Juárez ordena aplicar la ley a indígenas que lo acorralen con marchas y plantones

* Ante la petición de cancelar las órdenes de aprehensión contra miembros de la Policía Comunitaria, el gobernador acusó a algunos de ellos de “proteger al narcotráfico” * Hay una guerra sucia contra la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas, afirma Cirino Plácido * Opina que es intimidatoria la visita de efectivos del Ejército a esa organización en San Luis Acatlán 

Karina Contreras * El gobernador René Juárez Cisneros advirtió a miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas que les aplicará la ley si lo acorralan con marchas y plantones, informó el integrante de esa organización y del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, Cirino Plácido Valerio, y dijo que para eso, el gobernador dio instrucciones al secretario general de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve.

Informó además que en una reunión que representantes indígenas tuvieron ayer en Acapulco con el gobernador, le pidieron que la Procuraduría General de Justicia del Estado se desistiera de las órdenes de aprehensión contra miembros de la Policía Comunitaria, y Juárez Cisneros respondió que no todos los elementos de ese grupo son honestos, y acusó a algunos de ellos de “proteger al narcotráfico”.

Cirino Plácido consideró que “no fue muy productiva” la reunión que tuvieron este martes con el gobernador René Juárez Cisneros. Plácido Valerio señaló que una de sus demandas era que al Fondo de Desarrollo Estatal Indígena se le otorgaran 46 millones de pesos para apoyo al campo. Dijo que el mandatario estatal sólo contestó que “su gobierno no tiene dinero”.

Agregó que después se dirigió a Marcelino Miranda Añorve y le dio la instrucción de aplicar la ley contra los manifestantes que hagan marchas y plantones.

La reunión se llevó a cabo en la Promotora Turística de Guerrero (Protur), en Acapulco, a las 12 del día de este martes, donde estuvieron parte de los miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas, Juárez Cisneros, Miranda Añorve y el secretario de Desarrollo Social, Carlos Sánchez Barrios.

Señaló que el gobernador sólo autorizó 4 millones de pesos para empleo temporal, una camioneta y ordenó al secretario de Desarrollo Social, Sánchez Barrios pagar 40 chivos que soldados del Ejército mexicano se han comido en algunas comunidades como Santa Cruz.

Manifestó que cuando le pidieron al gobernador que la Procuraduría General de Justicia del Estado se desistiera de las órdenes de aprehensión, éste dijo que no todos los elementos de la Policía Comunitaria son honestos, y acusó a algunos miembros de “proteger al narcotráfico”.

Cirino Plácido dijo que todo esto es una guerra sucia, y exigió al gobierno que si tienen pruebas que las muestre, porque la Coordinara Regional no solapa ese tipo de delitos.

Por otro lado, Plácido Valerio dijo que la presencia de efectivos del Ejército mexicano en las oficinas de la Policía Comunitaria en San Luis Acatlán es una forma de “intimidar”, aunque hayan ido con respeto.

En referencia a la visita de militares a la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas, el lunes 18, cuando acudieron a preguntar por 20 armas que dio Angel Aguirre Rivero cuando fue gobernador a la Policía Comunitaria, además de cómo está integrada esta organización, y cómo ejercen el sistema de justicia indígena, Cirino Plácido opinó que el simple hecho de la presencia del Ejército es una forma de presionar.

Agregó que un día después de que las comunidades indígenas bajaron a San Luis Acatlán para protestar por la detención de los policías comunitarios se vieron tropas del Ejército en varias comunidades como Marquelia.

Cirino Plácido, también integrante del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, acusó al gobierno de René Juárez de anteponer la fuerza al diálogo, y de utilizar al Ejército en forma política.

Explicó que las autoridades indígenas siempre han informado al Ejército mexicano cuántas armas tienen y de qué tipo.

Señaló que aunque el gobernador diga que su mandato es de diálogo realmente reprime con la fuerza. Hay una guerra sucia contra los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas, afirmó.

Agregó que se reunirán el 26 de febrero en el Palacio de Gobierno con el procurador de Justicia, Rigoberto Pano Arciniega, sobre la posibilidad de que se desista de las órdenes de aprehensión a miembros de la Policía Comunitaria.

Exigió al gobierno respeto. “No estamos luchando por capricho sino por un bien común para el pueblo, por lo tanto queremos respeto a la procuración de justicia indígena”, expresó.

Insistió en que los policías comunitarios que tienen órdenes de aprehensión son víctimas de delitos fabricados por la gente que se siente afectada por la justicia indígena, y preguntó al gobierno “cuál va a ser el castigo para los que fabrican los delitos”.