado este 2014 bajo el rubro del llamado Plan Nuevo Guerrero, mediante el cual se destinarán recursos para pueblos y comunidades afectadas por el paso del huracán Manuel, ocurrido en septiembre del 2013.
Kenia Hernández Montalbán, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Costa Chica, afirmó que hasta el momento se han recabado más de mil cartas de apoyo, de organizaciones defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, nacionales e internacionales, en demanda de la liberación de Marco Antonio Suástegui.
Advirtió que el Cecop y sus organizaciones aliadas mantendrán una movilización permanente hasta lograr su libertad.
Sostuvo, al igual que Santiago Onofre, María de la Luz Benítez, Elvira Muñoz y Vicente Suástegui, este último hermano de Marco Antonio, que el movimiento del Cecop no fue descabezado con el encarcelamiento de su vocero, y demandaron el retiro del Ejército y la Policía Estatal, que desde el 17 de este mes, tras la detención de su dirigente, mantienen ocupadas las comunidades y realizan además una campaña de intimidación contra los pobladores, con la intención, dicen, de restar apoyo a la lucha contra la construcción de la presa.

Inconsistencias en la acusación

Isidro Vicario Aguilar, uno de los abogados del Centro Tlachinollan que participa en la defensa de Marco Antonio Suástegui, explicó que los jueces federales han dado dilatorias para la declaración del inculpado, solicitando primero una ampliación del plazo de 72 horas constitucional, y luego al cumplirse el segundo este lunes 24, dejarlo en un estado de “interrupción”, sin explicar por qué.
Esto, después de violar sus garantías constitucionales e ignorar dos amparos interpuestos por sus abogados para que sea juzgado en Guerrero.
Recordaron que a Suástegui Muñoz se le acusa del delito de intento de homicidio, el cual se remonta al pasado 4 de abril, cuando estando en una reunión en el puerto de Acapulco fue informado de que simpatizantes del Cecop eran agredidos por un grupo de hombres armados en una comunidad de Cacahuatepec.
Al llegar fueron agredidos por esas personas, resultando dos comuneros del movimiento heridos. Aun así, aquellos interpusieron una demanda contra Suástegui y ocho personas más, siendo detenido el 29 de mayo José Palma Tornez.
En el proceso de Palma Tornez, el Juez Décimo no encontró evidencias de intento de homicidio y reclasificó el delito por el de “lesiones agravadas”, por lo que pudo obtener un amparo, aunque se le impuso una fianza de 146 mil pesos, dinero que fue difícil reunir, por lo que salió libre hasta el 6 de junio.
En tanto, aunque ya el juez reclasificó el delito por el cual fueron acusados los nueve integrantes del Cecop, a Marco Antonio Suástegui se le vuelve a imputar el mismo delito, se le detiene el 17 de junio y se le saca del estado a una cárcel de alta peligrosidad, en Nayarit, y se le impide una defensa apegada a derecho.
El abogado reiteró que por la naturaleza del delito que se le imputa, el caso corresponde al fuero común, pero que los gobiernos federal y estatal han resuelto convertirlo en federal.
Asimismo, se criminaliza al dirigente al darle el estatus de un reo de alta peligrosidad.
Toda esta actuación desproporcionada, dijo Vicario Aguirre, revela que hay una clara línea política contra el vocero de los comuneros, y como sostuvieron los representantes de la organización, se busca allanar el camino para la construcción de la presa, para lo cual se ha utilizado un problema interno, como es el conflicto de la organización con los gravilleros, que llevan más de una década explotando el río sobre el cual se quiere construir la presa, lo que implicaría inundar 17 mil hectáreas, desaparecer 47 poblaciones y expulsar a 47 mil personas, aproximadamente.
Recordaron que el origen del conflicto es la ambición de los grupos de poder por los recursos económicos de la región, al grado que por obtener la mayor ganancia, pretendían pagar a los damnificados –cuando se anunció el proyecto de la presa— noventa centavos por metro cuadrado, cifra que no han mejorado.
El Centro Tlachinollan y los representantes del Cecop acusaron que por sus antecedentes de lucha, Marco Antonio Suástegui es un preso político, y recordaron que en su caso, los gobiernos federal y estatal violan diversos tratados internacionales, como el que define que los traslados penitenciarios por cuestiones políticas constituyen violaciones a derechos humanos, como lo consigna la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Estas irregularidades en el proceso, sostuvieron, ya por sí mismas constituyen un elemento que debe determinar la libertad inmediata de Marco Antonio Suástegui, e insistieron que no descansarán hasta obtener su libertad.