Presentan reporteros de El Sur queja ante Codehum contra el funcionario de SHCP

* La querella, por abuso de autoridad y ejercicio indebido de la función pública, será remitida a la CNDH por tratarse de un funcionario federal, señala el coordinador regional del organismo, Ramón Navarrete Magdaleno

Jorge Nava * La reportera del periódico El Sur, Jeanette Leyva Reus, y el reportero gráfico Javier Verdín presentaron ayer una queja ante la ante la Coordinación Regional de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero, contra un funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Acapulco, que el viernes pasado obstaculizó su labor periódistica en la dependencia.

A las 11 horas ambos reporteros acudieron a la Coordinación de la Codehum, donde fueron atendidos por el titular, Ramón Navarrete Magdaleno, quien les informó que en esta ciudad hay muchos casos similares en los cuales los reporteros han sido obstaculizados al realizar su función.

Navarrete Magdaleno hizo constar la queja CRA-CODDEHUM/049/02-I de los reporteros, y dijo que las presuntas violaciones a los derechos humanos denunciadas consisten en abuso de autoridad y ejercicio indebido de la función pública.

Por eso ordenó registrar la queja en la Codehum y remitirla a la CNDH, al tratarse de un funcionario federal.

Navarrete Magdaleno indicó que la Coordinación de la Codehum no tiene registrados los demás casos porque en esta ciudad sólo se ha brindado asesoría a los reporteros.

Pero no descartó que sea común que las autoridades estatales y federales impidan la labor de los comunicadores.

En el relato de hechos, los quejosos precisan que Leyva Reus y Javier Verdín acudieron a la SHCP a invitación del presidente de la Federación de Restauranteros, Carlos Hernández Godoy, para asistir a una reunión que se efectuó el viernes 15 de febrero a las 16:30 horas.

Señalan que unas 30 o 50 personas asistieron al Servicio de Administración Tributaria de la SHCP.

Javier Verdín indicó que cuando tomaba una fotografía se le acercó el funcionario de la dependencia, de apellido Carmona, quien le marcó el alto.

Dijo que el argumento del trabajador fue que “debíamos traer permiso por escrito” porque se trataban de una zona federal, además de que la persona le jaló la cámara fotográfica y ordenó al personal de seguridad del edificio que llamará a otros para sacarlo.

Para avalar su versión, Javier Verdín exhibió dos notas periodísticas de El Sur, con fecha 16, 17 y 18 de este mes donde dan constancia de los hechos.

Aseguró que incluso intervino Hernández Godoy para indicarle al funcionario que tanto el fotógrafo como la reportera estaban invitados.

Señaló que a pesar de eso los agentes de seguridad le jalonearon la cámara, lo cual consideró como actitud incorrecta porque tanto él como Jeanette Leyva sabían que se trataba de una reunión privada, al ser una oficina de carácter público.

Asentó que los agentes de seguridad y el funcionario no los dejaban salir y que Hernández Godoy les abrió la puerta.

Jeanette Leyva indicó que permaneció en el interior de las oficinas porque tomaba nota de la reunión, cuando se le acercó el funcionario que agredió a Verdín y le preguntó si acompañaba al “joven de la cámara” y si ella era reportera, a lo que le contestó que sí.

Agregó que también le interesaba saber de la aplicación del impuesto suntuario y fue invitada por Hernández Godoy, a lo cual el funcionario le dijo que si quería seguir en el lugar debía llevar un permiso por escrito al tratarse de una zona federal.

Asimismo le exigió que entregara la grabadora que llevaba.

Leyva Reus agregó que sacó la grabadora de su bolsa para mostrarle al funcionario y a los presentes que estaba apagada, pues sólo utilizaba una hoja y un lapicero para tomar notas.

Dijo que tuvo que entregar el aparato para permanecer en el lugar, lo cual condicionó su permanencia para su labor periodística pues el funcionario pidió auxilio a un agente de seguridad y a un jefe de área para que se los entregara o de lo contrario tendría que retirarse.

Por ello solicitaron al organismo que los servidores públicos municipales y estatales se capaciten para que respeten el derecho a la información “y no se vulnere nuestros derechos humanos, pues este derecho se encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.