Pacífica demolición de locales frente a la central de abasto

* La mayoría de los desalojados forma parte de una familia * El juez tercero de distrito sobreselló el juicio de amparo que promovieron

* Acude al llamado de sus colegas el ex priísta Antonio Valdés pero no secunda la idea de bloquear la calle * “Zeferino no quería hacer esto; a él le ordenaron que tenía que actuar”, explicaba

Jeanette Leyva Reus * Más de doce horas duró la demolición de siete lotes comerciales, que a su vez estaban subdividos en pequeños negocios –en total veinte–, del Mercado Siglo XXI, en la colonia Postal, frente a la central de abasto por trabajadores de la Dirección de Obras Públicas, quienes ejecutaron durante la noche del martes, así como la madrugada y la mañana del miércoles, la orden emitida por un juez federal.

Desde las nueve y media de la noche cerca de veinte camionetas de la Policía Preventiva esperaban la orden de resguardar el lugar. El punto de reunión era el laboratorio de los Servicios Estatales de Salud, donde una hora más tarde personal de Obras Públicas y Gobernación daba la señal de salida hacia el mercado.

Ahí, en cuestión de minutos, los más de 120 policías preventivos llegaron a resguardar el área donde se efectuaría la demolición de los locales, que en su mayoría estaban construidos de block y cemento.

Cerca de las diez y media de la noche, los funcionarios a cargo, acompañados del notario público Alfonso Guillén Quevedo, inspeccionaban el lugar y señalaban los locales que serían destruidos.

La secretaria general del mercado Tianguis del Pueblo –aunque los encargados de la operación decían que el nombre es Mercado Siglo XXI–, Esmeralda Amaya Morales, con voz fuerte y serena pedía a los funcionarios no iniciar ninguna acción para destruir los locales.

Amaya Morales afirmaba que “nosotros estamos en un régimen ejidal, tenemos un documento que nos avala, aquí hay un juicio que está dentro de lo contencioso, mientras no se defina no tiene que haber un desalojo, a nosotros nos tuvieron que avisar si iban a venir a tumbar algo”.

Molesta, argumentaba que el dueño no es el gobierno del estado ni el ayuntamiento, y reiteraba que era el terreno es ejidal. Los funcionarios del área jurídica del ayuntamiento escuchaban pacientemente a la comerciante, que una y otra vez repetía que el terreno es ejidal, pero sin mostrar ningún papel que respaldara sus palabras.

El encargado de la operación, Felipe Torres Bahena, entonces pidió a uno de los funcionarios del área jurídica explicara a la comerciante la situación del mercado, quien decía que al actuar de noche lo hacían “como bandidos”.

Según el expediente mostrado por los servidores públicos, la actuación del ayuntamiento fue conforme a la ley, pues los comerciantes perdieron el pleito judicial al serles sobreseído un juicio de amparo que promovieron, al no acreditar debidamente la propiedad de los locales.

El local de Esmeralda Amaya no se hallaba entre los que serían destruidos, al estar en proceso el juicio correspondiente. A pesar de ello, la lideresa defendía a sus compañeros.

Las personas que perdieron el referido juicio son María Dolores Reina Urbina, Felipe Suástegui Moreno, Alicia Ozuna Cortés, Pedro Hernández Marroquín, Aurora Escalera Amaya, Azucena Escalera Amaya, Margarita Villela, Raúl Tapia Trejo, José Aristides Robledo Bello, Dulce María Escalera Amaya, Beatriz Escalera Amaya y Bernardo Morales, quienes habían promovido el juicio de amparo 528/2001 ante el juzgado tercero de distrito. El juicio fue sobreseído por el juez Jaime Figueroa, con lo que quedí firme la sentencia de diciembre pasado.

Antes de las once de la noche llegó al lugar el propietario del primer negocio que sería demolido, Eduardo Bello Jacinto, quien de manera pacífica y sin alegar nada, procedió a retirar las mercancías del negocio que estaba a orilla de calle con ayuda de personal de la Dirección de Mercados, mientras que personal de la notaría documentaba con video y fotografía digital la acción.

