Demanda el Consejo Guerrerense recursos para comunidades indígenas

* Piden una reunión con el gobernador para proponer un acuerdo de respeto a la Policía Comunitaria

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * Autoridades comunitarias de las once microrregiones mixteca, nahua, tlapaneca y amuzga exigieron ayer al gobernador René Juárez Cisneros los 86 millones 900 mil pesos en inversión para obras y desarrollo económico, como lo prometió 14 de septiembre de 2001 en el aniversario del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena (CG500ARI). En lugar de ser atendidos, los representantes indígenas fueron contenidos en el acceso principal de Palacio de Gobierno por medio centener de policías antimotines.

Unos 30 comisarios municipales junto con los dirigentes del CG500ARI llegaron por la mañana a esta ciudad para acudir a la secretaría particular del gobernador René Juárez en Palacio de Gobierno, para solicitar una audiencia y presentarle sus peticiones, pero nadie los quiso recibir ni atender.

En lugar de ello fueron recibidos por policías antimotines quienes impidieron el paso a las autoridades mixtecas, nahuas, tlapanecas y amuzgas. Como en Palacio de Gobierno era imposible que fueran atendidos, decidieron trasladarse a la residencia oficial de gobierno estatal, Casa Guerrero. Ahí también, nadie les hizo caso.

El gobernador en ese momento estaba en Acapulco donde el presidente Vicente Fox Quesada realizaría una gira de trabajo.

Los dirigentes del CG500ARI, Cirino Plácido Valerio, Amador Cortés Robledo, Daniel Sánchez Néstor y Roque Nava Calvario entregaron a El Sur copia de la petición que harían al gobernador.

Las autoridades demandan una reunión entre el gobernador y la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas de la Costa Chica-Montaña, que encabezan la Policía Comunitaria que funciona en las comunidades mixtecas, tlapanecas y nahuas de los municipios de San Luis Acatlán, Malinaltepec y Azoyú, para la firma de un acuerdo de respeto mutuo y coordinación, como lo han hecho con los anteriores gobernadores.

Una de las propuestas de la Coordinadora Regional de Autoridades es que el gobierno estatal se desista de las órdenes de aprehensión liberadas en contra de sus dirigentes.

Para obras sociales requieren recursos por un monto de 55 millones de pesos para las once microregiones que ejecutarán los comités de desarrollo comunitarios.

Del Fondo para Fortalecimiento cultural requieren 5 millones de pesos.

Solicitan al gobierno estatal 5 millones de pesos.

Requieren de un Fondo para la compra de un terreno y la construcción de su oficina por un total de 3 millones. Además de un millón 700 mil para la compra de 11 camionetas 4 por 4 para cada microregión, y para reparar sus vehículos piden 200 mil pesos.

Para la construcción y rehabilitación de 100 viviendas, piden 22 millones de pesos.

El total de la suma requerida como proyectos de inversión y realización de obras es 86 millones 900 mil pesos.

En el documento que entregarían al gobernador las autoridades indígenas dan a conocer su preocupación por la detención “arbitraria” de los ex comisarios municipales en San Luis Acatlán, así como las órdenes de aprehensión que tienen liberadas miembros de la Coordinadora  Regional de Autoridades Indígenas.

Exigen al gobernador un espacio en su agenda para dar a conocer sus problemas generados con la figura de la Policía Comunitaria.

Y agregan en su documento lo siguiente: “Esperamos que usted y su gobierno, tengan sensibilidad política para contribuir a resolver los problemas de nuestras comunidades.

Le reiteran su disposición al diálogo “como instrumento de unidad y cohesión social”, y le dicen al gobernador: “Esperamos que en su gobierno  también exista la misma forma de entender la realidad social y que sea tangible en la práctica”.

Las autoridades indígenas y la dirección del CG500ARI dijeron que se reunirán para acordar un plan de acción para presionar al gobierno estatal a que cumplan.