El segundo en la lista, propietario de una boutique, no quiso proporcionar su nombre al alegar que sólo rentaba el inmueble. El tercero, en compañía de su esposa, desalojaba también bajo la supervisión del notario Alfonso Guillén y con ayuda de personal de mercado toda la mercancía del lugar.

Exactamente a la medianoche se suscitó el primer conato de enfrentamiento entre la esposa del carnicero Pedro Hernández Marroquín, quien se sentó en la barra del negocio y, con gritos e insultos contra el personal del ayuntamiento que trabaja en el desalojo, decía que “sólo muerta y a la fuerza” la sacarían de ahí, mientras su  marido trataba de calmarla.

Para ese momento, una veintena de comerciantes se arremolinaban atrás de los escudos de los policías preventivos que resguardaban la zona. Un grito llamó la atención: era una comerciante que llamaba a los demás a bloquear el bulevar José López Portillo, “todos los de Toño (Valdés) vénganse para acá, vamos a bloquear la calle”.

Desde un vehículo, un locatario filmaba los hechos, pero hasta la medianoche sólo gritos e insultos recibían esporádicamente los servidores públicos que ejecutaban la orden.

Sopletes, camiones de volteo, picos, palas, una retroexcavadora y un pala mecánica servirían para desmantelar y levantar los escombros que poco a poco se generaban en el sitio.

La llegada de Toño

Cuando parecía que todo transcurriría con normalidad, una locataria logró entrar a su negocio, y desesperada gritó que entendía el trabajo de los encargados de demoler, pero que no la sacarían de ahí.

Petra Cruz López, propietaria de una cremería, tuvo que ser sacada por tres mujeres policías al oponer resistencia, entre los gritos de los comerciantes que tras la valla pedían que no fuera golpeada su compañera, hecho que no ocurrió al permitir la entrada de su esposo quien la calmaba y le decía que no habían perdido la vida, “y seguiremos trabajando”.

En la calle, los comerciantes se dispersaron en cuestión de minutos, hecho que no produjo mayor movimiento entre los agentes de Gobernación asignados al lugar.

A las 12:40, desde una camioneta color rojo Voyager con vidrios polarizados, a unos metros del citado mercado, el líder de ambulantes Antonio Valdés Andrade conminaba a sus compañeros a no bloquear la avenida.

En un tono condescendiente, el dirigente explicaba que “Zeferino (Torreblanca Galindo) no quería hacer esto; a él le ordenaron que tenía que actuar porque es un juicio que ya perdió Esmeralda, pero no entiende; ustedes no se metan”.

La que preguntaba era Elena Zárate, quien entonces le contestó: “yo les dije, Toño, que mejor esperáramos que vinieras, ya querían bloquear la calle, pero yo les dije que no”.

Al cuestionar a Valdés Andrade si apoyaría a Esmeralda Amaya con marchas y bloqueos, el líder de ambulantes respondió que “no, nosotros actuamos dentro del marco de la ley, ya les dije que sólo le daremos el respaldo moral, venimos a ver qué pasaba porque es una compañera, pero yo ya les dije (a sus seguidores) que no bloqueen para apoyarla”.

El líder del Acatianguis se retiró después de la breve entrevista de forma inmediata del lugar.

Es una arbitrariedad, dice el abogado

Para el abogado defensor de los comerciantes desalojados, Fernando Castro, “el desalojo fue una arbitrariedad, porque existe un juicio en el Tribunal de lo Contencioso, y no ha habido una resolución o notificación a la señora Esmeralda”.

El trabajo de desalojo se hizo con lentitud, ya que a los propietarios de los negocios se les permitió arreglar su mercancía para ser trasladada a sus vehículos con ayuda de personal de Mercados, los trabajadores del ayuntamiento se llevaron en su mayoría láminas y escombros del lugar.

A la una de la mañana entró la primera retroexcavadora, comenzó la demolición de los veinte locales comerciales, en su mayoría de concreto, labor que continuaría durante toda la madrugada y mañana de este miércoles, sin mayores novedades.